Por Alejandro Legorreta

Pareciera que algo no anda bien en México. Una rápida radiografía arroja los siguientes datos: el 60% de los mexicanos trabaja en la informalidad, la proporción de personas en pobreza es la misma que hace 25 años, el 87% de los delitos queda impune y, por si fuera poco, tenemos ocho ciudades entre las 50 más violentas del mundo.

Gran parte de los mexicanos coincidimos en que la corrupción es el origen de muchos males de nuestro país. Y es que nos cuesta 9% del PIB anualmente. Es un factor que inhibe el entorno de negocios y roba 14% de los ingresos de nuestras familias.

Éstos son los datos de la corrupción que conocemos y escuchamos a diario. Son los datos que han motivado enormes y admirables esfuerzos para combatirla desde hace décadas, siendo los más recientes el Sistema Nacional Anticorrupción y la iniciativa de #Ley3de3 del Imco.

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A pesar de éstos y otros esfuerzos, los indicadores no se han modificado sustancialmente. De acuerdo con Transparencia Internacional, seguimos siendo el país más corrupto de la OCDE y ocupamos el lugar 95 a nivel mundial. Este desempeño tan pobre ha llevado a muchos a afirmar que la corrupción es un asunto cultural. Pero aceptar eso implicaría resignarnos a vivir con la corrupción por siempre.

Seamos claros: el corrupto no nace, se hace, y se hace porque el sistema lo invita a ser corrupto. La corrupción es un problema sistémico en al menos dos sentidos. El primero, porque la corrupción se construye sobre la base de actos cotidianos, repetidos e invisibilizados. Y el segundo, porque desde esa base de conductas normalizadas redactamos leyes, construimos instituciones e implementamos políticas que por consecuencia son corruptas y desvirtuadas de legitimidad a la vista de la gente.

Pero ¡ojo!, el descrédito de las instituciones no le conviene a nadie. Las instituciones son los pilares de cualquier país. A las instituciones corrompidas no las podemos desaparecer sino regresarlas a su razón de ser como instrumentos al servicio de la ciudadanía.

Para lograr lo anterior, propongo tres pasos concretos:

  1. Aceptemos que el grueso de nuestra clase política no se atreve a entrar de lleno al tema de la corrupción.
  2. Recordemos nuestra capacidad de obligar a que los políticos nos representen.
  3. Más importante aún, reconozcamos que los empresarios no hacemos lo suficiente para combatir la corrupción en México.

¿A qué me refiero? Según datos recientes, la inversión del sector empresarial mexicano en proyectos de la sociedad civil equivale a un paupérrimo 0.18% del PIB nacional. Este porcentaje es inferior al de Estados Unidos, Canadá, Argentina y Brasil, y muy inferior a lo que podríamos invertir considerando que somos la decimotercera economía del mundo.

Es necesario que los empresarios nos convirtamos en protagonistas del combate a la corrupción en México. No podemos dejar que un puñado de oeneges sean las únicas en librar esta importante batalla. Los empresarios y funcionarios honestos, que somos mayoría, no podemos aceptar ser desplazados por una minoría corrupta.

Por ello convoco al sector empresarial a fijarse dos objetivos:

  1. Firmemos la iniciativa de #Ley3de3 del Imco y convoquemos a nuestros empleados, familiares y amigos a hacerlo también. Se requieren 120,000 firmas para que la iniciativa se haga ley. Debemos sumar fuerzas.
  2. Fijemos como meta que para 2018 estemos invirtiendo un monto equivalente a 1% del PIB en iniciativas de la sociedad civil, sobre todo en proyectos dirigidos a combatir la corrupción en México. El 1% del PIB apenas equivale a una décima parte de lo que perdemos por culpa de la corrupción anualmente.

Estoy seguro de que los empresarios que queremos combatir la corrupción somos la mayoría y tenemos la audacia para asumir el riesgo. Demostrémoslo.

El 2016 debería ser el año en que empezaremos a invertir en serio para combatir la corrupción, en que dejaremos de ser permisivos con ella y en que descubriremos que nosotros tenemos la llave del cambio, porque la corrupción no es destino manifiesto. Está en nuestras manos cambiarlo.


Alejandro Legorreta es presidente del Consejo de Administración de Sabino Capital.

 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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