Más vale tarde que nuca. La Suprema Corte dará prioridad a los asuntos relacionados con las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública.
Esto es muy relevante, porque lo que irán resolviendo dará certidumbre jurídica y establecerá los horizontes en los que se tendrá que trabajar para los próximos años.
Se tienen que revisar la pertinencia y legalidad de las leyes de la Guardia Nacional, del Registro de Detenciones, el Código Militar de Procedimientos Penales, la Ley de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea y el Acuerdo que dispone del uso de la Armada Permanente.
Son cinco acciones de inconstitucionalidad, tres controversias a la Constitución y un amparo en revisión.
Los ministros no tenían muchas ganas de entrarle a estos asuntos, algunos de los cuales llevan en espera 40 meses, pero la Cámara de Diputados les solicitó que le dieran atención prioritaria.
Utilizando la facultad que le confiere la ley, Santiago Creel, como presidente de la Mesa Directiva, argumentó los parámetros de la urgencia y el Pleno de la Suprema Corte lo respaldó.
Muchas de las discusiones gravitarán en aspectos técnicos, pero otras tienen una trascendencia indudable, donde lo central será definir el porvenir de la propia seguridad pública en el país.
En términos llanos, lo que está en la balanza es la pertinencia del carácter civil de los cuerpos policiales o los de la militarización. Son modelos distintos que, en todo caso, tienen que ser definidos y legitimados desde el punto de vista constitucional.
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Es un problema mayor que no se puede esquivar. En estos momentos no hay forma de que los militares dejen de participar en las tareas de seguridad pública, pero además no se está trabajando en la conformación de un policía de carácter civil.
Es más, uno de los litigios más relevantes es justamente el que tiene que ver con la transferencia del mando y control administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
La Constitución establece una cosa (el énfasis civil) y la ley reglamentaria otra (la realidad militar). Los ministros van a tener que trabajar y decidir sobre hechos consumados y de una enorme complejidad.
Porque siendo prácticos, está cuesta arriba el revertir el proceso de militarización a menos de dos años de que termine el gobierno de López Obrador, pero se tiene que hacer, para no contravenir sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Más allá de las responsabilidades políticas del caso, se tiene que actuar con sentido práctico, para devolver certidumbre y, al mismo tiempo, no comprometer la seguridad del país.
Los análisis indican que se están enfrentando riesgos de alto voltaje, porque las organizaciones criminales son más poderosas que nunca y se puede comprometer la seguridad interior del país.
Pero, al mismo tiempo, hay grietas profundas en la estrategia de combate al delito y resulta evidente que el costo de continuar utilizando a las fuerzas armadas puede ser contraproducente en el mediano y largo plazo, más allá de los daños que ya se pueden observar.
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