Así es como ocurren las extorsiones a empresarios en Centroamérica

 Por Juan Manuel Fernández C. “Una vez a la se­mana envían un celular desechable. Me llaman y me dicen si la entrega del dinero es ‘mano a mano’ o vía depósito bancario. Por lo general, envían mujeres, dan una palabra clave y se les entrega el dinero y el celular. En 20 días llegará otro teléfono para las nuevas instrucciones. Debemos cancelar puntualmente 25,000 quetzales a la semana, unos 3,272 dólares, o habrá consecuencias.” Quien hace este relato es dueño de una de las compañías de auto­buses del transporte público en Ciudad de Guatemala. Por motivos de seguridad, solicitó no ser iden­tificado, aunque aseguró que 95% de las empresas de transporte de pasajeros en el país paga extorsión al menos a tres grupos distintos de criminales. Su empresa da servicio a uno de los municipios más poblados de la capital y lleva nueve años de ‘pagar’ puntualmente la extorsión, que ya es un costo fijo en las operaciones. “Si nos resistimos, pagamos con sangre. Tenemos pilotos, ayudan­tes, inspectores fallecidos y dos socios acribillados frente a su casa. Eso nos puso de rodillas”, confiesa el empresario. Aunque se ha denunciado en múltiples ocasiones, se procede con la captura de los extorsionistas, se intervienen las cuentas, pero la es­tructura criminal sustituye a los ope­rarios caídos y rápido se levanta. La situación es similar en Honduras y El Salvador. Quizás el transporte de carga por Centroamérica y el transporte de pasajeros representan el punto neurálgico de los retos que tienen las empresas de la región en la seguridad de sus activos y de su operación en general. “Es un problema bien serio por­que en el transporte de carga sufri­mos atracos, se roban los camiones 53 para extraer la mercancía, apare­cen los vehículos vacíos con daños o simplemente no aparecen del todo. Hay casos en que agreden al conductor o lo matan”, ilustra Hé­ctor Fajardo, quien es presidente de la Federación Centroamericana de Transporte (Fecatrans). Enemigo al acecho Pero el negocio del transporte no es el único golpeado por la inseguridad en Centroamérica. El 4 de marzo pasado, representan­tes de Industrias La Constancia (ILC), en El Salvador, suspendie­ron temporalmente las operaciones de Agua Cristal, argumentando una “escalada de inse­guridad” en las localidades donde deben distribuir su producto. Según el Banco Central de Re­serva (BCR) de ese mismo país, las actividades económicas que estima tienen mayores costos por la insegu­ridad apuntan diversos sectores, que incluye las actividades financieras, seguido por el comercio y por la industria manufacturera y maquila. Así, los costos preventivos de se­guridad privada ascienden a los 157 mdd al año en ese país, distribuidos en servicios (87 mdd), comercio (38.9 mdd), industria (27.3 mdd) y el sector agropecuario (3.6 mdd); todas cifras del BCR de 2016. Silvia Cuéllar, directora ejecuti­va de Coexport El Salvador, confir­mó a Forbes que “el tema de la in­seguridad es un desafío diario para las exportaciones y más importante para los que generan sus propios insumos primarios. Por ejemplo, en los sectores agroindustriales que producen cultivos y posteriormen­te los manufacturan para generar productos alimenticios procesados, deben invertir en seguridad en to­das las áreas del proceso. Entonces afecta toda la cadena de distribu­ción y, por ende, se encarece el costo, restando competitividad”. La inseguridad también laceró la cooperación holandesa en Hondu­ras. El 16 de marzo de este año, el banco de cooperación internacio­nal de ese país (FMO) oficializó su cese de operaciones, responsa­bilizando a la violencia. Justamente, Luis Larach, presidente de la Junta Directiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) detalla que “en lo que respecta a las empresas pequeñas y medianas, el delito de extorsión es sin duda la mayor amenaza; éste va en ascenso y amenaza la integridad estructural de la inver­sión privada, pues hay un efecto en cadena. Por ejemplo, hay proyectos habitacionales en zonas de riesgo que están teniendo que absorber la devolución de las viviendas por abandono de los compradores”. “Las incidencias que más vemos son comúnmente por el lado de las extorsiones a los propietarios y a los empleados incluso. El cobro de renta y los delitos a la propiedad privada son bastante comunes”, insiste Cuéllar. También puedes leer: Inseguridad frena inversiones en Acapulco  Riesgos latentes A algunas corporaciones les ha to­cado suspender operación, reforzar y regresar. Le pasó a la empresa hondureña Transportes Cristina, que cubre rutas entre Tegucigalpa y las regiones de El Progreso, Tela, La Ceiba y Olanchito. En abril pasado directivos de la firma anunciaron el cierre temporal de operaciones, no sólo por la extorsión de pandillas juveniles durante dos décadas, sino por el asesinato a tiros de uno de sus pilotos en una gasolinera en La Ceiba. En mayo pasado la empresa rea­brió sus operaciones, según indicó en comunicado, bajo “estrictas me­didas de seguridad y con una nueva administración extranjera”. ¿Cuál es el precio de la tran­quilidad para operar en Centroa­mérica? Los cálculos de lo que las empresas destinan para ‘blindarse’ lo más posible en una de las zonas más violentas del mundo varían y dependen del país, la industria y la dimensión del problema. Para Larach, líder de los em­presarios hondureños, “está en función de las ventas (la inversión en seguridad privada), se aproxima entre 1 y 3% de las ventas brutas. Si lo ponemos en proporción al ya existente impuesto del 1.5% sobre el