Si todo sale como se ha planeado, hoy se declara presidente electo a Andrés Manuel López Obrador, con lo que se abre propiamente el camino a la transición formal del poder del titular del Ejecutivo federal, que culmina el primero de diciembre. En ese sentido, hace falta una evaluación profunda de la elección del 1 de julio, pues la vorágine del triunfo opacó cualquier intento de hacerla, al grado de que representantes de Morena felicitaron a consejeros del INE por la elección que, en otras condiciones, habría sido denunciada.

En primer lugar, gira en torno a la opinión pública, una idea de que ahora si somos un país que ha madurado políticamente y que es capaz de elegir a un gobierno de manera democrática, por lo que algunos plantearon, incluso, la idea de una graduación cívica. El caso es que, desde el año 2000, las elecciones han tenido amplios márgenes de participación, con una estructura electoral que es básicamente similar, aunque su cambio más profundo ha sido el proceso de centralización y concentración de funciones desde 2014. Si embargo, personas insaculadas, ciudadanos designados en consejos distritales y locales, funcionarias y funcionarios del servicio profesional, un padrón depurado constantemente, han sido la base del funcionamiento de la organización electoral. Pero, con estos elementos ¿no habíamos sido ya democráticos y maduros prácticamente desde la elección de 1991, o por lo menos desde 1997 cuando el PRI perdió la mayoría legislativa o desde 2000 con la primera transición?

En segundo lugar, la organización de la elección pasó por las mismas problemáticas de siempre, sin que eso haya afectado el resultado como tal. Pero hay elementos que son preocupantes en este proceso, como la incidencia de la violencia en las campañas, que llevó al asesinato de diversos candidatos y candidatas a distintos cargos, o personas involucradas en dichos procesos. El rechazo de las autoridades electorales, tanto nacional como locales, a asumir responsabilidad sobre el tema, llevó a la tergiversación de los procesos de elección de candidatos, o a la incidencia efectiva de distintos espacios de criminalidad en esas designaciones o en la elección como tal. Lo anterior abre preguntas sobre la eficiencia en los procesos de fiscalización de las campañas, en todos los niveles, para asegurar normalidad no únicamente en términos de las candidaturas, sino también de su financiamiento.

En ese sentido, la “elección más grande y compleja de la historia”, como la describían las autoridades electorales, fue de escaso interés para distintos actores, a pesar de que tuvo el número más alto, en los procesos electorales recientes, de ciudadanos tomados de la fila para servir como funcionarios de mesa directiva de casilla, fundamentalmente como escrutadores; así como el número más alto de ciudadanos que no aceptaron participar recibiendo los votos de otros ciudadanos.

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Otro aspecto relevante, además del fideicomiso de Morena, tiene que ver con el reconocimiento que hizo AMLO a Enrique Peña Nieto, por no haber intervenido en la elección, a pesar de que la misma PGR filtró en diversos momentos y mantuvo expectativa sobre uno de los candidatos, al mismo tiempo que su equipo cercano colaboró en torno a otro de los contendientes.

La elección no ha sido evaluada a profundidad, lo que puede retrasar la discusión sobre ajustes al modelo electoral que, en diversos momentos recientes, ha demostrado ser insuficiente e, incluso, contradictorio generando diversas crisis entre los distintos actores electorales, nacionales y locales. Es muy complicado que el margen que obtuvo AMLO en esta elección se repita en el futuro, por lo que no se deben soslayar los límites y complejidades del sistema electoral, que puedan generar crisis que afecten a las expectativas creadas en torno a la democracia mexicana.

 

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