El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha concentrado en atacar la corrupción desde las instituciones públicas, sin embargo, poco menciona a uno de los elementos más corruptores que provocan y solapan este fenómeno: las empresas.

El soborno, los robos y los fraudes son vistos como normales para empleados y directivos de las empresas a nivel global, señala la Encuesta Tendencias de Honestidad en Latinoamérica, elaborada por Amitai, una firma especializada en consultoría de ética empresarial.

“No puede haber corrupción en el gobierno sin empresas, los mayores corruptores del mundo son éstas, porque son las generadoras de riqueza y por eso es importante no atacar la corrupción de forma exclusiva solo desde el sector público porque no habría corrupción en el sector sino fuera por la ayuda del sector privado”, advierte Fernando Sentíes, director de Amitai y fundador de la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento.

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Esta encuesta apunta que el soborno es una práctica común para 23% de los empleados a nivel global, además 16% de los colaboradores justifican el robo.

Sentíes señala que no sólo se trata de las grandes empresas las que llevan a cabo estos actos de corrupción.

“Ejemplo, licitación para proveer papel a la comisión de libros de texto gratuito, no eran empresas triples A o de nivel internacional, son empresas medianas, pero la corrupción lo que impide es que todas tengan las mismas oportunidades. Por eso sucede que en un sexenio se tengan a proveedores favoritos y haya gente espantosamente rica.

“Aún en las empresas chicas también sucede porque puede llegar un auditor de salubridad a inspeccionar a un restaurante en la Condesa y lo sobornan para que pueda seguir con las irregularidades que tiene el restaurante”, apunta el especialista.

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El olvido del gobierno al combate a la corrupción desde el enfoque de las empresas es evidente en el caso de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), toda vez que aunque se señaló que la corrupción era el principal motivo para detener la obra, hasta el momento no se han señalado a empresas que hayan estado relacionadas con estos delitos.

Esta encuesta no es la única que ha señalado el nivel de corrupción que existe en las unidades económicas privadas, la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) elaborada en 2016 advirtió que 64.6% de las unidades económicas a las que consultó el estudio considera que estos actos se producen para agilizar trámites, 39.4% para evitar multas o sanciones y 30.7% para obtener licencias o permisos.

Además 82.2% de las Unidades Económicas consideran que los actos de corrupción en servicios públicos son frecuentes.

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