El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil decidió posponer por cinco días el juicio sobre financiamiento ilegal de campaña que podría derribar del puesto al presidente en funciones Michel Temer.

De acuerdo con TeleSur, el máximo tribunal electoral de Brasil aprobó el pedido de la defensa de otorgar un plazo mayor para analizar los documentos del caso, por lo que pospuso el inicio del juicio y otorgó cinco días para preparar las defensas. Además, decidió escuchar nuevos testigos del caso.

A menos de un año de que Dilma Rousseff fuera destituida como presidenta del país sudamericano, el TSE estudia el caso que podría anular las elecciones de 2014, las cuales ganó la sucesora de Luiz Inácio Lula da Silva Rousseff junto a Temer, en ese entonces su compañero de fórmula.

Esto prolonga la inestabilidad política que profundizó la recesión histórica en la mayor economía de Sudamérica.

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Los jueces analizarán la demanda interpuesta por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) en 2015 sobre supuestos irregularidades en el financiamiento, hechos de corrupción y abuso económico en la campaña del 2014.

Y en caso de que el tribunal decida anular el resultado electoral, la Constitución brasileña dicta que el Congreso deberá designar un nuevo presidente, e incluso, la corte puede declarar inelegible al político por hasta ocho años.

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El TSE aceptó la solicitud del PSDB y desde 2015 investiga la supuesta irregularidad en la campaña electoral. Las autoridades escucharon las confesiones realizadas por exejecutivos de la constructora –acusada de corrupción– y del propio expresidente del grupo, Marcelo Odebrecht.

En su declaración, el empresario –condenado a 19 años y 4 meses de cárcel– confirmó que se reunión con Temer en su residencia oficial, pero negó que el entonces vicepresidente le pidiera dinero para financiar la campaña.

Temer está acusado de haber solicitado a dicha empresas  alrededor de tres millones de dólares para su partido y la campaña electoral.

Con este juicio, será la primera vez en su historia juzgará a un presidente en ejercicio, y estará compuesto por tres jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) , dos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y otros elegidos por la Corte Suprema y refrendados por el Presidente de la República.

Tras la destitución de Rousseff, el gobierno de Temer ha enfrentado escándalos de corrupción en su gabinete, que en menos de un año obligaron a renunciar a ocho ministros por estar vinculados en el caso de corrupción en la estatal petrolera Petrobras (Operación Lava jato) y en el más reciente de la constructora Odebrecht.

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