- Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
- Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
- Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
- Adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
- Adecuaciones al Código Penal.
- Adecuaciones a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Objetivo de las leyes anticorrupción
Evitar el daño patrimonial al Estado y a la hacienda pública es el centro neural de las leyes anticorrupción, así como del Sistema Nacional, los Sistemas Estatales y Municipales.
El desarrollo general de nuestra legislación es aún insipiente y como muchas otras cosas en el país es necesario concluir, posteriormente evolucionar. Por ejemplo, hace 10 años el inicio de los trabajos para expedir la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública fue la gran sensación por su innovación en el marco jurídico mexicano. Sin embargo, comparativamente Francia, Alemania, Inglaterra cuentan desde hace 200-150 años con las leyes respectivas e incluso se habla de una cuarta o quinta generación. Así mismo ocurre con nuestras relucientes leyes anticorrupción sancionadas a nivel Federal el año pasado y en el presente en algunos estados de la República con sus obvias resistencias.
A pesar de todo, en algunos casos a nivel municipal o estatal, a pesar que ya se encuentran los primeros andamiajes de las normatividades anticorrupción muchos funcionarios, miembros de la sociedad civil, académicos e incluso entre los medios de información, aún se desconocen los propios objetivos, estructuración, consistencia, subsistemas, modificaciones institucionales y sobre todo aspectos operativos que conllevan dichas leyes.
Por tales motivos, es preocupante este desconocimiento generalizado simplemente porque no sea han leído los contenidos de dichas leyes, mucho menos se ha comunicado adecuadamente sobre ellas. Sin embargo, en nuestro caso en particular hemos dado seguimiento al proceso legislativo a nivel federal, en el Estado de México y en ciertos municipios mexiquenses, así mismo respecto a los medios de comunicación. Por ello, nos parece fundamental desmitificar algunas nociones que pervierten el entendimiento sobre las leyes anticorrupción en este juego de corresponsabilidad entre servidores públicos y ciudadanos.
Un error muy recurrente es referirse al 3 de 3 como el número de las leyes anticorrupción, o en su caso hacerla equivalente solo a la Ley de Responsabilidades cuando en realidad nos encontramos ante un entramado a nivel Federal de siete leyes anticorrupción que contemplan: