Gaseros temen desaparecer ante la apertura del mercado prevista con las leyes secundarias de la reforma energética que son discutidas en el Congreso de la Unión.

 

 

Empresas y pequeños grupos de permisionarios distribuidores de gas licuado de petróleo (LP) podrían desaparecer ante la apertura del mercado que se prevé con las leyes secundarias que se discuten en el Congreso de la Unión, en el marco de la reforma energética aprobada en diciembre del año pasado.

La comisión que reciben los distribuidores de gas LP por cada kilogramo de combustible que venden está congelada en 1.97 pesos desde hace 14 años. El estancamiento en el margen de comercialización que reciben provocó la descapitalización del sector y la falta de recursos para nuevas inversiones, por lo que se siguen usando equipos de trabajo obsoletos, con el consiguiente riesgo para la seguridad tanto de los distribuidores como de los usuarios.

El panorama para los permisionarios es cada día más complicado ante el escaso margen de comercialización que reciben por sus servicios, de tal modo que han recortado sus rutas de distribución porque los recursos que reciben ya no les alcanzan para llevar el gas a sitios ubicados más allá de 90 kilómetros, a diferencia de hace 15 años, cuando cubrían distancias de hasta 300 kilómetros.

Y mientras el margen de comercialización de los distribuidores se ha mantenido congelado, el precio del diesel, el principal combustible que utilizan las pipas y camiones repartidores de gas LP, aumentó 200% entre 2000 y lo que va de 2014.

Así que este sector del transporte no sólo registra una pérdida en ventas por más de 100,000 toneladas mensuales de gas LP en los últimos años, sino que, como consecuencia colateral, también se incrementó el uso del carbón y la leña, en sustitución del gas.

El regreso al uso de la leña y el carbón por parte de los consumidores de combustibles representa un retroceso flagrante en términos de calidad de vida, pero también un problema de salud y un daño irreversible para el medio ambiente, por las emisiones de bióxido de carbono.

La Asociación de Distribuidores de Gas LP, que encabeza Luis Landeros; la Asociación de Distribuidores de Gas LP del Interior, que dirige Víctor Figueroa, y la Asociación de Distribuidores de Gas LP y Empresas Conexas, a cargo de Octavio Pérez, demandan al gobierno federal que se les otorgue un margen de comercialización de emergencia que les permita abatir los rezagos.

Los representantes de los distribuidores de gas LP proponen un incremento paulatino en el margen de 88 centavos para llegar a 2.85 pesos. Este incremento, aseguran, no impactaría las finanzas de la Secretaría de Hacienda ni de Pemex, y tampoco afectaría a los usuarios, ya que sería absorbido por el incremento mensual que aplica la federación al precio del combustible.

El objetivo del margen de emergencia en el corto plazo es capitalizar a las empresas distribuidoras mexicanas que operan en el mercado de distribución de gas LP, a fin de mejorar el servicio y elevar la seguridad en sus operaciones, para alcanzar las condiciones que les permitan competir con las compañías internacionales que a todas luces incursionarán en el mercado.

En medio de este panorama, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó a Pemex Gas y Petroquímica Básica (la subsidiaria de la paraestatal que vende el combustible a los distribuidores) una nueva metodología para el establecimiento de los precios de venta de primera mano (precio de venta a los distribuidores).

Hasta ahora, el organismo subsidiario aplica 30 precios de venta a los distribuidores y 145 precios máximos de venta al usuario final. La nueva metodología asigna un precio de venta de primera mano a cada población. Esto significa que los distribuidores recibirán un precio en función de los costos de flete en que incurran, cuando con la anterior metodología tenían un costo de flete fijo en cada una de las zonas, independientemente de la distancia que recorrieran.

Según la Secretaría de Energía, la metodología vigente genera un sobremargen de comercialización de 52 millones de pesos al mes, por lo que con el cambio autorizado se distribuirá ese monto entre los permisionarios, de tal manera que la comisión para éstos se incrementaría de 1.97 a 2.04 pesos por kilogramo, lo cual dista considerablemente de la propuesta de los repartidores.

Los empresarios del gas licuado de petróleo han propuesto a los legisladores que estudian las iniciativas de leyes secundarias que regularán la reforma energética, una apertura gradual de su sector en condiciones similares a las del gas natural y las gasolinas, de tal modo que, antes de la libre importación de este combustible, se establezca un periodo de dos años, durante el cual los precios integren el costo real de su operación y se logren las condiciones que les permitan competir en un mercado liberalizado.

 

 

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