La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su preocupación y condena al uso de la fuerza y violación a la libre manifestación de las ideas, luego de la presunta detención arbitraria de cuerpos policiales contra Giovanni López en el estado de Jalisco.
De acuerdo con vídeos difundidos en redes sociales, la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos detuvo al joven con uso excesivo de la fuerza, sin embargo un día después fue hallado sin vida en el Hospital Civil de Guadalajara con traumatismo craneoencefálico y algunas lesiones, explicó el organismo en un comunicado de prensa.
En ese sentido, la CNDH realizó un llamado enérgico a las autoridades municipales y estatales de seguridad a asegurar que ante toda restricción a los derechos humanos para evitar la propagación del coronavirus se cumplan los requisitos establecidos en la legislación internacional en la materia.
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De igual manera pidió garantizar el derecho a la protesta con protocolos de actuación policial, con base en los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad; además de vigilar que los cuerpos policiacos respeten las garantías de las personas bajo su custodia.
Enfatizó en realizar una investigación apegada a derecho que permita clarificar las condiciones del deceso de Giovanni López, así como sancionar y reparar los daños causados por el uso de la fuerza ilegítima, excesiva o desproporcionada.
Reiteró que la comisión, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, ha permanecido atenta de lo acontecida y en comunicación con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Jalisco.
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Recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que los Estados tienen el derecho de emplear legítimamente la fuerza para cumplir con su obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público, aunque hay un límite en ello.
Bajo ese tenor, la entidad subrayó que el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad está limitado por la excepcionalidad y la proporcionalidad, la cual será utilizada sólo cuando se han agotado y fracasado todos los demás medios.
“El Estado no podrá justificar la privación de la vida de una persona como resultado del uso de la fuerza ilegítima, excesiva o desproporcionada”, sentenció.
