Por Daniel Ortiz* Con la diversificación de los mercados y el incremento de los jugadores, el crecimiento de una empresa viene acompañado de riesgos financieros adyacentes a sus relaciones de negocios. Esos riesgos han venido al alza por diversos factores, como la especialización en los métodos de los delitos financieros, la falta de regulaciones o su ineficacia, la poca proactividad de las áreas de cumplimiento que se conforman con cubrir los requerimientos legales básicos y el desconocimiento de las herramientas que pueden mitigar o evitar estos riesgos. Por esta razón, hoy en día resulta de vital importancia conocer radiográficamente con quién se mantiene un acuerdo de negocios, sin importar el nivel o magnitud de la persona en cuestión. Ya que, al mínimo descuido en algún punto de dicha relación, las empresas podrían encontrarse inmersas en un proceso legal por fraude, lavado de dinero, corrupción o cualquier otro tipo de delito financiero que le acarrearían afectaciones que van desde una sanción económica, hasta la disolución de la empresa, sin olvidar el golpe duro a la reputación. Algunas de las más rigurosas regulaciones nacionales e internacionales diseñadas para prevenir los delitos financieros responsabilizan a las empresas de investigar y conocer todos los agentes, consultores, distribuidores y proveedores con los que hacen negocios. Un claro ejemplo de esto es el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, el cual establece que en cualquier caso se deberá verificar si las empresas involucradas en alguna falta cuentan con una Política de Integridad Empresarial, para así poder determinar la responsabilidad de las mismas. Como se puede leer, el equiparse de herramientas legales, administrativas y tecnológicas ya no es más un lujo que las empresas pueden elegir, se ha convertido en una responsabilidad y obligación para evitar ser víctima de algún delito financiero y a su vez mitigar los efectos y repercusiones. Y, aun así, no es suficiente cubrir los requerimientos de cumplimiento, sino que las empresas deben ser más proactivas a fin de fortalecer las políticas que prevén los delitos financieros. Dentro de este escenario de riesgo, la tecnología ha comenzado a jugar un papel importante en la prevención de este tipo de delitos, utilizando datos y herramientas analíticas que permiten visualizar las conexiones de información inteligente necesarias para tomar mejores decisiones y cumplir de manera exitosa y anticipada con las regulaciones. El uso de la tecnología en los procesos de verificación de clientes y las soluciones que ayudan con la administración y filtrado de grandes volúmenes de datos son de suma importancia, por ejemplo, al utilizar tecnología Big Data para realizar análisis complejos de comportamiento de clientes o la identificación de los mismos. Además, para combatir delitos como el fraude, ya existen soluciones que permiten verificar si una identificación es válida o no desde un smartphone, tableta o una computadora, mediante la realización de más de 50 pruebas a través de la toma de una imagen. En este sentido, haciendo alusión al principio jurídico, “La ignorancia de la ley no te exime de su cumplimiento”, las regulaciones han previsto que las empresas deben de contar forzosamente con un programa de prevención de riesgos y cumplimiento. Sin embargo, ¿qué pasa con el desconocimiento de las soluciones alternativas a estos problemas? Resulta catastrófico pensar que a pesar de los avances de la tecnología y que incluso los actores delictivos ya la han integrado a sus procesos, muchas empresas continúan sin aliarse a la tecnología para conocer a fondo con quien se están relacionando y así evitar ser víctimas de los delitos financieros. *Daniel Ortiz, es Director de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica de LexisNexis Risk Solutions.   Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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