Desde el segundo trimestre del 2020, una amarga lucha entre el Gobierno de México y la ciudadanía en general se ha gestado por el sector eléctrico del país; iniciando desde la publicación de los Acuerdos del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), por supuestas medidas de seguridad para aplicar en el marco de la inusitada demanda de electricidad, debido al confinamiento de millones de personas en por la pandemia de Covid-19, instructivo administrativo que, a la postre resultara en un culebrón entre los litigantes de las partes, al grado de ver a los abogados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y del CENACE, oponiendo recursos y documentos en tribunales equivocados; transitando hasta el fallido Acuerdo de Confiabilidad en el Sistema Eléctrico Nacional que emitiera la Secretaría de Energía (SENER), mismo que fuera detenido por una ola avasallante de demandas de amparo presentadas por cientos de generadores privados hasta organizaciones comunitarias y ambientalistas, para concluir con un proceso de Controversia Constitucional propuesto por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), que viniera a sepultar desde tribunales, la arremetida oficialista contra la industria eléctrica nacional.
Pero, esta -de facto- Contrarreforma Energética, que ha caminado entre desacatos a órdenes judiciales, la omisión y complicidad de la Comisión Reguladora de Energía, hasta los ya referidos chascos litigiosos; logra revivir con una especie de “As bajo la manga” del presidente de la República: el “mayoriteo” en el Congreso de la Unión.
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Es decir, que el titular del Ejecutivo Federal aprovecha con todo oportunismo político, la mayoría que tiene su Partido en el Congreso de la Unión, sin pasar por alto el hecho de que la gran mayoría de estos legisladores y legisladoras, además de ser protagonistas de múltiples episodios embarazosos ante la opinión pública, muchos carecen de los conocimientos técnicos, o tan siquiera, los mínimos básicos e indispensables para entender el tema energético, sumado a una ciega obediencia al ejecutivo federal, la cual, raya en la ilegalidad y ruptura del equilibro constitucional de poderes. Pero estos polémicos personajes tienen una comparsa involuntaria del lado “opositor”, es decir, desde los partidos políticos no afines al presidente López, quienes han demostrado también tener grandes falencias en sus filas, quiénes con sus amplios conocimientos en temas de energía y medio ambiente, no logran influir a sus colegas, mismos que se limitan a sólo votar contra cualquier iniciativa del partido oficialista, en un simple afán de “ir en contra”, lo que denota uno de tanto problemas que la industria energética tiene que lidiar a la par de los ya propuestos por el propio ejecutivo.
Es así como, en fecha del 01 de febrero de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador presenta ante la Cámara de Diputados, la iniciativa de Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que, desde un inicio es una literal transcripción de los malogrados acuerdos del CENACE y la SENER que, en vista de su judicial inoperancia, viene a darle un respiro a las pretensiones presidenciales de crear un entorno discrecional y exclusivo para la CFE, cumpliendo así los compromisos con agrupaciones sindicales y los propios que tiene el Director de la Comisión.
Pero ¿Qué hace diferente la Reforma la Ley de la Industria Eléctrica, para llamarla en algunos círculos de expertos y la iniciativa privada como #LeyCombustoleo?
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Para ello, sólo se simplificará al lector el contexto que, en el ideario del presidente y su “gabinete energético”, la CFE ha sido “históricamente vilipendiada” y “destruida” por la Reforma Energética de 2012, es decir, para la Administración actual, convertir a la CFE en una empresa diversificada y de energía, en dónde se convirtiera en una suerte de “tomadora de precios”, es decir, buscar los precios más bajos de energía generada por particulares mediante las famosas “energías renovables”, colocando en el mercado energía limpia, eficiente y suficiente para sufragar la enorme demanda de una de las principales economías del orbe, lo que supone el desplazamiento de personal del Sindicato de Electricistas, por nuevos talentos especializados, con nuevas tecnologías y sobre todo, un enorme número de mujeres profesionistas, lo que a la vista de estas agrupaciones laborales que en su momento apoyaron políticamente al actual presidente, fue considerado como una “destrucción” de la CFE, siendo realmente el costo de una evolución necesaria para la ansiada transición energética. Y así proceder con lo verdaderamente importante, los datos.
Estos datos, vienen de la mano de una consideración meramente ideológica que se llama “Soberanía Energética”, que supuestamente se trata de una forma de auto suficiencia energética, pero dirigida, ejecutada y dispuesta únicamente desde el Estado; lo que pone en la ecuación a Petróleos Mexicanos (PEMEX).
Explico, la política energética de la actual administración viene derivada en una directriz petrolera dónde PEMEX se convierte en el único proveedor de combustibles de la CFE, por ello en 2019 se suspenden las famosas rondas petroleras, dando una estocada inicial a la participación de la iniciativa privada en dicho mercado que se estaba direccionando en cubrir la demanda de gas natural. Posteriormente, se cancelan por parte de la CRE las Subastas Eléctricas a Largo Plazo, que eran el mecanismo mediante el cual, la CFE hacia la toma de precios de energía generada por particulares, mediando inversiones de éstos y no el Estado, es decir, un negocio de “otros hagan por mi, arriesgando lo menos posible”.
