6 gobiernos y un congreso local desviaron al PRI 650 mdp vía empresas fantasma

Autoridades de 7 estados desviaron en 2016 alrededor de 650 millones de pesos (mdp) a 12 empresas fantasma presuntamente protegidas por el SAT en un esquema de financiamiento ilegal de campañas electorales del PRI, documentó la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). De acuerdo con la investigación de MCCI, las empresas fantasma recibieron en 2016 transferencias de los gobiernos priistas de Chihuahua, Durango, Sonora, Colima y Estado de México, así como del Congreso de Morelos y de la delegación Milpa Alta, en la Ciudad de México para la “Operación Safiro”, nombre usado por los mismos operadores del PRI. Del total, 250 mdp provinieron de Chihuahua y 400 millones más de otras 6 entidades. Revelado a fines de 2017 por The New York Times y Proceso, el caso de Chihuahua evidenció que el desvío de recursos estaba dirigido por el entonces dirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y la Secretaría de Hacienda federal, que en ese momento encabezaba Luis Videgaray. Ambos personajes ha negado las acusaciones. Ricardo Yáñez, ex secretario de Educación de Chihuahua y quien fue sentenciado a cuatro años de cárcel por el desvío de recursos, declaró al Ministerio Público que en una reunión realizada en 2016 en la sede nacional del PRI, dirigentes de ese partido le dijeron que no se preocupara porque las empresas fantasmas utilizadas “estaban blindadas por parte del SAT y que además Chihuahua no era el único estado en que se había manejado el desvío de fondos, que también había ocurrido en otras entidades con una mecánica similar”, indicó MCCI en su reportaje. Según la información recopilada por la organización, los mayores desvíos realizados en 2016 a la red fantasma corresponden a las gestiones de los gobernadores priistas de Chihuahua, César Duarte (246 mdp); Durango, Jorge Herrera Caldera (230 mdp) y Sonora, Claudia Pavlovich (140 mdp). Lee también: AMLO dice que no habrá persecución contra presuntos corruptos El Congreso de Morelos transfirió al menos 16.4 mdp y el Gobierno de Colima, encabezado por José Ignacio Peralta, otros 15 millones. MCCI comprobó que los accionistas de las empresas involucradas en los desvíos en los siete estados son en realidad prestanombres, pues se trata de habitantes de colonias populares y marginales de la zona metropolitana de la Ciudad de México. El modus operandi de todo el esquema consistía en transferir los recursos a las empresas fantasma y de ahí a otras firmas o personas físicas, en transacciones de aparente lavado de dinero o para desaparecer la pista del destinatario final. Por ejemplo, el 7 de abril de 2016 el gobierno de Chihuahua transfirió 246 mdp a cuatro cuentas en el Banco Santander a nombre de las empresas SINNAX, SAMEX, SISAS y Despacho de Profesionistas Futura, en pago a servicios que nunca se ofrecieron. A los pocos días, la mayor parte del dinero pagado por Chihuahua fue transferido a empresas vinculadas, así como a personas físicas, algunas de las cuales resultaron ser los propios prestanombres, sus parientes y amigos. Otra porción de los recursos desviados fue a dar a un despacho en Monterrey, que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha colocado en la lista negra por simular operaciones comerciales. En la investigación, MCCI localizó operaciones de la red fantasma en el Estado de México, en el periodo de Eruviel Ávila, así como en la gestión del priísta Jorge Alvarado en la delegación de Milpa Alta, al sur de la Ciudad de México, aunque en ambos casos los montos documentados fueron mínimos. En el caso del Edomex, no fue posible determinar el monto real de las transferencias debido a que el gobierno de esa entidad ocultó información de contratos, apuntó la organización. En una base de datos elaborada por MCCI, se comprobó que el año en que ocurrió el desvío, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) multiplicó las asignaciones presupuestales a tres de las entidades involucradas. Las participaciones del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), que la SHCP maneja en forma discrecional, aumentaron en 2016 más de 500% para Chihuahua, 22% para Colima y 12.7% para Durango. Karla Arely Jurado Bafidis, quien también fue sentenciada por el desvío de recursos en Chihuahua, coincidió en su declaración ministerial que dos de sus superiores en la Secretaría de Educación le informaron que en el financiamiento de campañas electorales del PRI participaban los gobiernos de otros estados. “Dijeron que urgía que sacara ese dinero (246 millones) que se iba a utilizar para el PRI nacional y que varios estados del país también estaban aportando recursos y que a Chihuahua le tocó aportar esa cantidad”, señaló en su testimonio, de acuerdo con MCCI. Los testigos aseguraron que Alejandro Gutiérrez, quien en 2016 se desempeñaba como secretario general adjunto del PRI nacional, fue quien puso los nombres de las empresas que simularían operaciones para concretar el desvío de fondos. Gutiérrez, recordó MCCI, estuvo preso 9 meses acusado de peculado por el actual Gobierno de Chihuahua que encabeza Javier Corral, aunque fue liberado el 28 de septiembre de 2018. Desde esa fecha se le colocó una tobillera de seguridad, como parte de una medida cautelar que lo obliga a permanecer en el estado de Chihuahua, mientras avanza el proceso. Te puede interesar:

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