Durante los últimos cinco años, los recursos que el gobierno federal destinó para el pago de pensiones de los trabajadores que integran la “generación de transición”, aumentó 37.3% real.

Este pasivo en las finanzas públicas está generando poco espacio fiscal para consignar gasto en áreas productivas o programas políticos enfocados en educación o salud, advirtieron expertos a Forbes.

Para el pago de pensiones durante 2018, el gobierno federal destinará 699,664 millones de pesos, esto significa un aumento de 5.2% real respecto a lo propuesto en 2017, de acuerdo con el documento del Presupuesto de Egresos Federal (PEF) del próximo año.

A salud se asignó en el PEF un gasto de 568,577 millones de pesos, 4.6% menos que lo asignado en el Paquete Económico de 2017; en tanto que para la educación se propuso gastar 726,279 millones de pesos 1.4% de lo aprobado para el ejercicio fiscal presente.

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“Las pensiones son gasto corriente, para fondearlas se está tomando recursos de áreas de salud, educación e infraestructura y eso afecta el crecimiento futuro, lamentablemente todos los ingresos que se han tenido vía aumento de recaudación se va al pago de la deuda y el pago de pensiones se tiene que aumentar distrayendo el gasto social y de infraestructura”, consideró Enrique Díaz Infante, director del programa del Sector Financiero y Seguridad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

El documento del PEF admite que en el mediano plazo persisten las presiones derivadas del pago de pensiones calculadas con base en el régimen previo, aunque se prevé que estas presiones disminuyan gradualmente durante la próxima década hasta desaparecer gradualmente.

Pero cálculos actuariales difundidos a través de organizaciones no gubernamentales advierten que el gasto más alto en pensiones por parte del gobierno federal se registrará en 2035 y en el caso de sistemas pensionarios como Pemex, el pico se registrará en 2055 y se extinguirá hasta 2120.

Aunque este gasto responde a obligaciones ineludibles del gobierno y al aumento de la población adulta en edad de jubilarse, que en 2018 será aproximadamente de 9.1 millones personas, lo que más preocupa a expertos es la desigualdad entre los más de 150 sistemas pensionarios que existen actualmente.

“Tenemos un sistema pensionario fragmentado entre sistema de beneficios definidos, entiéndase una pensión universal vía CFE, ISSSTE, IMSS, PEMEX que corresponde a la generación de transición y las pensiones individuales van a recibir mucho menos”, señaló el especialista.

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Además de la desigualdad intergeneracional, también está la diferencia entre las pensiones contributivas, que se generan de lo que destinan los trabajadores formales y el gobierno a su retiro, y las no contributivas, que inició su operación como el Programa Pensión para Adultos Mayores (PAM).

En opinión de Alejandra Macías Sánchez, investigadora del CIEP, estos sistemas “perpetúan la desigualdad”, por lo que es inminente generar reformas a través de un proceso colegiado con el gobierno, la academia y la sociedad civil.

“Creemos que debería de haber ciertas modificaciones al esquema de reparto, aunque sea un tema que no se toca, porque muchas veces lo que se dice es que son personas que ya contribuyeron a sus pensiones y no tendrían por qué estar pagando, sufriendo algún tipo de recorte o que no recibieran pensiones. No es que no reciban pensiones, sino que son tan grandes en algunos grupos que pudieran reducirse, pagar impuestos y no estamos hablando de las pensiones chiquitas ni mucho menos que se queden sin pensiones, si no que sea una pensión mucho más igualitaria entre todos”, explicó la especialista.

Pese a que este sería un tema políticamente costoso, es necesario “parar la bola de nieve” que implica el crecimiento del presupuesto destinado a este rubro y hacerlo a través de una reforma legislativa.

“La generación de transición, tal y como sugiere la OCDE, ya parar la opción y decir que se reconocen los derechos hasta el día de hoy y hacia adelante se va a jubilar por cuentas individuales, como por dos vías, pero lo que se necesita es obligar a la generación de transición a cuidar el ahorro”, consideró Díaz Infante.

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Para poder orquestar una reforma integral al sistema de pensiones es urgente crear una secretaria federal, en opinión de Leopoldo Somohano, director corporativo de Estrategia y Desarrollo de Negocios de la administradora de fondos Principal.

“Cuando tienes una partida en el presupuesto que te consume 15% de tu gasto total no tienes a nadie que se encargue o se responsabilice de eso es un problema. Creemos que debe de haber esta secretaría que aglutine a todos y que trate de hacer convivir a todos los sistemas de pensiones y que generé soluciones para la problemática actual y las problemáticas normativas, acompañado con un marco normativo enfocado en estos sistemas”, explicó.

 

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