Desde que el presidente López Obrador presentó su iniciativa de reforma electoral, en la conferencia matutina del 28 de abril, la agenda de reformas constitucionales parece tener un nuevo horizonte.
Uno de los puntos más relevantes de la iniciativa de reforma electoral del presidente es que los partidos reciban financiamiento público únicamente para campañas y que busquen financiamiento privado para el sostenimiento de sus burocracias.
Aunque desde la reforma de 1986 se establece la primera regulación para el financiamiento público, es en la reforma electoral de 1996 que se configura, desde el texto constitucional, un modelo mixto en el que el financiamiento público tiene preeminencia sobre el proveniente de particulares. Esto con el fin de hacer más equitativas las condiciones de competencia electoral.
Hoy, la reforma del Ejecutivo propone que, para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes de los partidos, los recursos provengan de fondos privados, lo que significa que los partidos dejarían de recibir el recurso que mensualmente reciben por tal concepto. De entrada, el primer efecto de esta medida sería un ahorro del recurso que anualmente destina el Estado y que, para 2022, fue de cerca de 5,544 millones de pesos.
En este modelo de financiamiento público solo para campañas, los partidos tendrían que generar esquemas para autofinanciar y sostener sus estructuras burocráticas, a fin de solventar sueldos y salarios del personal, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, viáticos, entre otros gastos. Esta propuesta además de disminuir significativamente el gasto público de las elecciones obligaría a los partidos a ser entidades más eficientes en el uso de sus recursos a través de las aportaciones de su militancia y simpatizantes.
Tal modificación tendría que ir acompañada de reglas más estrictas sobre la vigilancia acerca del origen de las aportaciones individuales, ya que las empresas seguirían impedidas para hacer contribuciones, así como las donaciones anónimas y de origen extranjero, con el componente de que la reforma introduce que ninguna persona física podrá donar a más de un partido o candidatura independiente a la vez.
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Además, en este nuevo esquema de financiamiento se debe garantizar que los partidos sigan obligados a otras acciones que también engloban las actividades ordinarias permanentes, como es la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, y al que actualmente se destina el 3% del financiamiento público ordinario.
Otro elemento esencial de la reforma es que, para la obtención del voto en tiempos de elecciones, los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado, además de que se continúa con la fórmula proporcional para la distribución del recurso público entre partidos. Ambas medidas están en sintonía con el objetivo de procurar contiendas más equitativas entre partidos.
Cabe decir que se conserva el financiamiento público indirecto a través del acceso a tiempos en radio y televisión, aunque con algunas variantes como la disminución del número de spots tiempos de elecciones.
En su conjunto, estas medidas en materia de financiamiento tienen el potencial de comenzar a cambiar la percepción de los partidos ante la ciudadanía y, por qué no, revertir la crisis de representatividad política anidada en nuestro régimen político.
Sin embargo, como lo ha mostrado elección tras elección, hablar de financiamiento sin fiscalización resulta una batalla pírrica. Cualquier modificación electoral en materia de dinero tiene que ser vista desde un enfoque sistémico que incluya avances como que hoy, el INE, no se encuentra limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal para revisar gastos de partidos y candidaturas. En todo caso, el éxito de una posible reforma electoral en el tema de financiamiento a partidos dependerá de la voluntad de aplicar las reglas con imparcialidad e independencia.
Contacto:
Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford y Licenciada en Ciencia Políticas y Relaciones Internacionales, por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Twitter: @palmiratapia
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