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Tanto en el senado como en la cámara de diputados, diferentes grupos parlamentarios presentan iniciativas para prohibir la exploración y explotación de los hidrocarburos no convencionales a través de la técnica de fractura hidráulica, mejor conocida como fracking.

Entregada por el diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), esta propuesta incluye, por ejemplo, la creación de la Ley federal que prohíbe la fractura hidráulica.

Por otro lado, el diputado Benjamín Robles Montoya, del Partido del Trabajo (PT), indica que, en el Artículo 6 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos, se establece la prohibición de la técnica de fracking, “hasta cuando se demuestre científicamente que garantiza el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar”.

El fracking o fracturación hidráulica es una técnica mediante la cual se extraen los hidrocarburos atrapados en las rocas del subsuelo, a profundidades de 1,000 a 5,000 metros. Para ello, se inyecta agua a alta presión, arena y más de 750 sustancias químicas, consideradas altamente tóxicas.

El grupo parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado presentó una iniciativa en el mismo sentido, pero que reforma el Artículo 27 de la Constitución, para integrar la prohibición de la extracción de “hidrocarburos líquidos y gaseosos a través de la fractura hidráulica, o de cualquier otro método que menoscabe la integridad del medio ambiente”.

Una voz a favor del fracking, además de la de miembros de la industria extractiva, es la de Pedro Joaquín Coldwell, ex secretario de Energía. Para él, la prohibición sería un error porque generaría dependencia energética de México con respecto de Estados Unidos.

Explotación de minerales

Cuando la senadora Angélica García Arrieta, del grupo parlamentario de Morena, propuso varias modificaciones a la Ley minera, el precio de las acciones de Grupo México y Peñoles, las dos mayores compañías mineras del país, se vino abajo.

La iniciativa propone que, previo a la expedición de títulos de concesión y de asignación mineras, la Secretaría de Economía realice un estudio de impacto social, con el objetivo de tomar en cuenta los intereses y derechos de las comunidades y pueblos indígenas.

También establece que se deberá consultar a las comunidades y pueblos asentados en las zonas concesionadas, a fin de resguardar sus derechos e intereses a través de la búsqueda de acuerdos y su posterior consentimiento. De acuerdo con la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), en 2018 se contaban en el país alrededor de 15,000 conflictos sociales relacionados con la industria minera.

En la Cámara de Diputados se analiza una propuesta similar, sólo que establece que la exploración, explotación y beneficio de los minerales no podrá estar por encima de los intereses de los estados; de ahí que proponga que se consulte a los gobiernos y congresos estatales donde haya actividad minera.

Un opositor a estas modificaciones es el presidente de la Comisión de Energía, el senador de Morena y empresario minero, Armando Guadiana, quien afirma que todo lo que se plantea ya está integrado en otras leyes.

Desarrollo fronterizo

Una de las primeras acciones del nuevo gobierno fue impulsar la franja norte. Ahora se discute una iniciativa para apoyar el desarrollo de la frontera sur del país. La iniciativa presentada por Graciela Zavaleta Sánchez, diputada por Morena, plantea crear un marco regulatorio favorable para la migración centroamericana a esa región, pues representa una fuerza laboral importante y, en esa medida, redundará en certeza para las inversiones en la zona.

Con ese fin, propone modificaciones a la Ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional. “[Integrar] mecanismos institucionales y de coordinación, para acordar compromisos e indicadores de desempeño, por parte de las dependencias y entidades, órganos autónomos, entidades federativas […] con el fin de materializar y cumplir con los objetivos, estrategias, metas y acciones que se adopten en el marco del Comité Nacional de Productividad”.

Cero ISR a quienes ganen menos de 10,000 pesos

Diversos grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión han propuesto reformar el Artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), con el objetivo de que paguen menos las personas que reciben menores percepciones.

Al respecto, la propuesta de Fernando Donato de las Fuentes Hernández, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la Cámara de Diputados, señala que los trabajadores que ganan alrededor de 12,000 pesos mensuales tienen jornadas laborales de hasta 16 horas y una carga fiscal desproporcionada.

Así que propone que a los trabajadores cuyos salarios sean menores de 10,000 pesos y trabajen horas extra, no se les retenga el ISR sobre los ingresos de ese tiempo adicional a la jornada legal.

Otra propuesta que se analiza en el Senado, presentada por el grupo parlamentario del PAN, establece que los trabajadores formales que tengan un ingreso menor de 10,298 pesos mensuales (o su equivalente anual de 123,580 pesos) no paguen ISR.

Esta propuesta ha sido apoyada, desde octubre de 2017, por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), que, en aquel momento, argumentó que la eliminación de ese impuesto para las personas con salario menor al señalado apoyaría al dinamismo del consumo y la economía, y beneficiaría a 15.5 millones de trabajadores.

Banco Nacional para el Desarrollo de la Economía Social

En materia de banca de desarrollo, en el Senado se planteó, en diciembre de 2018, la creación del Banco Nacional para el Desarrollo de la Economía Social, con el fin de promover el crecimiento económico e impulsar financiamiento de largo plazo para apoyar la competitividad y capitalización del llamado sector social de la economía.

La iniciativa fue presentada por el senador Joel Padilla Peña, integrante del PT. En la propuesta se establece que se beneficiaría a asociaciones de trabajadores por cuenta propia, a organizaciones y redes de comercio justo y de consumidores “éticos”, a grupos de mujeres de autoayuda, a empresas sociales, cooperativas, iniciativas comunitarias forestales, las ONG que comienzan a generar ingresos a través de actividades económicas, e iniciativas financieras comunitarias.

En el país existen ya siete instituciones de Banca de Desarrollo, con objetos específicos: Banjército, Bancomext, Banobras, Bansefi, Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y la Sociedad Hipotecaria Federal.

Una Ley de fomento a la confianza ciudadana

Entre los ejes centrales de la política fiscal del nuevo gobierno habrá uno enfocado en “un nuevo esquema de cobro de impuestos, basado en tenerle confianza al ciudadano”.

De acuerdo con la iniciativa para expedir la Ley de fomento a la confianza ciudadana, presentada por el senador Ricardo Monreal, en noviembre pasado, el nuevo esquema de cobro busca fomentar la cultura de la legalidad, “como el eje rector del desarrollo económico”, y generar un entorno de confianza basado en el cumplimiento voluntario de obligaciones regulatorias y fiscales.

Los interesados únicamente tendrían que inscribirse de forma voluntaria al Padrón Único de Fomento a la Confianza. “Al momento en el que el ciudadano o ciudadana se inscribe voluntariamente en el padrón, se presume de buena fe que está al corriente y que opera en el marco de la ley, lo cual reducirá las inspecciones, algunas veces excesivas o innecesarias”, detalla esta iniciativa.

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