Difícilmente podemos esperar sorpresas, cambios de rumbo, anuncios espectaculares o golpes de timón en el primer informe del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Para un gobernante que expone todos los días su punto de vista, tanto en las mañaneras como en mítines públicos, el margen de misterio es prácticamente imposible.

Pero, además, porque hasta ahora la línea discursiva oficial (resumida con claridad en los spots de los últimos días) parece arrojar frutos políticos suficientes.

La transparencia con que se expresa la perspectiva presidencial, más allá de inconsistencias en la información y contradicciones flagrantes entre miembros del gabinete, nos impide alguna expectativa de novedades en este primer informe. Quizá sí, en todo caso, se podrían dar después de esta fecha mítica, en función de diversos ajustes que parecen necesarios y urgentes en la conducción del gobierno.

No obstante, lo anterior, sería deseable que se aprovechara esta oportunidad coyuntural para esclarecer diversos temas que, en los primeros nueve meses de gestión, han provocado no sólo controversias públicas, sino también no pocos problemas reales, concretos y seguramente evitables.

En el breve espacio disponible, me referiré a los que, desde mi perspectiva, son los dos temas que se requiere, con urgencia, abordar y esclarecer y/o resolver.

El primer tema, sin duda el más preocupante, es el de la inseguridad. No basta con entender que la violencia en nuestro país tiene historia y una tendencia difícil de revertir en el corto plazo. De hecho, las expectativas más optimistas nos indican que el sexenio entero será insuficiente (incluso si se aplican y funcionan las medidas hasta ahora diseñadas) y, por lo tanto, sería deseable que se establezcan claramente las metas, los límites de lo esperable y, sobre todo, el conjunto de medidas específicas para atender un problema que tiene demasiadas aristas como para ser explicado y resuelto con acciones generalizadoras.

¿Cuándo y cómo la Guardia Nacional empezará a dar resultados visibles, palpables? ¿A partir de qué datos podremos empezar a evaluar positivamente la acción gubernamental, de manera que consideremos un hecho el avance en el combate al crimen organizado, los feminicidios (y en general los crímenes de odio), los secuestros, los delitos comunes que afectan la vida cotidiana, etc.? ¿Qué temporalidad tendrá la aplicación de medidas policiacas, combinadas con los programas sociales, como para evaluar la dinámica y los efectos de esta política, en particular en la reconstrucción del muy deteriorado tejido social?

El sector salud, aun cuando sea razonable el discurso oficial sobre la orientación del gasto en términos de austeridad y combate a la corrupción, es demasiado frágil en México, como para someterlo a tratamientos inmediatistas, considerando que la gran mayoría de los mexicanos carece de recursos para trascender las coyunturas críticas que ha generado esta política de restricciones y contención del gasto. Insisto, aun cuando se pueda entender la pertinencia de buscar mecanismos de ahorro y combate a la corrupción, la naturaleza de este sector merece el avance de estos propósitos con la delicadeza, la sensatez, la previsión y la planeación puntual que eviten efectos indeseables en personas muy vulnerables.

Un ejercicio de autocrítica vendría bien al momento de arrojar datos, cifras y plantear objetivos y avances. El amplio margen de maniobra que tiene el presidente López Obrador, a juzgar por los estudios demoscópicos publicados recientemente, le puede dar también un espacio de reconsideración, con poco o ningún costo político. Incluso con perspectiva de ganancia.

Los cambios profundos requieren claridad, audacia, firmeza. Ninguna de estas características riñe con la autocrítica y mucho menos con la capacidad para advertir las opciones de enmienda que siempre estarán presentes.

 

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