La violencia que sufrimos las mujeres en nuestro país ha ido al alza. Y aunque han sido muchos los motivos que han acrecentado este fenómeno, las más lamentables son las actitudes de nuestro presidente hacia las feministas, además de los altos índices de impunidad, la falta de conocimiento en funcionarios públicos, y por supuesto la pandemia.

De inicio, pongamos sobre la mesa que el gobierno tomó la decisión de eliminar las políticas públicas que estaban enfocadas a la equidad de género, ocasionando un daño terrible a los ya escasos y débiles avances en esa materia. Por mencionar un ejemplo, refiero a la erradicación de las estancias infantiles, las cuales habían sido creadas para que las mujeres que no estaban afiliadas al IMSS o ISSSTE tuvieran un lugar seguro donde dejar a sus hijas e hijos al salir a trabajar. Pero a pesar que significaba una ayuda y que generaban empleos, las cerraron.

Y aunque se entiende que era un programa perfectible por los posibles casos de corrupción, no perdamos de vista que al único estilo de este gobierno se decidió clausurarlas, sin tomar en cuenta las consecuencias que esto tendría para miles de mujeres, niñas y niños. De hecho fue el presidente quien dijo que ahora las abuelas y abuelos se harían cargo de los menores, y aunque no se duda que lo hicieran con cariño, no es su responsabilidad; ni están en edad y ni tienen las habilidades pedagógicas para encargarse del desarrollo de la primera infancia, el cual es esencial.

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También hace unos días se anunció el cierre de las escuelas de tiempo completo, las cuales beneficiaban a 3.5 millones de niñas y niños. Y al menos el 51% de ellos vivían en zonas de alta y muy alta marginación. Además, de acuerdo con un estudio de la UNICEF se identificó que el 66% de los alumnos reciben su primer alimento del día en estas escuelas mostrando una gran mejora en el aprendizaje. Y en el caso de las madres, ellas elevaban sus ingresos en un 36%, dado que tenían mayores facilidades para poder trabajar.

Sin embargo, hoy las madres trabajadoras ya no tienen estas opciones, así como las y los niños asisten a la escuela en horarios donde las madres no pueden cumplir una jornada completa de trabajo y aquellas cuyos hijos aún no están en edad de ir al colegio, ya no tienen opciones accesibles para dejarlos bajo cuidado.

Pero aún con estos factores en su contra, según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, se encontró que el 40.9% (21,000,000) de la población económicamente activa en nuestro país son mujeres, además del hecho que son el 33% (11,474,983 ) de los hogares mexicanos los que están jefaturados por una mujer, esto incluso siendo una de las poblaciones más afectadas en el ámbito laboral durante la pandemia. Muestra de esto es que 1.9 millones de mujeres dejaron de ser económicamente activas, muy probablemente para dedicarse a los cuidados familiares.

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Entonces, las acciones parecen estar encaminadas a terminar con programas que les daban opciones a las mujeres, alternativas que parecieran no volver a generarse para atender a esta población que tanto lo necesita. Generando un daño irreparable en la sociedad.

Y aunque lo mencionado anteriormente es una realidad muy dura, tampoco el siguiente escenario muestra mejoras con relación a la violencia de género. De acuerdo al Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) 2021, se registró que la violencia familiar fue el segundo delito de mayor frecuencia en todo el 2020 y es el único que muestra un aumento de 5.3% entre 2019 y 2020, lo cual confirma un alza en la violencia contra ellas durante el período de confinamiento por la Covid-19.

Asimismo, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021 (ENVIPE) demostró que el 20% de las mujeres se sentían inseguras en su hogar y es ahí donde ocurrieron el 23% de homicidios de mujeres, en su mayoría por arma de fuego pero también el 15.3% fue por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación.

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Y por supuesto, no olvidemos que en el 2016, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, al menos el 66% de las mujeres mexicanas mayores de 15 años confirmó que había sufrido algún incidente de violencia física, emocional, sexual o de discriminación a lo largo de su vida.

A la vez, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) actualizadas hasta diciembre de 2021, se identificó que México sumaba 3 mil 462 mujeres asesinadas de enero a noviembre de ese año, dando un promedio de 10.36 mexicanas asesinadas al día.

El feminicidio es el caso más extremo de violencia de 2015 a 2020, los reportes señalan un aumento de más del 100% y el número de víctimas en un 129%. Esto sin considerar la cifra negra que las autoridades aún no tipifican por desconocimiento jurídico, en el mejor de los casos.

Para esto México Evalúa, calculó un índice de impunidad directa con un promedio nacional del 94.8% de los casos que no alcanzan resolución efectiva. Esto significa que prácticamente el estado no logra impartir justicia.

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Pero ¿qué hace el estado con estas problemáticas, cuya obligación es proteger a las y los ciudadanos y velar por sus derechos?, pues tal parece que su preocupación no es generar políticas públicas que encaminen a lograrlo, sino destruir las existentes.

¿Qué hace el Presidente de México? Nombrando y defendiendo a hombres que tienen múltiples acusaciones por violencia de género, denostando a feministas y mujeres que alzan la voz; menospreciando y demostrando desde la máxima tribuna sus propias actitudes machistas.

Esta es la situación de nuestro país, vivimos en un lugar donde las mujeres no estamos seguras ni en la calle, la escuela, el trabajo o la propia casa. Donde según la ONU Mujeres, 6 de cada 10 niñas han vivido alguna forma de violencia.

En el marco del 8 de marzo revisemos dónde estamos, qué se ha logrado y qué falta por hacer. No son días de festejo, es para hacer un balance de cuentas y exigir. Estos días exijámosle a nuestras autoridades que gobiernen con perspectiva de género, que implementen políticas públicas que nos ayuden a cerrar la brecha. Pero primero que nos reconozcan y respeten como lo que somos, sus pares.

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Contacto:

Jimena Cándano, actualmente es la Directora Ejecutiva de la Fundación Reintegra.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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