Después de la tormenta viene la calma… y las ganancias. Gracias a la aplicación de normativas internacionales que regulan el sistema, República Dominicana es un ejemplo de recuperación y fortaleza financiera.

 

Por Geizel Torres

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Las lecciones que aprendió el sistema finan­ciero dominicano con la crisis provo­cada por la quiebra de Baninter en 2003 han sido la base para la apli­cación y supervisión de normativas que le han permitido no solo repo­nerse por completo de los efectos secundarios de la crisis, sino que al día de hoy, el país cuenta con un sistema financiero robusto y sano, pero sobre todo preparado para no repetir los errores del pasado.

Según el superintendente de bancos, Luis Armando Asunción Álvarez, gracias a la implementación del modelo de supervisión basado en riesgo, tal y como lo consigna el Tra­tado de Basilea III, el sector financie­ro nacional lleva un buen ritmo y está mostrando una enorme fortaleza.

Por cierto, los Acuerdos de Basilea son recomendaciones sobre la legislación y regulación bancaria, emitidos por el Comité de Super­visión Bancaria de Basilea (Suiza), compuesto por los gobernadores de los bancos centrales de las principa­les economías del mundo, y que lue­go pueden ser (o no) trasladados a la normativa de cada Estado o zona económica común. El primer acuer­do se estableció en 1988, el segundo se implementó en 2004 y el tercero entró en vigor a partir de 2013.

Lo que estas medidas buscan es mejorar la capacidad del sector bancario para afrontar perturba­ciones ocasionadas por tensio­nes financieras o económicas de cualquier tipo, mejorar la gestión de riesgos y el buen gobierno en los bancos, así como reforzar la transparencia y la divulgación de información de los bancos.

A la fecha, la intermediación fi­nanciera en nuestro país equivale al 3.7% del total del producto interno bruto (PIB), lo que a criterio de la Asociación de Bancos Comerciales (ABA) es muy positivo, pues a través de la expansión del crédito la banca tiene la oportunidad de apoyar al desarrollo económico del país.

Un ejemplo claro de ello es que, según datos de la Superintendencia de Bancos, a junio de 2014 la cartera de crédito comercial seguía concen­trada en los sectores más represen­tativos de la economía. Por ejemplo, durante el primer semestre del año pasado la cartera de préstamos destinado al sector de industrias manufactureras creció en un 17%. Mientras que el crédito dedicado al sector comercial pasó a 101.113 millones de pesos de República Dominicana (a un tipo de cambio de 45 pesos de República Dominicana por dólar) para un incremento del 3.5%. En cuanto al financiamiento para compra de casa, la cartera de crédito de consumo ascendió más del 7% y los créditos hipotecarios registraron un incremento del 6%.

Además, el índice de solvencia del Sistema Financiero se situó en 16.42%, superior en 6.42 puntos porcentuales al requerimiento mínimo de 10% establecido en la Ley Monetaria y Financiera, con un sobrante de capital de 52.516 millones de pesos de República Dominicana (a un tipo de cambio de 45 pesos de República Dominicana por dólar), que constituye una mues­tra fehaciente de la fortaleza patri­monial del sistema para absorber posibles pérdidas asociadas a los distintos riesgos.

En total, en nuestro país operan 62 entidades de intermediación financiera autorizadas por la Junta Monetaria divididas en cuatro cate­gorías: bancos múltiples, asociacio­nes de ahorro y préstamo, bancos de ahorro y crédito, corporaciones de ahorro y crédito y una entidad pública que es el Banco Nacional de la Vivienda y Producción (BNV).

 

Los nuevos retos  de la banca

A pesar de lo robusto del sistema financiero dominicano, el acceso de la población a estas entidades se ha convertido un reto para el sector. Los expertos coinciden que una de las causas del bajo índice de inclusión se debe a la elevada tasa de empleos informales.

Según cifras del Banco Mundial, República Dominicana tiene 584 cuentas bancarias por cada 1,000 adultos, ubicándose por debajo del promedio de Latinoamérica, con 634 cuentas. En cuanto al número de sucursales por cada 100,000 adultos, también está en niveles inferiores con relación a Latinoa­mérica, con 11 oficinas, mientras América Latina posee 17.

Una de las medidas más impor­tantes adoptadas por el sistema financiero para mejorar el acceso es la puesta en marcha de los suba­gentes bancarios. La Asociación de Bancos Comerciales (aba) prevé que esta figura financiera aumen­tará la bancarización a un ritmo promedio de 4% anual, lo que permitirá que aproximadamente 1.3 millones de personas accedan a ser­vicios financieros en los próximos cuatro años. Debido a esto la tasa de inclusión financiera pasaría de 30% en la actualidad a 46% para finales de 2017.

