Mahatma Gandhi decía: “No hay que apagar la luz del otro para lograr que brille la nuestra”, pero esa frase no va con la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador porque quiere que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) brille, aunque tenga que dejar en penumbras a las empresas privadas que generan energía renovable.
Desde su larga campaña hacia la presidencia de la República, el ahora mandatario federal prometió que impulsaría la soberanía energética y rescataría a la CFE, lo cual es plausible porque las últimas administraciones demostraron un verdadero afán por debilitar a ambas empresas y justificar la participación directa de la inversión privada.
El problema fue que sí las debilitaron y, como pésimo administrador que siempre ha demostrado ser el sector público, se requirió una reforma energética que eliminara el monopolio en el sector y por lo tanto permitiera la participación de los privados en áreas estratégicas de las industrias petrolera y eléctrica.
Sin embargo, en su deseo de rescatar ambas compañías, el presidente no puede pasar por alto la regulación e intentar frenar los proyectos de capital privado nacional y extranjero que cumplieron con la ley vigente para la generación de energía fotovoltaica y eólica.
Se debe cumplir el Estado de Derecho con el marco normativo y otorgar permisos de generación de energía que cumplan con la legislación. Si efectivamente tiene la mayoría en el Congreso de la Unión, puede preparar una reforma legal que frene las inversiones privadas aunque tendrá que estar consciente del año económico que podría causar al país y particularmente a la CFE, porque hasta ahora los precios por la electricidad que han ofertado las empresas privadas han sido inferiores a los que registra la planta operativa de la comisión.
De acuerdo con la Cámara Internacional de Comercio en México, la cual pidió certidumbre jurídica para las inversiones en el sector energético, en el país hay 26 centrales eólicas y 18 fotovoltaicas que se encuentran a punto de entrar en operación en 18 entidades de la República con un respaldo económico de más de 6 mil 400 millones de dólares de inversión directa y cuentan con 29 mil 517 trabajadores cuyos empleos deben ser asegurados para evitar que la proximidad de la crisis de empleo se agrave más.
También advirtió que en caso de que el gobierno se empeñe en no respetar el Estado de Derecho y el marco normativo los afectados recurrirán al arbitraje de inversión, lo cual debe evitar a toda costa el gobierno mexicano no sólo porque se retrasan las inversiones y los proyectos, sino también porque en caso de perder eso representa gastos innecesarios.
Fortalecer a CFE está bien. Si se administra de manera correcta puede convertirse en un competidor serio, lo que no está bien es que la quieran volver a iluminar apagando a otras empresas que lo único que hicieron fue confiar en la certidumbre jurídica y en México que permitió su entrada legal al sector eléctrico nacional.
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