Los servidores públicos de confianza de la Administración Pública Federal (APF), altamente especializados y en los que recaen labores vitales para el funcionamiento de los entes gubernamentales, son el principal blanco de la serie de despidos que implementó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desde que arrancó su gestión. 

En muchos casos, los procesos de despido se llevan a cabo a través de practicas intimidatorias, presiones para aceptar liquidaciones menores a lo que les corresponde al trabajador e incluso solicitudes para que sea este “quien renuncie”, de acuerdo con diversos testimonios recabados por Forbes México. 

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“El director de Recursos Humanos me dijo que le daba mucha pena mi caso pero que tenían que correrme porque les ‘estaban solicitando plazas’ y que no tenían presupuesto para liquidarme al 100% y aunque me dijo que tenía derecho a no firmar y acudir a otras instancias me empezó a amenazar con que los prestamos que solicite en la institución -a los que tenemos derecho los trabajadores-, se iban a incrementar por los intereses”, detalla una ex empleada del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot) que pidió reservar su identidad para evitar represalias o consecuencias en su proceso legal. 

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La ex servidora pública relata que desde el 30 de diciembre de 2018 hasta la fecha en que a ella le pidieron entregar su puesto, alrededor de 40 personas fueron despedidas a través de diversos argumentos y, en algunos casos, se les menciono que se les levantaría actas administrativas con el objetivo de que firmaran sus liquidaciones por cantidades menores a las que les corresponden.

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“El Fonacot es un organismo público descentralizado con patrimonio propio y autosuficiencia presupuestal, es decir, con las utilidades que se generan se sobrevive y la Cámara de Diputados nada más aprueba nuestro presupuesto pero no nos da dinero, lo que tengo entendido es que, como dependemos de la Secretaría de Trabajo y a ellos si tuvieron que hacer reporte pues están quitando plazas de ahí para esa secretaría”, relata la afectada. 

Otra practica común es presionar a funcionarios públicos a renunciar, sobre todo a los que se agrupan en el Servicio Profesional de Carrera, un mecanismos para garantizar “la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito”, de acuerdo al artículo 2 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la APF. 

“Son despidos o terminaciones de la relación laboral con base a criterios del jefe inmediato superior, sin tomar en cuenta la capacidad de trabajo, antigüedad o eficacia del servidor público. Hay liquidaciones por debajo de lo que establece la Ley o se reduce la categoría laboral, para que poco tiempo después se liquide al trabajador, con un monto de sueldo menor y también hay acoso laboral”, relata una trabajadora del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que también solicitó preservar su identidad. 

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La especialista en derecho laboral señala que los trabajadores de confianza originalmente ya carecen de una estabilidad laboral por la misma naturaleza de su puesto, sin embargo tienen derecho a la seguridad social y al ser separados de su cargo deberán ser sujetos al pago indemnizatorio y cualquiera de las prestaciones que legalmente hubieran devengado. 

“El artículo 123 constitucional en su apartado B fracción XIV limita los derechos de los trabajadores de confianza a las medidas de protección al salario y a gozar de los beneficios de la seguridad social, pero los excluye de la estabilidad en el empleo (…) aunque eso no impide a estas personas a demandar ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje aunque sea de manera mínima el pago de finiquitos que contemplen sus partes proporcionales de vacaciones, prima vacacional, y salarios devengados”, explicó Valente Quintana Pineda, maestro en relaciones laborales y profesor de Derecho Laboral

Ante esta situación los empleados despedidos han estado recurriendo a las demandas laborales o amparos administrativos, sin embargo estos procesos suelen ser tediosos, inciertos y generalmente pueden alargarse entre dos y tres años. 

De acuerdo con un comunicado publicado el 30 de mayo de este año por la Secretaría de la Función Pública (SFP) señaló que como parte de un ejercicio de Austeridad Republicana se ha “tocado” únicamente al personal de base y operativo que representa 8.6% de los servidores públicos. En ese mismo documento la dependencia federal señaló que en julio se daría a conocer el saldo final de los despidos con motivo de la “reorientación” del gasto gubernamental. 

Pronostican crisis 

Desde septiembre de 2018 un grupo de servidores y ex servidores públicos, profesionistas y académicos alertaron en torno a los planes y medidas en aquel momento anunciadas por López Obrador  través del documento “Análisis de los Lineamientos de Combate a la Corrupción y Aplicación de una Política de Austeridad Republicana en materia de recorte de plazas, reducción de salarios, cancelación de prestaciones y aumento de la jornada laboral al personal de confianza”. 

El análisis advierte que en los servidores públicos de confianza recaen funciones como la toma de decisiones, elaboración de programas, la aplicación del marco normativo e entes gubernamentales y la inspección, vigilancia y fiscalización de los entes públicos a los que pertenecen. 

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Se trata de empleados especializados en las áreas que laboran con alto grado de conocimiento y experiencia, sin embargo han sido el blanco del recorte de personal que se lleva a cabo en la APF y en ese sentido, se pronosticó que atravesaría por una compleja situación de crisis. 

“Bajo el supuesto de un recorte drástico como el que nos ocupa, es altamente previsible que se generen serios y complejos problemas de operación al carecer del personal de confianza suficiente para en su caso, ejercer los actos de autoridad y desplegar exitosamente la función pública; pudiendo incluso comprometerse con su carencia, el total cumplimiento de metas y objetivos trazados para las instituciones públicas”, advertía desde entonces el documento. 

Lo anterior coincide con los relatos de los servidores públicos entrevistados, toda vez que señalan que el personal sindicalizado o de base no puede llevar a cabo las funciones que los trabajadores de confianza toda vez que no cuentan con los conocimientos o incluso están impedidos expresamente por los sindicatos que los representan. 

“Se ha tomado a la ligera este proceso eliminando de tajo un alto porcentaje de empleos, y no se tomaron las medidas necesarias para que se quedaran los servidores públicos mejor calificados. Ante este panorama la pregunta ahora será, ¿dónde se ubicaran estas personas despedidas?, si el IMSS también ha anunciado una caída en picada del empleo formal”, advierte Quintana Pineda.

Pero también se prevé otra consecuencia ante los despidos y la disminución de salarios: que las personas altamente especializadas decidan no integrarse al sector público.

Lo que estamos observando es que se está renunciando a captar probablemente el capital humano más especializado y lo que podría acabar inhibiendo es, que otras personas no entren a trabajar al servicio público y que hasta vean la opción de ir a otros lugares y al final del día esto puede acabar generando pérdida de conocimiento en el país”, señaló José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC).

En diversos actos públicos se ha cuestionado tanto a Luisa Maria Alcalde, secretaria de Trabajo y Previsión Social, y a Carlos Urzua, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en torno a los despidos al interior de las dependencias públicas, en la mayoría de los casos, los funcionarios de alto rango han respondido que todo se trata de un reajuste de funciones de los servidores públicos, recorte de plazas duplicadas y la reducción del gasto corriente del gobierno federal.

 

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