El pasado domingo 18 de agosto varios centenares de personas marcharon desde el Palacio de Bellas Artes hasta las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el objetivo de exigir el cese de
jueces y magistrados que han estado involucrados en actos de corrupción.
Con el grito de “¡Fuera jueces corruptos!”, los asistentes a la manifestación expresaron su rechazo a los abusos que, consideraron, se generan todos los días en México y que afectan a todas aquellas personas que no tienen la capacidad de tejer ligas con las figuras encargadas de los procesos de seguridad y justicia, además de dictar sentencias.
El tema se ha vuelto más complejo debido a que no son solamente ellos los involucrados en el problema, también las quejas recientes han señalado el accionar de las
procuradurías de justicia federal y estatales (fiscalías), a las que colocan también dentro de este círculo negativo.
La situación no es sencilla, si bien en los últimos años se han venido gestado diversas acciones al interior enfocadas a mejorar el funcionamiento de este aparato y reducir el tráfico de influencias en su interior, aún existe mucho trabajo por hacer.
Así lo explica Guillermo Hernández, académico de la División de Derecho de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), quien asegura que más específicamente desde 2008, derivado de una reforma que se realizó en seguridad y justicia durante el sexenio del ex presidente Felipe Calderón, se empezaron a realizar distintos cambios enfocados a mejorar esta situación, aunque sigue sin poderse terminar del todo.
“En muchos ámbitos del entorno profesional existe el influyentismo, sin embargo, en este caso la situación es más grave dado que estamos hablando de instituciones públicas; entonces tenemos que seguir trabajando en establecer reglas claras que eviten que este tipo de vicios puedan seguirse generando en estos espacios”, explica el especialista.
De acuerdo con Hernández, el paso más importante que se necesita dar en este sentido está relacionado con continuar empujando la capacitación de todos los actores que están presentes dentro del aún reciente sistema penal acusatorio.
Una de las organizaciones sociales que ha documentado la situación de tráfico de influencias y, principalmente, la corrupción es Transparencia Internacional, quien ubica a México en una situación compleja. De acuerdo con su Reporte de Corrupción Global en Sistemas Judiciales, hasta un 80% de la población del país asegura tener la percepción de que México cuenta en este renglón con un aparato legal corrupto.
Es importante señalar que en comparación con otros sitios, México es puntero pues a nivel global únicamente está por debajo de países como Paraguay, Perú, Camerún, Macedonia y Bolivia.
Ejemplos presentes
Este tipo de situaciones de influyentismo las han vivido en carne propia personas como Rubén Hernández y su suegro Esteban Sergio Serrano, quienes desde hace unos años le han tenido que hacer frente.
La situación comenzó en 2016, cuando la hija del señor Sergio Serrano, Araceli Serrano, fabricó un documento, presuntamente expedido por la notaría pública de Salina Cruz, Oaxaca, que recientemente confirmó que se trata de un papel falso, en el cual su padre le donaba a ella la casa en la que vivían.
Con ese papel en sus manos, la hija se apoderó del domicilio ubicado en la colonia Defensores de la República, en la Ciudad de México, y comenzó a cambiar a su nombre todos los servicios del inmueble.
En este lugar también residen su hermana, Marcela Serrano, y su esposo Rubén, a quienes Araceli Serrano ha intentado, por diversos medios, sacar del lugar ostentándose como la legítima dueña de la casa (cuando en realidad presentó un documento falso para reclamar dicha propiedad).
Ante esta situación, desde junio de 2017 se han venido registrando al interior del domicilio diversos enfrentamientos, mismos que culminaron en una denuncia por parte de Araceli Serrano en contra de su padre, su hermana y su cuñado Rubén, a quienes acusó de supuestamente atacarla.
El hecho generó la apertura de la carpeta de investigación FGAM/GAM-3/UI-3/S/D/01368/06-2017, la cual un año después, en junio de 2018, acabó por cerrarse debido a que especialistas médicos y criminalísticos manifestaron su negativa a que existiera cualquier tipo de lesión grave en su contra.
Pero su afrenta no paró ahí, la hija volvió a la carga y junto a su abogado Fernando Zetina Arbesú intentaron nuevamente intimidar a los familiares con la reapertura de la pasada carpeta de investigación argumentando que existieron nuevos ataques en su contra, ahora más específicamente de su cuñado Rubén Hernández.
Y fue ahí donde el proceso se volvió más turbio puesto que, sin pruebas y citatorios de por medio ante el Ministerio Público, hizo que se le citara a su padre, hermana y cuñado a comparecer directamente al Reclusorio Oriente; algo que se debe de hacer por derecho, judicializando directamente la carpeta que ya estaba en manos desde hace mucho tiempo de un juez de lo familiar (este proceso estuvo en manos de la agente del ministerio público Tania Berenice Flores).
Cabe señalar que los tres miembros de la familia afectados por Araceli Serrano buscaron en su momento defensa tanto en la Procuraduría de Justicia como en la Comisión de Derechos Humanos, sin encontrar ninguna respuesta positiva de su parte.
El siguiente capítulo de esta historia está programado para mañana, jueves 29 de agosto, donde se espera que la justicia se manifieste y rompa con el tráfico de influencias.
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