Con el fin de darle un respiro a Petróleos Mexicanos (Pemex), el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) firmó un decreto para reducir su régimen fiscal, pero en realidad solo será una extensión de lo propuesto e implementado por la administración de Enrique Peña Nieto.
El pasado 13 de mayo, el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, reveló que el decreto permitirá a Pemex migrar asignaciones marginales con una producción acumulada de hasta 250,000 barriles diarios de petróleo en promedio, “junto con 150,000 que ya se tenía antes”.
El funcionario se refiere al decreto publicado el 18 de agosto de 2017 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), firmado por el exmandatario, por el que se otorgan beneficios fiscales para las actividades de extracción en asignaciones con campos maduros y/o marginales, que aumenta sustancialmente el porcentaje de deducción de costos, gastos e inversiones para calcular el Derecho de Utilidad Compartida (DUC) que paga Pemex a Hacienda.
Dicho cambio fue implementado por el gobierno priista tras la caída de los precios internacionales del petróleo, que descendieron de 100 a 17 dólares por barril entre septiembre de 2014 y enero de 2016, lo que provocó que algunas asignaciones perdieran su rentabilidad con el entonces régimen fiscal vigente.
Peña Nieto y su equipo financiero utilizaron esta medida para darle viabilidad económica a una producción de hasta 150,000 barriles por día y 500,000 millones BTU para el caso del gas.
La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), explicó que la expansión del beneficio fiscal para campos marginales será de hasta 400,000 barriles diarios.
“Pemex produce 1.6 millones de barriles diarios. El 25% de todo lo que produce Pemex ya está como contrato (migrado)”, detalló el comisionado Héctor Moreira.
La migración
Pemex ha realizado cinco migraciones, cuatro con socio y una en solitario. El ejemplo más notable fue el contrato Ek-Balam, que actualmente produce 45,000 barriles diarios desde su cambio contractual. Con esta migración, Hacienda recibe 70.5% de la utilidad operativa, pero reconoce a Pemex hasta 60% de los gastos de capital, mientras que en un esquema de asignaciones, Pemex solo deduce 12.5% del valor extraído por cada barril.
La gran diferencia fiscal reside en que la asignación deduce y paga impuestos sobre las ventas del crudo, mientras que en un contrato migrado se pagan por utilidades, explica el representante del regulador petrolero. Pero no solo cambia la tasa impositiva, Pemex tendrá una serie de reglas que se resumen en dos: invertir y explorar más.
“No nada más es bueno en términos fiscales, sino en términos de que ese dinero extra lo va a tener que invertir Pemex. Tiene que probar que va a invertir más y que vas a hacer más reservas”, agregó Moreira.
Durante la presentación del
plan fiscal, Urzúa calificó como un “respiro enorme” para Pemex sobre todo en asignaciones que no eran rentables porque ya estaban viejas, casi cerradas porque el DUC era muy alto, y ahora podrán volver a explotarse.
La publicación del decreto presidencial en el DOF sigue pendiente.
Arma de doble filo
Si bien habrá un respiro para la petrolera mexicana, el efecto en las finanzas públicas puede resultar contraproducente para su administración.
“Va a ser un aire para Pemex pero puede ser un arma de doble filo para la federación”, advirtió el investigador de energía y finanzas públicas del Centro de Información Económica y Presupuestaria (CIEP), Alejandro Limón.
Hacienda prevé ahorros para Pemex por 30,000 millones de pesos (mdp) con la reducción del Derecho de Utilidad Compartida (DUC) establecido bajo el esquema de asignaciones.
La medida es un riesgo para las finanzas públicas si se considera que el DUC significó 80% de los ingresos petroleros recaudados por el gobierno durante 2018, equivalente a más de 780,000 millones de pesos, que equivale a poco más del presupuesto del Instituto Mexicano del Seguro Social para 2019.
Durante el anuncio, el director general de la compañía, Octavio Romero Oropeza, reconoció que habrá una reducción en los ingresos de Hacienda a partir este nuevo régimen fiscal, pero también la intención es incrementar la producción petrolera y por lo tanto, compensar las arcas públicas.
En medio de esta intención se encuentra toda la cadena de valor de Pemex con sus vicios y virtudes. Por ejemplo, el riesgo de no encontrar petróleo o gas.
Por el lado financiero, la empresa productiva del Estado tiene el pago de todo tipo de compromisos, pero principalmente su pasivo contingente, es decir, los salarios y pensiones.
“No necesariamente que Pemex ahorre un peso en DUC va a derivar en un peso de utilidad. El foco y atención debe estar en que se aprovechen estos ahorros en actividades productivas”, agregó Limón.
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