El gobierno mexicano habría desviado alrededor de 8,000 millones de pesos entre el 2013 y el 2014, en una “estafa maestra” en la que habrían participado 11 dependencias federales, 8 universidades y más de 50 funcionarios, de acuerdo con una investigación periodística.

A través de 128 empresas que no debían recibir recursos públicos por no tener infraestructura ni estar legalmente establecidas,  se habrían entregado ”7,670 millones de pesos en contratos ilegales”, reveló un informe elaborado por Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) y el medio digital Animal Político.

El reporte, titulado “La Estafa Maestra”, se realizó tras la revisión de las cuentas públicas de 11 dependencias, entre ellas las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Educación Pública (SEP), el Banco Nacional de Obras (Banobras) y Petróleos Mexicanos (Pemex), entre otras; con la complicidad de rectores de algunas universidades públicas.

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El desvío de recursos se realizó mediante 168 empresas fantasma, a través de distintas dependencias y utilizando como intermediarias al menos a ocho universidades de los Estados de México, Morelos y Tabasco.

“El gobierno no entrega los contratos directamente a las empresas, sino que primero los da a ocho universidades públicas y éstas lo dan después a las empresas. Sólo por triangular los recursos, las universidades cobraron mil millones de pesos de ‘comisión’, aunque no hayan dado ningún servicio”, destaca el informe de MCCI y Animal Político.

Entre los funcionarios involucrados se encuentran Rosario Robles, actual secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y Alfredo del Mazo, gobernador electo del Estado de México, durante sus gestiones al frente de la Sedesol y Banobras, respectivamente. Así como la administración de Emilio Lozoya en Pemex, quien hace unas semanas fue señalado de haber recibido sobornos de la constructora brasileña Oderbrecht.

“Luego de reportear en seis estados, revisar miles de documentos, y visitar decenas de supuestos domicilios, la investigación concluye y prueba que 3,433 millones de pesos se entregaron a empresas fantasma y cuyos socios viven en barriadas”, señala el informe.

Tras darse a conocer el informe, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) -que reportó la ilegalidad de esos contratos- indicó en un comunicado que en su momento notificó a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal las acciones para atender y solventar éstas y otras observaciones.

La encargada de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales mencionó que se inició un procedimiento de responsabilidades administrativas contra 10 servidores públicos de tres dependencias mencionadas en el informe y que también se investiga a otros 40 funcionarios.

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