Extracto del libro: “El TLC y la formación de una región”. A 20 años de distancia, el TLC debe estimular la competitividad de Norteamérica. Los gobiernos deberán ser los actores con mayores grados de eficiencia mediante políticas públicas que aprovechen las ventajas comparativas de los tres países y de la propia región.

 

Por Jaime Serra Puche

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La apertura comercial de México se inició, con medidas tí­midas y tardías, en la primera mitad de la década de 1980. Sin embargo, no fue sino hasta la incorporación del país al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) en 1986 que el proceso de apertura empezó a tomar forma con rigor y disciplina. Las dos decisio­nes iniciales de apertura fueron, primero, el ingreso al GATT y, des­pués, la decisión de fijar un arancel máximo de 20% en la instrumen­tación del Pacto de Solidaridad Económica, a finales de 1987. Estas dos medidas fueron unilaterales y redujeron el arancel de nación más favorecida (NMF); su instrumen­tación no tuvo como contraparte la disminución de aranceles o la eliminación de barreras no aran­celarias de otros mercados. Sin embargo, se inició la eliminación del sesgo antiexportador que la economía había generado después de un largo periodo de proteccio­nismo comercial.

El resto de las medidas que siguieron en este proceso, mediante múltiples negociaciones de tratados de libre comercio, no fueron unila­terales y no afectaron el arancel de NMF, sino el aplicable a los países parte de la negociación respectiva; fueron negociaciones que se plan­tearon la disminución de nuestras barreras al comercio a cambio de la eliminación de barreras en los otros mercados. Naturalmente, el mayor avance en la apertura comercial vino en esta ronda con la negocia­ción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC). Aun­que no se dio una disminución del arancel de NMF, el tratado resultó, debido al tamaño de la región, en la mayor apertura que ha experimen­tado la economía mexicana. Ade­más, conforme se han ido sumando nuevos tratados, el arancel ponde­rado de México ha ido disminuyen­do consecuentemente.

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El TLC ha cumplido su vigésimo aniversario. Sus efectos sobre la integración económica de la región pueden ser divididos entre aque­llos que tuvo sobre la economía mexicana y los que ha tenido sobre la región norteamericana. Una característica importante de este proceso de integración es que se registró, en gran medida, en ausen­cia de políticas públicas comunes de los tres gobiernos involucrados. En realidad, la generación de flujos crecientes de comercio e inversión fue determinada fundamentalmen­te por el mercado, que ha ido muy por delante de las decisiones guber­namentales y regulatorias.

El principal efecto sobre la eco­nomía de México puede resumirse en la eliminación de la distorsión del precio relativo entre bienes exportables e importables. La consecuencia más notable de esta corrección es que las exportacio­nes no petroleras del país pasaron de alrededor de 100 millones de dólares (mdd) por día, en 1993, a cerca de 1,000 mdd diarios en 2013. Asimismo, los flujos de in­versión extranjera hacia México se multiplicaron prácticamente por 10, al pasar de inversiones anuales promedio de 2,000 mdd, en los cinco años previos a la introduc­ción del TLC, a más de 20,000 mdd en los últimos cinco años.

Los efectos sobre la región tam­bién son notables. El índice de in­tegración de comercio e inversión extranjera directa en Norteamérica pasó de alrededor de 500 en 1994 a más de 1,700 en 2011.

Adicionalmente, a lo largo de estos 20 años se ha dado una clara convergencia de las principales variables macroeconómicas de los países de la región: las tasas de inflación y de interés de corto plazo han convergido en la región de manera asintótica; algo muy similar ha ocurrido con la varianza del tipo de cambio del dólar cana­diense y del peso en relación con el dólar estadunidense, ambos bajo un régimen de flotación. Los ciclos económicos de los tres países han mostrado una sincronización evi­dente e incluso se ha generado un proceso de producción comparti­da, que contrasta con los esquemas de outsourcing y que le dan una ventaja competitiva a las empresas de la región.

Estos resultados permiten pensar en una economía regional que está en un claro proceso de integración. El TLC debe, por tanto, convertirse en una plataforma para estimular la competitividad de Norteamérica. Para ello, es indispensable que los gobiernos de la región tomen iniciativas sustan­tivas para lograr mayores grados de eficiencia, mediante políticas públicas que aprovechen las venta­jas comparativas de los tres países y de la propia región. Hay ciertas ventajas que requieren de decisio­nes gubernamentales para eliminar trabas, lo que no resultará de la simple dinámica del mercado.

Hoy la región es de las más com­petitivas del mundo porque, ade­más del desarrollo de la producción compartida que ya aprovecha las ventajas individuales de cada una de nuestras tres economías, tiene ventajas en costos de transporte y logística para servir el mercado regional. Asimismo, y de manera notable, la región enfrenta precios de gas natural sustancialmente menores que el resto del mundo. Finalmente, la región tiene una do­tación de factores de la producción muy sana y complementaria. La dotación y movilidad del capital en la región es robusta y tiene grandes posibilidades de crecimiento. El po­tencial de la movilidad de la mano de obra en la región es también muy significativo, puesto que, en presencia de las políticas correc­tas, puede generar una oferta de mano de obra que le dé ventajas a la región con respecto a otros países que empiezan a experimentar un envejecimiento acelerado de sus poblaciones (V.G., China).

Para aprovechar estas ventajas en todo su potencial es indispen­sable que los tres países definan políticas públicas mediante agendas económicas comunes. Hay temas que, naturalmente, se refieren a asuntos intrarregionales que inciden en la dinámica económica al interior de la región. Además, hay temas, y cada vez habrá más, que son de naturaleza extrarre­gional, que se refieren a asuntos que pertenecen a la relación de la región, como un todo, con el resto del mundo.

Los temas estratégicos que atañen a la agenda económica intrarregional son los relaciona­dos con la logística, la energía y la mano de obra. Nuestros gobiernos contribuirían enormemente a la competitividad de América del Norte si instrumentaran un progra­ma trilateral de logística, otro de energía y, finalmente, un programa de movilidad laboral de América del Norte.

En el ámbito extrarregional, la agenda económica común es estratégica. Las actuales negocia­ciones del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés) y del Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) presentan una oportunidad única para iniciar un proceso de co­laboración de nuestros respectivos gobiernos para diseñar políticas co­merciales hacia el resto del mundo que, sin elementos proteccionistas, le den eficiencia y mayor competiti­vidad a la región.

En conclusión, después de 20 años, el TLC debe ser la plataforma a partir de la cual se establezcan políticas públicas regionales que estimulen la competitividad de la región norteamericana y, por tanto, se genere un mayor crecimiento de nuestras respectivas economías, así como un mayor y más equitativo desarrollo de los países de América del Norte.

“El TLC y la formación de una región” de Jaime Serra Puche. Fragmento publicado con la autorización de FCE.

 

 

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