Gobernar es enfrentar crisis. El estallido del ducto en Tlahuelilpan, en Hidalgo, es una tragedia de grandes dimensiones. Más de ochenta personas murieron calcinadas y eso traerá consecuencias. La muerte envuelve al ambiente público y suele desatar narrativas poco optimistas y se queda como una marca, como un recordatorio de los fantasmas que nos acechan.

Quizá una de las primeras lecciones de lo ocurrido es que hay que tener presente la participación social en el robo de combustible. Comunidades enteras viven del negocio, o practican el huachicoleo, de tanto en tanto, para hacerse de otra fuerte de ingresos, en zonas donde la pobreza es un mal cotidiano, crónico. El desempleo en las comunidades por las que cruza el ducto de Tuxpan a Azcapotzalco es también un factor que explica que la búsqueda de recursos para subsistir sea inclusive arriesgando la vida.

Las escenas previas a la explosión describen a pobladores intentando sacar provecho de la fuga de gasolina. Tambos, cubetas y hasta tinas para almacenar un bien escaso y por ello cotizado. Hay que tener presente que desde el 23 de diciembre el flujo estaba cortado.

Es el ejemplo del primer nivel del huachicoleo, de quienes solo obtienen unos pesos. Hay, por supuesto, otros estratos en uno de los mercados ilegales más redituables, pero no hay que perder de vista el más modesto, porque es donde se tiene que desarrollar una política pública que permita una vida distinta y esto solo se logra con oportunidades y empleos.

Por desgracia, la premisa de Rousseau sobre el buen comportamiento de las poblaciones no aplica ni pude hacerlo, y sobro todo porque el contrato social está roto o muy debilitado. La oportunidad (y la desesperación) también propician las conductas delictivas y más cuando los niveles de impunidad son casi absolutos.

El Ejército, presente en el lugar, no pudo hacer mucho para contener a una verdadera turba. Los soldados no están entenados para interactuar con la población y menos en momentos de tensión.  El riesgo era latente y vino el estallido.

Esto es otra enseñanza. Si la estrategia para enfrentar el huachicoleo va a continuar, se requiere de una mayor labor preventiva y de cuerpos policiales antimotines, para actuar con oportunidad.

Contener no es reprimir y la seguridad se tiene que garantizar inclusive contra quienes la vulneran. Es evidente que habría sido menos costoso un repliegue de los pobladores que el trágico y triste desenlace que todos conocemos.

Se requiere trabajo de inteligencia, para detectar los lugares susceptibles de accidentes como el del viernes por la tarde. Hay transitar a operaciones de anticipación e insistir en atrapar a los verdaderos peces gordos.

Sin duda, la batalla contra el crimen organizado requerirá también de esfuerzos adicionales y más aún cuando queda claro que van a tener el apoyo de comunidades que han permanecido en el abandono por mucho tiempo y que encontraron en el huachicoleo un remedio a sus necesidades más apremiantes.

 

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