volumen de ventas, podemos decir que estamos pagando igual propor­ción en seguridad empresarial”. En términos de presupuesto operativo, Cuéllar aporta que en El Salvador para las empresas expor­tadoras el promedio oscila entre 15 y 40% del presupuesto. Y es que en abril pasado, el BCR calculó que el costo estimado de la violencia en la economía de ese país ascendía a 4,000 mdd; 16% del pib de 2014. Entonces, la seguridad se conso­lida como una erogación importan­te para la empresa. Luis González Nogales, presidente ejecutivo del Instituto Centroamericano de Seguridad Privada (Incaspri) desde Nicaragua, responde que “el servicio de vigilancia física de 24 horas los siete días a la semana se considera, por lo general, alto y puede oscilar entre 1,200 y 3,000 dólares, dependiendo del país. “Pensemos, por ejem­plo, en una empresa de 20 trabajadores que contrata dos servicios de 24 horas los siete días de la semana. En la práctica, “sería el equivalente a un aumento de ocho trabaja­dores adicionales o 40% de su plantilla”, calcula. Ahora, ¿en qué servi­cios se va toda esta inversión? Según González, de la infor­mación que manejan las empresas proveedoras de seguridad privada en toda Centroamérica, el tipo de servicio demandado va en función del tamaño de la operación. Por ejemplo, al dueño de una pyme le roba el sueño el evitar robos y asaltos, vigilar las pérdidas inter­nas de producto y que el costo de los sistemas y equipos de seguridad sea bajo. Para ese fin, son comunes las compras de sistemas de videovigi­lancia y alarmas sencillas. Las empresas medianas van un paso más allá y se ocupan de buscar seguros específicos. Mientras que las empresas de mayor operación buscan la integración de los dife­rentes sistemas de seguri­dad donde se dé cobertu­ra a todo el proceso. También puedes leer: 63% de los mexicanos prevé que inseguridad empeore  Estrategias “El reto diario es tratar de llevar las mercancías al destino donde fue con­tratado el servicio, para lo cual se tiene que incu­rrir en seguridad privada, a veces con un policía privado con arma, otras contratando patrullas que van custodiando los equipos, además de la cabina del camión”, describe Fajardo. “Lo único que hay a nuestro alcance es instalar cámaras en las unidades o pagar seguridad cuando se trata de rutas largas. También colocar detectores de metales para evitar que suban personas arma­das, pero en las líneas interurbanas es imposible hacer esto”, señala Otoniel Dighero, vicepresidente de la Gremial de Transporte Extraur­bano de Pasajeros (Gretexpa) de Guatemala. Fajardo agrega que ante la falta de presencia de oficiales en vía pública, una de las medidas implementadas ha sido no transi­tar en horarios de riesgo, cuando no hay luz del día o acompañar la mercancía con convoyes cuando es terrestre o buques mercantes que monitorean la carga desde los puertos hasta las ciudades. “Desde que implementamos nuestras propias medidas se re­dujeron los robos. Teníamos siete atracos diarios, ahora andamos alrededor de tres al día”, indica el empresario. Otras empresas consultadas mantienen sistemas de monitoreo como transmisiones en línea con amplios anchos de banda, apertura de puertas, videovigilancia, detec­ción de movimiento o intrusión, todas operaciones coordinadas des­de cualquier dispositivo conectado a la red. Pero para González, el tema es más profundo que contratar un guardia, un convoy o colocar más cámaras de vigilancia. “Es increíble la cantidad de servicios de seguri­dad física que son contratados bajo la premisa de que se están cubrien­do todos los aspectos de seguridad”, ironiza. “La principal acción que todas las empresas deben realizar en el corto plazo es la elaboración de sus análisis de riesgos y planes de se­guridad.” El exmilitar enfatiza que los análisis de riesgos incluyen no sólo las amenazas externas (asaltos, robos, etcétera), sino las internas como el robohormiga, los fraudes y el hurto interno, entre otros.   Un cambio de enfoque Larach propone “aplicar proce­dimientos expeditos de judiciali­zación, como el manual expedito de flagrancia. Es preciso accionar los aparatos judiciales hacia la resolución de los delitos del crimen organizado y diseñar una política integral que incluya, por ejemplo, la construcción de más centros pena­les y la reinserción de los reos a una vida productiva”. Su posición es que actuar única­mente por la vía coercitiva es inútil si no se emprenden acciones socia­les para insertar a los delincuen­tes y jóvenes en riesgo al aparato productivo. Para Cuéllar, “hay que pasar del enfoque sólo policial del problema a uno más amplio que responda a su complejidad, modernizando, capacitando y recuperando a la policía como institución priorita­ria para la lucha contra el crimen y la delincuencia”, analiza. Adolfo Reyes, exministro de Go­bernación de Guatemala (ocupó ese cargo de 2002 a 2003) y doctorado en ciencias criminológicas, mani­fiesta que la falta de cumplimiento de normas jurídicas que marcan los requisitos para establecer una empresa de seguridad es parte del problema, lo cual provoca que haya operarios poco o nada capacitados para ejercer su función. Aunque la seguridad pública es un tema que atañe al Estado, los empresarios aseguran que no van a cruzarse de brazos y ver cómo su utilidad se consume por las amenazas del crimen organizado. De allí que implementan sus propias medidas. “En cuatro años van a existir más empresas de seguridad, ya que los centroamericanos no confían en las policías de sus países de origen, y mucho menos en sus po­líticas criminales de prevención”, proyecta Reyes.