Para resolver los problemas lo primero que se tiene que hacer es admitirlos. Eso fue lo que no ocurrió durante la presente administración, porque partieron de análisis incorrectos sobre el fenómeno criminal.
Creyeron que la clave consistía en revertir las condiciones sociales que generan la violencia, pero olvidaron que esto solo es factible en el largo plazo y que tiene que ser acompañado de acciones de seguridad cotidianas.
En el fondo, se sumergieron en su propia trampa propagandística y se convencieron de que la violencia la generaba el Estado y no las rivalidades criminales.
Esta evaluación provocó que se pospusieran operativos puntuales o que se evitara la confrontación directa. Esto no trajo ni paz ni tranquilidad, y, por el contrario, derivó en el empoderamiento criminal.
El ejemplo más preciso de lo anterior se puede apreciar en la captura y liberación de Ovidio Guzmán en Culiacán, donde chocaron dos concepciones, las de las fuerzas especiales que aseguraron al individuo y las que optaron por evitar daños colaterales liberando al líder de una facción del cartel sinaloense.
Si bien esto se corrigió posteriormente, con la captura y extradición a los Estados Unidos del hijo del “Chapo” Guzmán, causó un daño profundo entre los soldados que sí están dispuestos a dar la batalla de modo cotidiano.
A estas alturas, en las áreas de seguridad del gobierno mexicano, debieran tener ya claro que lo que se esté enfrentado es una situación de emergencia y que, de no tomar medidas adecuadas, la degradación irá en aumento.
Los datos son contundentes. Este sexenio, que finalizará en 10 meses, ya que concluye el 1 de octubre, es el más violento de la historia reciente. Con Felipe Calderón los homicidios dolosos llegaron a 95 mil 646, con Enrique Peña Nieto a 120 mil 437 y el último corte, hasta finales de diciembre, con López Obrador era ya de 175 mil 166 muertes. En promedio, 93 asesinatos por día.
El tiempo que se perdió es invaluable y por ello se está experimentado un crecimiento de las actividades delincuenciales que se manifiestan en bloqueos de carreteras y quemas de vehículos.
Es como una reedición de lo que se padeció entre 2008 y 2009, donde era habitual este tipo de situaciones, que no requieren de mayores despliegues logísticos de los bandidos, pero sí generan zozobra en la sociedad, que es afín de cuentas lo que pretenden las organizaciones criminales.
La curva de aprendizaje para las autoridades fue larga, y aunque no lo admitan ya hay trazos correctivos en acciones puntuales, sobre todo del Ejercito, contra los grupos que generan más violencia, los cárteles de Sinaloa y Jalisco.
Es evidente, sin embargo, que se requiere de un golpe den timón, de coordinación entre niveles de gobierno y con agencias extranjeras, para que los resultados sean tangibles. Alcanzar la tranquilidad y la paz sí es posible, ya se ha hecho en el pasado, pero requiere de inversión y sacrificio.
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En los próximos meses, la ciudadanía tendrá que tomar una decisión sobre lo que quiere y espera en materia de seguridad. Como en pocas ocasiones, ahí está la clave del futuro.
Tocará ya al próximo gobierno el cambio de fondo, y este tendrá que darse si no se quiere entrar en un terreno de todavía mayor penetración criminal.
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