En México, las empresas se enfrentan a un problema constante que afecta  su productividad y  capital humano: el retardo de la devolución de impuestos por parte de los gobiernos federal, estatal y municipal. 

Se trata de un obstáculo para que las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, continúen con sus procesos de producción e inversión y éste persiste en la nueva administración de Andrés Manuel López Obrador, advirtió Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). 

Por ello el líder empresarial señaló que impulsará una propuesta para que se paguen intereses a las empresas que no han recibido la devolución de sus impuestos en un periodo mayor  30 días. 

“Los más afectados con eso son las micro y pequeñas empresas, para estas compañías el capital de trabajo lo es todo, sino cobra no tiene dinero para pagar su materia prima, para pagar sus salarios, para cumplir con sus contribuciones, mucho menos para invertir. Mucho de su dinero está invertido en las cuentas por cobrar y si una de las grandes cuentas por cobrar es con el SAT, lo menos que podríamos hacer en apoyo a estas empresas es que se les empiece a pagar intereses”, detalló Salazar Lomelín. 

Las otras medidas que afectan

El empresario recordó que, además, los empresarios del país ya experimentan el impacto de la eliminación a la figura de la compensación universal, que permite que los saldos a favor del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se recuperen a través de la compensación contra otros impuestos de manera sin que el SAT tenga que autorizar la medida.

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“La autoridad ha argumentado que se hacían abusos en este mecanismo, pero si ya pasaron esos seis meses se debió generar una mejora. Esperamos que continúe está practica de eliminar la compensación universal, pero lo que sí nos gustaría pedirle a la autoridad que si va a mantener esta política nos parece justo que después de un periodo determinado si a la causante no se le ha devuelto su IVA pagado se le empiecen a pagar intereses”, dijo. 

La eliminación de esta figura se introdujo en las adecuaciones a la Ley de Ingresos de la Federación 2019, aprobada en diciembre del año pasado. 

Otra medida que podría generar incertidumbre entre los empresarios, así como a los contribuyentes es la enfocada en equiparar la evasión fiscal con la delincuencia organizada, de acuerdo con una iniciativa que se analiza en el Senado de la República. 

“Para que asustan al 99% de los contribuyentes, si nos explican los legisladores que se tratará de una ley excepcional, vamos a eliminarla. La cuestión que exigimos que un delito fiscal no es comparable con la delincuencia organizada”, señaló. 

Las cámaras empresariales han estado haciendo llamados para evitar que avance la iniciativa que, entre otras medidas, califica a las personas que evadan al fisco y las empresas fantasma como parte de la delincuencia organizada.

La propuesta está integrada por tres iniciativas de grupos parlamentarios diferentes, y tiene por objetivo inicial reformar diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional y el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal.

El dictamen apunta que serán considerados miembros de la delincuencia organizada a quienes, con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.

 

 

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