Por: Santiago F. Arroyo Seguedo
Al día en que se escriben estas líneas, contamos con aproximadamente 10 años de la entrada en vigor de la coloquialmente conocida “Reforma Energética” que, en tiempos de la industria, es un periodo relativamente corto pero suficiente para el desarrollo de infraestructura con efectos positivos en la sociedad y, ya ni hablar en las finanzas del Estado mexicano.
Sin embargo, haciendo un recuento de la infraestructura energética del país, la realidad nos da una bofetada contundente al compararla con los proyectos que inicialmente se contaban, por citar algunos, las autoridades y empresas habían anunciado en 2015 y después, la introducción de 26 proyectos de almacenamiento de petrolíferos y otros refinados; en materia de industria eléctrica se tenía programada una inversión estimada de 138 MMDP en aumento de la capacidad de la Red Nacional de Transmisión y Distribución, con la finalidad de interconectar al sistema nacional la península de Baja California, así como reforzar la red en el sur y sureste del país; en materia de gas natural, se contaba con el anuncio de la estación de compresión de Zempoala (Veracruz), así como el FSRU Pajaritos (unidad flotante de almacenamiento y regasificación, en inglés). Sin embargo, hoy día, toda esta infraestructura se encuentra en pausa, conflicto o definitivamente suspendida.
Y bueno, ¿A quién culpar?
De primer momento, a cualquier lector le haría sentido culpar a la política energética de la actual administración que, si bien es cierto, no existe error en ello; sin embargo, esa política representa un pequeñísimo elemento legal a considerar, puesto que la Constitución, su legislación secundaria y normas oficiales brindan un amplio espectro de actuación para continuar con la inversión, al menos, en escalas más enfocadas hacia consumos regionales y claro, con mayor perspectiva social.
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En este sentido, también cabe señalar que en la industria podemos culpar a ciertos vicios que, hoy en día, componen el entramado de responsabilidad solidaria entre el Estado mexicano y la propia industria al observar la friolera de los resultados de inoperancia de la inversión en infraestructura energética.
Ejemplo de ello, es el apalancamiento regulatorio local necesario en toda inversión, sobre todo extranjera; es decir, la necesidad que tienen las empresas inversionistas en proveerse de conocimientos técnicos y profesionales que conocen el entorno legal, social, ambiental y cultural de los lugares en donde se desarrollará la infraestructura. Lamentablemente, en México, esta área de servicios no está libre de tener los mismos vicios de corrupción o de incapacidad que se denuncian constantemente en los gobiernos y, que se constatan con los preocupantes datos que año con año nos brinda la OCDE.
Finalmente, estas apreciaciones que hace el autor de estas líneas son con la finalidad de hacer hincapié en que, si existen fallas en el desarrollo de la infraestructura energética del país, es derivado de un factor humano vencible. Puesto que aún contamos con un sólido entramado legal para robustecer procesos de planeación y desarrollos de negocios, así como una demanda creciente de energía y energéticos en una sociedad compleja y diversa, sin pasar por alto las enormes áreas de oportunidad que brinda comenzar a tener una visión con tendencia regionalizada de la industria, como se hace ya en otros países.
Es momento de hacer a un lado la carga que representa la deuda compartida en el freno al desarrollo de infraestructura energética y, por ende, el desarrollo del sector y del país.
Contacto:
Santiago F. Arroyo Seguedo, director general de Ursus Energy y especialista en el sector energético.
Contacto: [email protected]
Twitter: @SarroyoSi
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.
