Por Thelma López

El endeudamiento de Costa Rica pasó de 45% del PIB en 2016 a 49.1% en 2017, y para 2018 se estimó a 53.1%. Pero no es el único; los demás países de Centroamérica experimentan, en mayor o menor medida, una insostenibilidad de sus finanzas públicas.

Se calcula que al cerrar 2018 la deuda del Istmo rondaría 43.1% del pib, un ligero incremento con respecto a 42.5% de 2017. “El Estado [en estas naciones] ha tenido incapacidad para controlar la deuda, lo que se traduce en una baja calificación de deuda soberana y en un menor crecimiento”, afirma Edgar Robles, socio consultor de Ecoanálisis.

“El crecimiento [del problema] se debe a la dinámica de las obligaciones soberanas de Costa Rica, El Salvador y Panamá”, dice Jonathan Menkos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).

De acuerdo con investigaciones del ICEFI, la mayoría de estas naciones, con excepción de Costa Rica, han implementado desde hace una década algún tipo de reforma en su esquema tributario; sin embargo, esto no ha detenido la insostenibilidad en las finanzas públicas.

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En el caso de Costa Rica se estima que, la reforma que se encuentra en período de aprobación disminuirá el déficit fiscal entre 1.3 y 1.9% (la cifra de déficit a agosto de 2018 era de 7.4%), lo cual no será suficiente para reducir las demandas de financiamiento y, por lo tanto, la deuda.

“El plan fiscal no representa más de 25% del problema fiscal; sin embargo, muestra una tendencia: por primera vez en 16 años se aprueban impuestos para que los inversionistas internacionales recuperan la confianza”, dice Robles.

El Salvador también realizó reformas al enfrentar el riesgo de caer en “default” con los fondos de pensión. El problema comenzó en abril, con un atraso en los pagos que derivó en una baja en la calificación crediticia y en una reforma del sistema de pensiones que afectó la rentabilidad de estos ahorros y la sostenibilidad de la deuda del Estado.

Aun así, la reforma le ha ahorrado al país 0.7% del pib en deuda, pero sin otras acciones su impacto se desvanece, explica José Andrés Oliva, investigador de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).

Control de transferencias, efectividad en programas sociales y disminución de la burocracia son alternativas para revertir la deuda, según expertos entrevistados por Forbes.

En el caso de los programas sociales, Fusades ha encontrado errores de inclusión en términos de subsidios o de política social, lo que significa que dichas prerrogativas benefician a una población para la cual no han sido creadas. Los errores de inclusión en el sector electricidad son de hasta 70%, y en agua llegan a 60%, de acuerdo con Oliva.

En Costa Rica, los expertos señalan que el gobierno deberá enfocarse en eliminar duplicidades en el empleo público, analizar temas de generación de trabajo y producción y eliminar cuellos de botella como la tramitología.

 

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