Bajo el argumento de que el turismo emplea a más de 60% de la Población Económicamente Activa (PEA) en Baja California Sur, mientras que la pesca sólo a 4%, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha planteado cerrar la actividad pesquera en el Golfo de California y declarar la Gran Reserva de la Biosfera Mar de Cortés y Pacífico como Área Natural Protegida (ANP). Esta propuesta de la dependencia federal tiene como objetivo proteger la fauna marina local, pero sobre todo promover el turismo de conservación en Baja California Sur, mismo que representa 67% del Producto Interno Bruto (PIB) del estado. Sin embargo, la decisión generaría un colapso económico y social en la región, con más de 100,000 empleos directos y 650,000 indirectos perdidos en Sonora, Sinaloa, Baja California Norte y Sur y Nayarit, los cinco estados más productivos del sector pesquero en México, así como en cientos de comunidades que dependen de esta actividad para su sustento y alimentación. En esta zona se produce 60% de los 1,300 millones de toneladas ¿De qué? que se producen en las flotas pesqueras mexicanas, un valor equivalente a 40,000 millones de pesos. La propuesta del titular de la Semarnat, Rafael Pachianno, carece de sustentos científicos y económicos pero sobretodo, de la participación de quienes viven de esta actividad legalmente, afirma el director general de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (Canainpesca), Humberto Becerra Batista: “No entienden la diferencia entre pesca ribereña, pesca en altamar y pesca ilegal. Están lastimando a un sector cumplido y ordenado. No somos los malos. La industria pesquera mexicana está monitoreada y regulada”, señala el directivo. De cerrarse, “no sólo se dejaría a las comunidades cuya vocación histórica es la pesca y la acuacultura sin un sustento para sobrevivir”, sino con la exportación de las mismas, que tendrían que importarse de China, Vietnam, entre otras naciones, asegura Becerra.   Pesca ilegal, la culpable Becerra apunta que en México, los pescadores no capturan especies como tortugas ni camarón (esquivadores) y que la industria pesquera mexicana cumple estrictamente con el marco legal existente, respeta el reglamento de especies en peligro de extinción, y ha adoptado medidas de conservación y pesca amigables para no dañar la biodiversidad marina. Por desgracia, la pesca ilegal es la actividad que ha ocasionado que organizaciones ambientales y ecológicas ‘satanicen’ a los pescadores y éste tipo de propuestas empiecen a propagarse. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) el 40% de la pesca en México es ilegal y ha rebasado la infraestructura y recursos destinados a la vigilancia efectiva en los océanos. México hizo un compromiso para proteger la biodiversidad de los mares, junto con otros 20 países, que establecía que para 2020, 10% de sus mares estarían protegidos. Actualmente, México ya rebasó esa meta y 24% de los mares nacionales están resguardados por el Estado. Otro de los grandes problemas del sector, acusa el directivo, es que se anteponen intereses de ciertos grupos privilegiados por encima del hilo más delgado, los pescadores, y afirma que no sabe de ningún otro país en el mundo que anteponga el desarrollo de empresas privadas y sectores, por encima de la seguridad alimentaria de sus habitantes. “Lo triste es que en estas áreas naturales se prohíba la pesca, pero que se autorice la minería o la extracción de gas, lo que provoca aún más daños a la biodiversidad marina que la misma pesca”, asegura Becerra.   Piden acercamiento con AMLO A su vez, asociaciones civiles e iniciativas sociales, como Impacto Colectivo por la Pesca Mexicana (ICPMX), aseguran que ya tuvieron un acercamiento con el equipo de transición del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para pedirle que se trabaje para garantizar la sustentabilidad de los mares mexicanos y procurar mejores condiciones laborales para los pescadores del país. “Nosotros también dependemos del bienestar de los mares para sobrevivir”, aseguró el tesorero del Consejo de Administración de la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas (Conmecoop), José Luis Carrillo. Por su parte, la Canainpesca pide que cualquier decisión con respecto a este tema sea estudiada por lo menos durante dos años, debido a que la dinámica de la vida marina es muy variable y que su sector “se compromete a seguir trabajando con el desarrollo de nuevas tecnologías para reducir el impacto que tienen en el ecosistema”.   Un subsector que alimenta al país, pero no a la economía De acuerdo a las últimas cifras compartidas de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), cerca de 272,500 personas están vinculadas en el sector pesquero y acuícola con 21,829 empresas pesqueras, 67 puertos pesqueros de desembarque y 74,100 embarcaciones menores para la pesca ribereña. En este sentido, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) reporta que México cuenta con 9.8% de todas las especies comerciales en el planeta, además de ocupar el décimo sexto lugar a nivel mundial como productor acuícola y pesquero. Pero aunque es el subsector de mayor crecimiento en México, con un crecimiento anual de entre 19 y 21% según la Conapesca, sólo contribuye con el 0.2% del PIB nacional. Carrillo, quien pertenece a la octava generación de pescadores en su familia y quiere que su hijo “también tenga peces para comer” asegura que independientemente de las cifras oficiales, “detrás de cada marisco y taco de pescado que se consume en México, hay aproximadamente ocho pescadores que se levantan a las cinco de la mañana con la esperanza de regresar a casa, tras una jornada laboral de entre 13 y 16 horas bajo el sol, con comida para la mesa y, con suerte, más de 50 pesos en el bolsillo”.

 

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