La carencia de libertad que padecemos quedó plasmada en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, vigente desde mayo de 2014. Así como en economía la falta de libertad nos perpetúa en la pobreza, en democracia nos condena al autoritarismo.

 

Después de la complicada elección presidencial de 2006, en México comenzó una especie de revancha política muy desafortunada que culminó con una reforma electoral en perjuicio de todos: los propios partidos, la clase política y sobre todo, la ciudadanía en general. Se coartó de modo indignante la libertad de expresión. Y es que si en un régimen –cualquiera que este sea- se afecta este derecho “por el bien” de una persona, grupo o del gobierno mismo, lo que se tiene es un sistema de represión legal.

Donde no hay libertad, existe la imposición de unos sobre otros.

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El mayor problema que ello conlleva es que se convierte en un reflejo de lo que en otras esferas detiene por ejemplo, el crecimiento económico. Nada hay peor para la prosperidad y el desarrollo económico ni para la democracia, que la ausencia de libertad.

“Mucho ayuda el que no estorba”, dice un conocido refrán, y en el caso de las libertades nada es más perjudicial que la intromisión del Estado. Cuando dicha intromisión existe, se utiliza la fuerza de la ley para imponer criterios y prioridades particulares.

Ya no podemos actuar, decir, negociar, etc. como nos plazca, guste o convenga, sino como nos dice alguien más que puede hacerse. Una gran injusticia.

Libertad no es –como muchos confunden- la facultad de hacer lo que uno quiera sin restricciones. No es pues equivalente a la ley de la selva, ni da luz verde a aniquilar a los demás por medio de la fuerza. Todo lo contrario. Libertad es poder obrar de una forma o de otra, siempre que NO se afecte los derechos de otros. En una palabra, se es libre al 100 por ciento si no se daña la libertad de terceros, y si se hace, entonces sí, es el Estado el responsable de castigar una conducta que atenta contra la sociedad entera. Nada más, pero nada menos.

En México, existe una tendencia intervencionista –heredada del régimen de la Revolución- en toda la clase política. A causa de ella, no tenemos en el país libertad de expresión, no hay seguridad para las personas y las empresas, no hay mercados abiertos y libres –sino protección y privilegios para unos cuantos-, menos aún una moneda sólida ni progreso económico. Todo ello, es consecuencia de la falta de libertad.

Así como en economía la falta de libertad nos perpetúa en la pobreza, en democracia nos condena al autoritarismo.

La carencia de libertad que padecemos quedó plasmada en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, vigente desde mayo del año pasado.

El artículo 159 de la misma, por ejemplo, establece en su numeral 4 que “Los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Tampoco podrán contratar los dirigentes y afiliados a un partido político, o cualquier ciudadano, para su promoción personal con fines electorales.”

Asimismo, determina en el numeral 5 que “Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.”

Dicho de otro modo, se logró imponer y asentar en la ley que la libertad de expresión no aplica en el ámbito electoral.

¿Puede México avanzar en su democratización sin esa libertad? Es un contrasentido.

Como es evidente, no se logró evitar que los políticos se promocionaran con recursos públicos –sea por medio de dependencias de gobierno o a través de tiempos oficiales-, mientras sí se impidió que una persona o grupo puedan hacerlo u opinar en determinados medios, con dinero privado. Un absurdo.

Si aspiramos a tener un país libre, con todos los beneficios y responsabilidades que ello conlleva, es urgente que se hagan las reformas legales necesarias incluso a nivel constitucional, para recuperar la plena libertad de expresión, sin excepciones.

Este es sin duda, uno más de los múltiples frentes abiertos en la defensa de nuestra libertad. Esa defensa no puede tener salvedades ni descanso, pues en todo momento hay alguien que nos la quiere quitar desde la clase política.

Que 2016 sea pues el año en que la libertad de expresión regrese a México, no hay pretexto válido para que no sea así.

 

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