“La figura del Agente Bancario, creado y regulado por las autorida­des monetarias es, sin lugar a du­das, un mecanismo que repercutirá positivamente en la mejoría del in­dicador de inclusión financiera, así como también el uso cada día más amplio de la tarjeta solidaridad. De igual forma, las nuevas regulaciones y fondos disponibles para la peque­ña y mediana empresa constituyen mecanismos para favorecer el grado de inclusión financiera” dice Julio Escoto, director ejecutivo de la Liga de Asociaciones de Ahorro y Préstamos (Lidaapi).

Otras de las medidas adoptadas por el sector han sido la colocación en el mercado de diferentes tipos de tarjetas de crédito, dirigidas a públicos en específico, con menores costos y amplios beneficios; así como también la implementación de la banca móvil, que permite realizar transacciones a través de los teléfonos celulares.

A estos desafíos en común, hay que sumarle retos específicos que enfrentan las organizaciones de cada sector. Para el recién nombra­do presidente de la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Cor­poraciones de Crédito (Abancord), Alan Muñoz, asegura que “las enti­dades que componen la agrupación deben profundizar sus iniciativas en la gestión de la calidad de la car­tera de créditos, el fortalecimiento de los controles internos y contro­les de riesgos, así como fortalecer las mejores prácticas de gobierno corporativo, entre muchas otras acciones tendentes a eficientizar sus operaciones”.

Para Julio Escoto, el reto principal de las entidades no accionarias es el de continuar adoptando políticas de control que garanticen y preserven los recursos de los depositantes y fortalecer cada año el patrimonio de nuestros asociados. “Lidaapi continúa haciendo esfuerzos para que el marco regulatorio actual sea más equilibrado en lo que se refiere a las operaciones activas y pasivas que pueden realizar las asociaciones de ahorros y préstamos, lo cual además de introducir mayores niveles de competencia en el sistema financiero permitiría, a su vez, incrementar el acceso de los usuarios al crédito en condiciones que le permitan com­petir con otros países de la región en proyectos de desarrollo”, concluye.

Para tener un panorama más am­plio sobre nuestro sistema financie­ro, hemos clasificado a las entida­des de intermediación financiera de acuerdo a tres variables, cuya data fue suministrada por la Superintendencia de Bancos.

Activos. El tamaño de los activos son importantes para medir no solo qué tanto ha crecido una institución financiera, sino que además mues­tra cuál es el nivel de cobertura en caso de una eventual liquidación. Un banco donde los activos son muy pocos, los clientes pueden sufrir el riesgo de no recuperar su ahorros e inversiones.

En total, a febrero de este año, los activos totales del Sis­tema Financiero ascendieron a 1.22 billones de pesos de República Dominicana (a un tipo de cambio de 45 pesos de República Dominicana por dólar), equivalentes a 27,320 millones de dólares  en activos, de los cuales, más de 1 billón de pesos de República Dominicana (a un tipo de cambio de 45 pesos de República Dominicana por dólar) corresponden a los bancos múl­tiples, casi 134,000 millones de pesos de República Dominicana (a un tipo de cambio de 45 pesos de República Dominicana por dólar) son de las asociaciones de ahorro y crédito; poco más de 20,000 millones de pesos de República Dominicana (a un tipo de cambio de 45 pesos de República Dominicana por dólar) a los bancos de ahorro y crédito.

Índice de solvencia. Es el porcentaje de recursos propios pon­derados calculado sobre los activos medios ajustados que presenta una entidad de crédito. En la normativa dominicana se establecen un mínimo de 10% para este ratio que también denominado coeficiente de solvencia.

En instituciones como las asocia­ciones de ahorros y préstamos los índices de solvencia suelen ser más altos debido a que no tienen accionis­tas. Entonces, todas las utilidades se capitalizan y se convierten en patri­monio, lo que aumenta la capacidad de responder ante una contingencia. El índice de solvencia promedio de las asociaciones de ahorro y préstamos, es prácticamente del 30%. Mientras que en el de los bancos múltiples es de 14.26%; el de los bancos de ahorro y crédito es de 18% y el de las corpo­raciones de crédito es de un 13%.

Rentabilidad del patrimo­nio. Los indicadores de rentabilidad buscan medir la capacidad de una entidad financiera de generar ingre­sos para expandirse, mantener una posición competitiva en el mercado, reponer y aumentar sus fondos patri­moniales. Específicamente la Ren­tabilidad del Patrimonio Promedio (roe, por sus siglas en inglés), mide el rendimiento promedio del patrimo­nio invertido por los accionistas de la entidad financiera.

De acuerdo con estándares inter­nacionales, se califica como “bueno” el promedio de rentabilidad cuando es mayor al 15% y muy bueno cuando sobrepasa el 25%. Por debajo de ese promedio, se califican como regular, malo o muy malo.

En nuestro país, el mayor prome­dio de rentabilidad del patrimonio lo tienen los bancos múltiples con 25.33%, seguido de las asociaciones de ahorros y préstamos con 12.19%, los bancos de ahorro y crédito tienen una media del 15% y las corporacio­nes y casi 6%.

 

 

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