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Sin embargo, la iniciativa privada encontró otras formas de abastecerse de energía limpia, barata, disponible y suficiente: Los autoabastecimientos y los suministros calificados. Que, básicamente son cuando los grandes consumidores (industria pesada, agroindustria masiva, recintos portuarios y similares), toman energía que instalan plantas de generación privadas con ciertas restricciones técnicas y legales, pero que cubren su demanda propia sin tener que pasar por fuerza con la CFE; lo que a la vista de la actual administración era algo “moral y patrióticamente” calificado de “traición y corrupción”, sin considerar que, constitucionalmente la industria energética era y sigue siendo un mercado de acceso abierto y no discriminatorio.
En este contexto, acaece la pandemia por Covid-19, lo cual supuso la oportunidad para que la iniciativa privada dejara de tener acceso a los permisos a través de la CRE, suspendiendo actividades y dejando “en el cajón” cientos de solicitudes de permisos y modificaciones de permisos, en tanto, la acción del gobierno se centraba en sacar de la ecuación a los generadores privados con sus plantas de energía renovable.
Mientras, en PEMEX se continúa poniendo al límite el Sistema Nacional de Refinación para procesar los 1.6 MBD de producción según la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), que ahora sin las Rondas Petroleras y con la cancelación de las importaciones de crudo ligero de intercambio por el crudo pesado mexicano, se comenzaba a materializar el sueño de Andrés López de hacer al país “autosuficiente”, dado que en el SNR se obtiene más del 52% de sus procesos como resultado el producto que requiere CFE para sus plantas de generación: El combustóleo.
De hecho, este residuo de la refinación del crudo pesado mexicano que, por cierto, es de los que tienen mayor contenido de azufre, plomo y otras sustancias altamente tóxicas, se encuentra restringido por la Organización Marítima Internacional desde inicios de 2020, lo que le anula completamente algún posible valor económico y de demanda, convirtiéndose en un insumo casi “gratuito” para la CFE, lo que en la mente del mandatario es una “gran oportunidad”.
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Así pues, es que de las poco más de 190 plantas de generación de electricidad del país, el 30% de ellas son con base a este dañino combustible, más otras con base en carbón y las casi 90 plantas hidroeléctricas del país, el presidente de la República ve materializada la base de su “reconstrucción” de CFE, de la mano de los miles de trabajadores sindicalizados teniendo únicamente un pequeño detalle, las generadoras renovables privadas, las cuales son hechas a un lado con la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. Apuntalando el consumo del abundante combustóleo de PEMEX y que abulta significativamente los indicadores de producción del SNR, para beneplácito del discurso nacionalista.
Es por esta razón que se le denomina de manera jocosa como #LeyCombustoleo, sin embargo, los impactos de esta reforma a la LIE, son enormemente significativos, por mencionar algunos, son:
- El aumento de emisiones contaminantes atmosféricas desde el proceso de refinación de petróleo hasta la generación de electricidad, lo cual supone un agravio a la propia Constitución y a los Tratados Internacionales en materia de impacto climático y medio ambiente.
- Aumento considerable de enfermedades crónicas y respiratorias, así como diversas aflicciones en la salud por la exposición a las sustancias contaminantes producto de los procesos de refinación y por generación eléctrica mediante combustibles fósiles.
- Pérdida de la confianza en inversiones tanto internas como externas, derivado a la inexistencia de las condiciones legales para proveer certeza y seguridad jurídica, así como la eliminación de mecanismos de transparencia en los procesos de emisión de permisos y contratación de las partes interesadas en formar parte de la industria.
- Inestabilidad en el Sistema Eléctrico Nacional, en virtud de que, según datos del CENACE y SENER, las generadoras hidroeléctricas solamente aportan el 10% de la energía consumida, las de combustóleo y carbón otro 30%, así como un 30% de las plantas de gas natural son de CFE, estamos hablando de sostener la demanda de electricidad con sólo el 60% de la generación total del país, misma que representa una eficiencia energética combinada que no va más allá del 50%. Lo que en suma se traduce en más apagones masivos.
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- La entrega de energía más cara y sucia, según datos del CENACE y la CRE, la CFE en sus plantas de generación fósil, tienen una entrega de energía por encima de los $120 usd/MW, contra los $20 usd/MW de la generación renovable de privados (producto de las Subastas Eléctricas a Largo Plazo), que sumado a las altísimas tarifas de transmisión que ha autorizado la CRE a petición de la CFE, se traduce en energía más cara para la población, afectando sustancialmente los recibos de consumo doméstico y comercial.
- Lo anterior, provocará una serie de aplicación de subsidios en el ramo 23 del Presupuesto de Egresos, con la finalidad de amortiguar el enorme golpe financiero a la sociedad en el aumento de las tarifas de servicio eléctrico, el cual, se combinará con un discurso paternalista desde el Gobierno de la República, pero, con la respectiva autofagia a las finanzas públicas del Estado.
A manera de conclusión, la #LeyCombustoleo viene a fortalecer a PEMEX y CFE, específicamente en regresarle un lugar a los trabajadores sindicalizados, que habían sido desplazados por la Reforma Energética, por tanto, también los líderes y caciques de estas agrupaciones; pero a costa de las y los millones de mexicanos, golpeando duramente sus bolsillos, salud y futuro ambiental para los próximos años.
Contacto:
*Santiago Fabián Arroyo Seguedo es CEO y Founder de URSUS Trade & Colsunting, consultor especializado en energía y regulación en la industria de petrolíferos.
Twitter: @SarroyoSi
Mail: [email protected]
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