¿Cuánto dinero se necesita para reparar el asesinato o desaparición de un hijo? ¿Cuánto para reparar el daño mental o emocional generado durante un episodio de tortura? ¿Cómo se calcula la suma económica que una mujer que fue víctima de alguna de las tantas redes de trata que existen en el país?
Las anteriores son preguntas que no tienen respuesta, incluso resultan ofensivas en un país en donde hay 2.5 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes -según datos del Índice de Paz México 2020-; sin embargo, las administraciones federales pasadas y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador han enfocado la atención a las víctimas de delitos en la reparación económica y han mostrado poca voluntad para el acceso de éstas a la justicia y la verdad, dos elementos fundamentales a los que tienen derecho.
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Bajo este esquema la atención a las víctimas en México se ha vuelto “clientelar y desigual”, afirma Mara Gómez, quien fue titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de diciembre de 2019 hasta junio de este año cuando presentó su renuncia al cargo argumentando que el funcionamiento de este órgano era obstaculizado por un grupo de abogados particulares que encontraron en la reparación del daño una forma de negocio y las limitaciones de recursos públicos a la que estaba sujeta el organismo.
La Ley General de Víctimas, publicada en enero de 2013, establece que las víctimas de algún delito y de violaciones a derechos humanos tienen derecho al acceso a la justicia, la verdad y la reparación integral, este último comprende la “las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica”.
“Lo primero que necesita una víctima es verdad, justicia y sí, una reparación, pero el punto es que nunca se ha trabajado ni en justicia, ni en verdad entonces entra el dinero (…) Algunos abogados se empiezan a dar cuenta que la reparación, que han priorizado los gobiernos, todos los gobiernos incluso este, es el de la reparación económica, no hay justicia, no hay verdad pero hay dinero. Entonces saben que hay un fondo que tiene millones y que pueden convencer a los jueces que dicten sentencia y de ese dinero, que en teoría debería de ser para las víctimas, los abogados se quedan, según testimonios de las propias víctimas, entre el 40 y 60%”, señala Gómez en entrevista con Forbes México.
El fondo al que se refiere Gómez es el fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) al que se le destinaron 430 millones de pesos para 2020 en el presupuesto federal.
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“Hay abogados que tienen hasta 80 casos contra la CEAV. Hasta el 1 de junio la CEAV tenía 253 juicios de amparo en su contra por demandas, algunas, no todas cuantificadas, demandas por 10, 15 millones de pesos llegó una de las más grande 150 millones de pesos”, apunta la doctora en Derecho y especialista en Derechos Humanos.
La CEAV apoya con alrededor de 10,000 u 11,000 pesos a las personas integradas en el Registro Nacional de Atención a Víctimas (RENAVI) que demuestran que necesitan apoyo para vivienda y alimentación, sin embargo este proceso también ha sido aprovechado por familiares de víctimas que incorporan a varios de sus integrantes para recibir estos apoyos, aseguraGómez.
“Hay casos registrados que tiene hasta 32 personas inscritas por familia y están recibiendo hasta 11,000 pesos cada una, eso es un negocio, muchos de ellos no tienen que demostrar que lo necesitan, no hay temporalidad”.
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Desigualdad en la atención
Pero así como hay casos en los que se entregan recursos a las víctimas directas o indirectas de delitos y violaciones a derechos humanos, también hay una gran cantidad de integrantes del RENAVI que no reciben recursos, verdad, justicia o atención, apunta Gómez.
“Hay desigualdad en la atención porque hay víctimas que no han recibido nada por el Estado y víctimas que han recibido poquito y víctimas que han recibido mucho. También hay desigualdad porque hay atención local y federal diferenciada, tal estado atiende como puede, hay algunos que no tienen ni CEAV local”.
Por ello insiste en la necesidad de que se integre un Modelo Nacional de Atención Integral a Víctimas en el que se priorice a las víctimas d violaciones graves del derecho humano, que se atienda de manera igualitaria a todas y parámetros de reparación económica.
“Hay pocos casos que han tenido atención ¿por qué no había justicia en gobiernos anteriores? Porque esos gobiernos fueron los mismos en generar esta violencia, si tú generaste el problema, no quieres que haya verdad y menos justicia. Y yo si creo que hay un rompimiento estructural en el nuevo gobierno que no tiene que ver con esta violencia (…) Por qué dar dinero a cambio de justicia y verdad, no digo que no deba haber una compensación pero no la tenemos que dar a cambio, ni ser desigual, el punto es que eso no se ha entendido por las nuevas autoridades”.
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