La definición de los servicios como públicos y una red operada por el Estado traerían efectos adversos a la competencia, advierten especialistas.   Definir los servicios de telecomunicaciones como públicos y de interés general, como se hizo en la reforma aprobada recientemente en el Senado, podría generar decisiones ineficientes y contrarias a la idea de competencia que se buscan con los cambios, advirtieron especialistas. En un análisis del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), que contiene la opinión de especialistas en el tema, indicó que esta idea del sector como de interés general ya se había tomado en cuenta en la antigua Ley de Vías Generales de Comunicación (LVGC), pero que fue modificada en la actual Ley Federal de Telecomunicaciones. “Durante la etapa en la que las concesiones se otorgaban con base en la LVGC, el sector contaba con muy pocos participantes por región geográfica para cada uno de los servicios. Lo anterior porque se asumía que el Estado debía garantizar la rentabilidad y continuidad de los servicios”, indicó el centro de estudios en el análisis. Advirtió que de catalogarse los servicios de telecomunicaciones como públicos, podría tener como consecuencia que las tarifas al público de los operadores se sujetarían a un régimen de autorización, algo que va en contra de las prácticas internacionales. También el CEEY indicó que en la reforma se establece que el Ejecutivo federal establezca una red compartida de servicios de telecomunicaciones al mayoreo, lo que tendría un impacto positivo en la industria al reducir la estructura de costos. No obstante, señaló que si esta red fuera operada directamente por el Estado, como una empresa pública, existiría el riesgo de que ésta se vuelva poco rentable y eficiente, por lo que propuso una asociación público-privada para la misma.  

 

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