Brasil lucha a contrarreloj para concluir el desarrollo de las sedes que albergarán en 2016 a 18,000 atletas provenientes de 205 países. Sin embargo, existen dos amenazas fuertes que rondan los preparativos del evento deportivo y ensombrecen el ambiente festivo.
Una tambaleante economía no es el único problema con el que
Brasil debe lidiar a menos de un año de la realización de los primeros Juegos Olímpicos en suelo sudamericano. La corrupción que ha envuelto a siete empresas constructoras encargadas de la realización de casi una docena de proyectos olímpicos y la contaminación del agua de las costas brasileñas son amenazas que se suman al descontento social y pueden opacar la fiesta deportiva en agosto de 2016.
Hay un problema de fondo: la economía del gigante sudamericano no está en las mismas condiciones que en 2009, año en que logró arrebatarle a Madrid el sueño olímpico. El gobierno de Dilma Rousseff experimenta una recesión técnica. Esto es sólo la punta del iceberg, que trae consigo una elevada inflación, una alta tasa de desempleo y el aumento de la deuda pública.
Por si fuera poco, el desembolso por el gasto para el desarrollo de la infraestructura olímpica se ha excedido en más de 70 millones de dólares (cifras a septiembre de 2015) de los 11,000 millones establecidos por el Comité Olímpico Internacional (COI).
Esta situación encendió un foco rojo entre los organizadores, quienes han tenido que buscar opciones para generar ahorros de 30% en el presupuesto.
“Necesitamos organizar los juegos para que sean económicamente sostenibles. No hay más espacio para abundantes excesos en los gastos”, explicó el 6 de octubre Mario Andrada, director de Comunicaciones de Río 2016 durante una conferencia de prensa.
A menos de 300 días de que se realicen los Juegos Olímpicos en la c
idade maravilhosa, Brasil debe encontrar la solución a dos amenazas antes de que éstas empañen más la imagen y la realización del evento:
Primera amenaza: Escándalo de las constructoras
El año pasado, la Policía Federal de Brasil inició la investigación Operação Lava Jato (Operación Lavado de Autos), con la que se descubrió que un grupo de empresas pagaba sobornos a funcionarios y partidos políticos para obtener las licitaciones de contratos de obras estatales entre 2004 y 2014.
Como resultado existe una acusación de corrupción contra siete empresas constructoras. El escándalo ha puesto en jaque a la cúpula directiva de las desarrolladoras y al gobierno de
Río de Janeiro, que se ha visto obligado a actuar como proveedor de capital por falta de liquidez de las compañías.
Entre la extensa lista de nombres que salieron a la luz destacaron siete por su relación con el desarrollo de 11 proyectos olímpicos: Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa, Carioca, Mendes Júnior, OAS, Odebrecht y Queiroz Galvão, que de acuerdo con información del diario local
O Globo, participan en 92% de los desarrollos con contratos valuados en 10,000 millones de dólares.
A mediados de este año, el escándalo llegó a la cúpula directiva de dos de las empresas constructoras más importantes del país, involucradas en la red de corrupción conformada por 25 firmas, que en la última década, según datos de Petrobras, se apropiaron ilegalmente de 2,000 millones de dólares.
En julio pasado, la policía federal brasileña arrestó a
Marcelo Odebrecht y Otávio Azevedo, presidentes de Odebrecht y Andrade Gutiérrez, respectivamente.
Tras la detención, ambas constructoras difundieron en comunicados que las aprehensiones eran innecesarias, ya que estaban colaborando con las investigaciones.
“La empresa y sus ejecutivos siempre estuvieron a disposición de las autoridades para cooperar con las investigaciones”, argumenta el documento de Odebrecht.
En un intento por tratar de contener el daño, el gobierno de Río de Janeiro ha prestado dinero a las constructoras, con el propósito de que éstas no suspendan operaciones, ya que muchas de ellas se han quedado sin líneas de crédito.
Los eventos olímpicos se realizarán en cuatro zonas de Río de Janeiro: Maracaná, Barra da Tijuca, Deodoro y Copacabana, excepto los de futbol, que se repartirán en São Paulo, Salvador de Bahía, Belo Horizonte y la capital Brasilia.
Jean Madeira, secretario de Deporte, Recreación y Juventud del estado de São Paulo, declinó opinar sobre los retos que enfrenta el gobierno de la presidenta
Dilma Rousseff, así como del actual escenario económico del país. Sin embargo, en entrevista comenta que sus expectativas sobre la realización del evento son optimistas y confía en que el desarrollo de la infraestructura se concluirá a tiempo.
“Este evento beneficiará a la economía, el turismo y el comercio. Lo más importante es destacar cómo un evento de esta magnitud fomenta la práctica del deporte, especialmente entre los jóvenes. Y con los jóvenes relacionados con el deporte tendremos menos problemas sociales en el futuro.”
Segunda amenaza: La contaminación en la Bahía de Guanabara
En 2009, cuando Río de Janerio fue elegido sede de los Juegos Olímpicos de 2016, el gobierno regional se comprometió con el COI a descontaminar 80% de las aguas residuales que son vertidas en la Bahía de Guanabara, ubicada en la zona norte de la ciudad, que será el escenario de diversas competencias acuáticas.
Sin embargo, los pronósticos fueron demasiado optimistas. Para marzo de este año, funcionarios cariocas admitieron que no podrían cumplir con ese compromiso, y en agosto pasado, Luiz Fernando Pezao, gobernador de Río, confirmó el escenario desolador.
Para Miguel Ruiz, presidente de la Cámara de Comercio México-Brasil (Camebra), el gobierno debe evitar que la contaminación se convierta en un riesgo de carácter médico para los competidores.
“El gobierno de
Río de Janeiro tiene que actuar antes de que esto se convierta en un dolor de cabeza más serio y que incluso ponga en riesgo la salud de los deportistas durante las prácticas y competencias.”
Biólogos cariocas han definido a la bahía como “una letrina pública”. El problema es tan grave que entre los restos se pueden encontrar electrodomésticos, sillones, trozos de madera y bolsas de plástico, además de los desechos que se han acumulado a las orillas.
A pesar de las campañas de limpieza en la bahía y los más de 193 millones de dólares que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Japonés para la Cooperación Internacional (JBIC) han invertido de manera conjunta entre 1994 y 2004, los residuos parecen ganarle la batalla al gobierno de Río.
Cancelar no es una opción
A pesar de las amenazas, los analistas coinciden en que a pesar de que pondrán mayor presión a la fiesta y representarán un reto adicional al país, no detendrán la ejecución de las Olimpiadas por los altos costos que esto representaría para la ya deteriorada economía.
A la fecha, solamente tres
Juegos Olímpicos se han cancelado en la época moderna: la primera ocasión fue en 1916 por la Primera Guerra Mundial, y las dos restantes fueron en 1940 y 1944, por la Segunda Guerra Mundial.
Dante Sica, socio fundador y director de la consultora argentina Abeceb, advierte sobre el problema que esto implica para el país sudamericano: “Aunque Brasil tenga que aplicar más impuestos y hacer más reducciones, no permitirá que las Olimpiadas de 2016 en Río se suspendan. El país ha invertido demasiado tiempo, dinero y esfuerzo desde 2014 con el Mundial. Hay mucha incertidumbre, pero no se cancelarán a pesar de lo complicado de la situación.”
