En los años setenta solo Costa Rica, Colombia y Venezuela, en América Latina, tenían elecciones regulares y apegadas a los estándares democráticos, como son los órganos electorales independientes del poder ejecutivo, las leyes que permiten un juego equitativo a los partidos y las contiendas periódicas.

En la actualidad la mayoría de los países del continente mantienen modelos democráticos, aunque en algunos casos, como el de Venezuela, la regresión hacia conductas autoritarias es evidente y en Bolivia los afanes reeleccionistas de Evo Morales, han dado al traste con muchos de sus avances en materia legislativa. 

Cuba se cuece aparte, porque ahí no hay democracia desde los años cincuenta. 

Por ello, el tránsito a la democracia, al sur del Río Bravo, ha estado plagado de obstáculos y algunos de los más evidentes provinieron de las dictaduras militares. 

En México se construyó un entramado de partido dominante que permitió sortear las cosas hasta mediados de los años setenta y sobre todo después de los hechos ocurridos en octubre de 1968, donde el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz no pudo procesar y conducir las exigencias estudiantiles de mayores libertades y aquello terminó en una matanza y en una profunda crisis.

Fue con José López Portillo y con su secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, con quienes se avanzó de modo serio en establecer los cimientos de lo que sería nuestro actual sistema de partidos y electoral. 

Desde aquellos años, la izquierda, y en particular el Partido Comunista Mexicano, el antecesor del PRD, tuvieron un papel significativo en la transformación del régimen. No fue sencillo, pero en la actualidad contamos con instituciones solidas y el voto se respeta. 

Un ejemplo: En las últimas cinco contiendas por la presidencia, en tres ocasiones los ciudadanos optaron por la alternancia (Vicente Fox, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador) y ello fue posible porque los partidos fueron creciendo y obtuvieron mayor representación en las cámaras, las gubernaturas y los ayuntamientos.

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Esto es, la pluralidad en el poder llegó desde hace mucho, pero de la mano de compromisos con la democracia y de respeto a las autoridades encargadas de organizar y calificar las elecciones y de dinero.

Sin embargo, todo esto puede ponerse en riesgo, sobre todo si prospera la iniciativa de Morena de reducir en 50 por ciento el financiamiento público de los partidos. 

Los recursos no son los que definen las contiendas, y eso se demostró en 2006, donde el candidato que menos invirtió, y en particular en propaganda, fue quien ganó la contienda y quien más presupuestos utilizó quedo en el tercer lugar en sufragios.

El financiamiento público es importante para permitir aduanas accesibles para las corrientes que pretenden entrar la disputa democrática por el poder político. 

Es más, el triunfo de Morena y de López Obrador no habría sido posible sin la inversión que el Estado hizo en su partido. 

El modelo, establecido en la Constitución, permite que la alternancia sea posible, porque mantiene condiciones de igualdad y promueve que las actividades partidarias se fortalezcan.

Los recursos públicos, que son los mayoritarios en las finanzas de los partidos, evitan también que los poderes fácticos y entre ellos los criminales, establezcan condiciones y, en un momento dado, hasta postules candidatos.

 

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