Nuestro país es peligroso para las mujeres. Tan solo en enero de este año se cometieron 70 feminicidios, tres mil 411 delitos contra la libertad sexual y 13 mil 398 denuncias por violencia familiar.

Las alertas de género, que implican a las entidades de la República, se han emitido en 17 ocasiones desde 2015.

Uno de los rasgos de esta problemática, es que las mujeres maltratadas lo son, en muchas ocasiones, en sus propios hogares, por gente que conocen o por sus propios cónyuges.

Por eso, cuando acuden a centros de refugio, necesitan de atención especializada, asesoría legal y, sobre todo, solidaridad, que es lo que les permite el volver a tener confianza.

Muchas veces son acompañadas por sus hijos, los que también necesitan de apoyo y de un ambiente que les permita, en la medida de lo posible, volver a la normalidad, cuando los peligros han sido atajados o disminuidos.

Los lugares de acogida son discretos y hasta secretos, porque los perpetradores suelen seguir buscando a sus víctimas, acechándolas en todo momento.

El anuncio de que dejarán de recibir recursos el gobierno es triste por todo lo que implica, y por lo que puede impactar en la cultura misma de la protección a los derechos de las mujeres.

Más vale que la sociedad continúe ocupándose de situaciones que requieren de reflejos inmediatos, porque lo que está en juego es la vida misma de la población en riesgo.

Después de todo, una buena parte de las organizaciones que se dedican a estos temas, no reciben financiamiento público, sino de la iniciativa privada, de las Naciones Unidas y de fideicomisos que muchas veces tienen sus oficinas en el extranjero.

Esto es así, porque el problema de violencia de género es una preocupación que atañe a todos los países, por los daños que genera en la sociedad y en las familias.

Las olas de violencia responden, por desgracia, a una cultura machista y a toda una red de intereses que se activan para que impere la impunidad.

Las mujeres maltratadas tienen que padecer un calvario para ser escuchadas y que sus denuncias prosperen.

Esto no deja de ser paradójico, justo cuando las leyes permiten de mejores herramientas para la consolidación de una sociedad de derechos.

En los últimos años se avanzó mucho en el tema e inclusive, luego de las elecciones del año pasado, tenemos una integración en las Cámaras y en los gobiernos municipales, con la presencia de mujeres más elevada de la historia. La paridad, aunque falte por hacer, es un hecho.

No fue sencillo, e inclusive durante las campañas no pocas candidatas sufrieron violencia política de género, algunos partidos trataron de simular candidaturas y en otros casos se les solicitó la renuncia.

Por ello no sobra insistir en la necesidad de continuar con políticas públicas exitosas y que además cuentan con el reconocimiento de expertos y activistas.

Lo que no puede ser, es confundir la entrega de recursos con las responsabilidades que atañen a los gobiernos y a la sociedad, sobre todo la que tiene la capacidad y voluntad de organizarse.

 

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