El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se comprometió desde los primeros días de su administración a esclarecer el paradero de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rular Isidro Burgos, de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014. Los familiares de los normalistas se han reunido varias veces con el mandatario, quien en su ultimo encuentro el pasado 12 de agosto, afirmó que no claudicaría en el compromiso por “la verdad y justicia” en este caso.
La actitud del presidente y el gobierno de la Cuarta Transformación con los familiares de los estudiantes normalistas, no es similar al trato que reciben la mayoría de los víctimas de delito en el país, incluso las afectadas por violaciones graves a derechos humanos, apunta Mara Gómez, quien fue titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
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“Hay la creencia de las autoridades de que si se resuelve un caso, con Ayotzinapa ya se arregla todo el problema, perdón pero eso es un grave error, quizá un poco enfocado en (las víctimas de la) Guerra Sucia y el caso ABC en donde hay una presión brutal. Pero no se pueden enfocar en dos o tres casos y a todos los demás no les pongo atención o los atiendo de manera clientelar”, detalla Gómez en entrevista con Forbes México.
Para dar una atención igualitaria a las víctimas de delitos como desaparición forzada, tortura, trata, ejecución arbitraria y otras violaciones graves a derechos humanos, primero, es necesario tener certeza de cuántas personas han sufrido estos agravios.
En el Registro Nacional de Atención a Víctimas (RENAVI) hay registradas 37,791 personas, una cifra que no retrata con claridad “el drama nacional de violencia” que se vive en México desde el 2006, advierte la doctora en Derecho y especialista en Derechos Humanos.
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“De acuerdo con la Ley General de Víctimas, la CEAV tiene que atender a todas las víctimas de todos los delitos federales y todas las víctimas de violaciones a derechos humanos ¿cuánto es eso? El año pasado el Inegi calculó que hay 24.7 millones de víctimas del delito en un año, eso sólo de delito pero de violaciones a derechos humanos ¿cómo se cuentan?”.
Además recordó que en México hay registro de 61,000 personas desaparecidas, de acuerdo con el último reporte del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED), lo que da otra perspectiva respecto a que las personas registradas como víctimas son pocas.
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Otro aspecto de la atención institucional a las víctimas, destaca Gómez, es que en el RENAVI se integran a víctimas de delitos como fraude, derechos de autor, violaciones a derechos electorales y otros delitos entre privados, lo que genera que no haya atención y reparación del daño a víctimas de delitos graves a derechos humanos.
“Primero tenemos que focalizarnos en las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, no a los 24 millones (de víctimas registradas en el INEGI) es materialmente imposible sino las que sufren tortura, trata, desaparición forzada, ejecución arbitraria y otras violaciones graves de derechos humanos y admitir que estamos atendiendo a muy pocas, ni están todas las que son, ni son todas las que están (en el RANAVI)”.
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