Entre 2021 y 2022 los riesgos de corrupción en las compras públicas del Gobierno Federal aumentaron en 71% de las instituciones y bajó solo en 28% de éstas.
De acuerdo con el Índice de Riesgos de Corrupción (IRC) 2023 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el año pasado, las instituciones públicas federales adjudicaron 2.5 millones de pesos a empresas fantasma, 107.8 millones a empresas sancionadas y 3,474 millones a empresas de reciente creación.
En los años antes mencionados, aumentó el riesgo de corrupción en las compras públicas en 184 de 260 instituciones federales y disminuyó en 76.
“En el Gobierno Federal, persisten las prácticas de contratación que obstaculizan la competencia, la transparencia y el cumplimiento de la ley”, alertó el IMCO.
Laboratorios Biológicos y Reactivos de México (Birmex), se identificó como la institución con mayor riesgo de corrupción al obtener un puntaje de 70 puntos en el IRC, 26 puntos más que el año anterior, y es que, 99% de sus compras públicas se realizaron a través de adjudicaciones directas e invitaciones restringidas.
Mientras que la institución que más incrementó su puntaje de riesgo fue la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, ya que entre 2021 y 2022 pasó de 25 a 68 puntos en el IRC.
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El IMCO apuntó que las prácticas de riesgo en las compras públicas del Gobierno Federal durante 2022 fueron:
Falta de competencia. Desde 2019 hay menos competencia económica en las compras públicas. En particular, 38% del monto gastado en compras públicas en 2022 se adjudicó directamente y 25% de los concursos realizados tuvieron tres participantes o menos.
Falta de transparencia. Más de 13,000 adjudicaciones directas (16%) no contaron con el documento del contrato a disposición del público y poco más de 2,000 licitaciones públicas (30%) estuvieron incompletas (carecían de documentación completa).
Incumplimiento de la ley. 45% de las compras públicas de 2022 fueron publicadas en Compranet después de la fecha de inicio del contrato.
Proveedores de riesgo. En 2022, las instituciones federales gastaron más de 107 millones de pesos en contratos con proveedores sancionados por la Secretaría de la Función Pública.
Finalmente, resaltó que las compras del sector salud fueron de las menos competitivas, pues 74% del monto gastado en medicamentos fue adjudicado directamente.
El organismo destacó los casos de los Institutos Nacionales de Salud, particularmente el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra (INR) y el Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN):
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