La propuesta del senador Napoleón Gómez Urrutia para una reforma laboral dirigida a revisar la figura del outsourcing como método de empleo ha causado polémica en cuanto al impacto, de ser aprobada, en el sector laboral, el económico y hasta en la política de comercio exterior del país.

El tema no es nuevo, ya que desde que los años de su exilio en Canadá, el líder de los trabajadores mineros ha pugnado por eliminar la figura del outsourcing o terciarización.

A principios de año, el ahora senador por Morena dijo abiertamente que las empresas del sector minero en particular, pero todas en general, deberían prepararse para enfrentar un nuevo esquema laboral, regulatorio y fiscal.

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Entonces, Urrutia, quien ocupa asientos en las comisiones de Trabajo y Minería de la Cámara Alta, que la nueva ley laboral pugnaría por la democracia sindical y que limitaría las facilidades que las grandes empresas tienen para contratar a trabajadores por medio del outsourcing que realizan empresas dedicadas a ello.

Los dardos de Urrutia se dirigieron sobre todo a empresas inmersas en la polémica por su rol en cuanto al medio ambiente y al trato laboral a sus empleados; es específico, Grupo México.

Sin embargo, al paso del tiempo, el senador por Morena se llevó una primera derrota ya que los trabajadores de la Mina San Martín, en Zacatecas, propiedad de Grupo México, dieron un paso a la democracia sindical al desprenderse del Sindicato Minero que controla el político morenista.

Regular el outsourcing como lo propone Gómez Urrutia, e inclusive suprimirlo, provocaría pérdidas relevantes en el país ya que se trata de una industria que genera por lo menos 4,400 millones y por la que se emplean a más de 5 millones de personas.

El problema es que muchas empresas en este negocio, como en muchos otros, evaden impuestos. De las plazas en estos esquemas, se calcula que apenas en 10% se cumple con los esquemas fiscales y que sólo 4 de cada 10 de las empresas en el rubro pagan sus impuestos de acuerdo a la ley. De hecho, se calcula que la evasión de impuestos entre estas empresas suma unos 450,000 millones de pesos.

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El gobierno federal actual, de hecho, ya tiene previsto un esquema para evitar la evasión fiscal a través de los esquemas de subcontratación laboral, el cual se incluye en la iniciativa de Ley de Ingresos 2020. Ahí se pretenden incluir medidas que aseguren que la empresas que paguen dichos servicios paguen el IVA.

“Se propone adicionar una fracción IV al artículo 1o.-A de la Ley del IVA, con el fin de establecer la obligación de los contribuyentes contratantes de los servicios de subcontratación laboral en términos de la legislación laboral de calcular, retener y enterar, ante las autoridades fiscales, el impuesto causado por dichas operaciones”, indica la propuesta de la actual administración.

La iniciativa de Ley de Ingresos señala que es una práctica común que las empresas contraten a otras que ofrecen servicios de outsourcing, con el fin de lograr mayor eficiencia en sus procesos.

“Sin embargo, en estos casos se ha observado que las empresas prestadoras de los mencionados servicios no cumplen con el entero del IVA trasladado y que, en contraparte, la empresa contratante sí acredita el IVA que le trasladaron, afectándose con ello al fisco federal”, señala el documento incluido en el el Paquete Económico 2020 entregado al Congreso.

Por lo anterior, la iniciativa destaca que con dicha modificación se asegurará el pago del IVA y se podrá comprobar el impuesto que le fue trasladado al contratante, toda vez que primero debe efectuarse el entero de la retención y posteriormente llevar a cabo su acreditamiento.

En cuanto a las empresas, hay un consenso en que se necesita una mejor regulación, pero no desaparecer el outsourcing, o trasladar costos adicionales a las empresas que subcontratan.

En el sector empresarial se teme que una modificación de tal magnitud al sector laboral sería un factor en contra de la aprobación del Tratado Comercial México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), el cual ya se ha aprobado en dos países y falta que EU lo ratifique. El esquema de outsourcing está muy extendido en firmas de los tres países (40 millones de personas en EU, por ejemplo), por lo que sí se debe homologar en lo posible.

 

 

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