El consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad los límites de financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos nacionales, provenientes de simpatizantes, militantes, precandidatos y candidatos durante el ejercicio de 2018.

En ese sentido el consejo general determinó que el límite de las aportaciones de militantes de dinero y en especie será de 85,926,664 de pesos.

En México, existe un sistema de financiamiento mixto de los partidos políticos, es decir, pueden recibir financiamiento público en forma de prerrogativas a través del INE, o privado en su modalidad de aportaciones de militantes y simpatizantes, del autofinanciamiento o de rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.

Las aportaciones de simpatizantes en dinero y especie no podrán ser mayores a 33,611,208.92 pesos; en tanto que este límite también se fijó para las aportaciones del conjunto de los precandidatos y candidatos.

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Las aportaciones individuales de simpatizantes, en dinero y especie no podrán ser mayores a 1,680,560.42 pesos, determinó el INE.

Asimismo, se recordó que la suma del financiamiento privado de los partidos políticos, bajo todas sus modalidades, incluido el autofinanciamiento y rendimientos financieros, en ningún caso podrá ser superior al monto de financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, para sus gastos de campaña y actividades específicas.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Consejero Ciro Murayama Rendón, explicó que una jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quitó una restricción temporal a la aportación de los militantes o simpatizantes, al considerarlo una limitación del derecho de los ciudadanos de poder contribuir con los partidos políticos sólo durante elecciones.

Durante la sesión extraordinaria celebrada este miércoles el consejo general también aprobó los Lineamientos para llevar a cabo la inscripción, reinscripción, cancelación, baja y refrendo en el Registro Nacional de Proveedores para los prestadores de bienes o servicios de los partidos políticos, precandidatos, candidatos, coaliciones, aspirantes y candidatos independientes.

El objetivo es cerrar la puerta a “empresas fachada” para que los recursos de los partidos políticos mayoritariamente públicos se entreguen sólo a proveedores que estén al corriente con sus obligaciones fiscales.

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