El derecho a la identidad y la protección de datos personales y biométricos vuelve a ser tema de atención. El 14 de marzo la Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Operación de los Registros Civiles, “para garantizar el derecho a la identidad de las personas y el acceso a los servicios que proporcionan”.
La ley tuvo el respaldo de legisladores de Morena, PRI, PT y PVEM. En contra, PAN y MC. Ahora la ley pasará al Senado de la República para seguir el proceso legislativo.
Dos aspectos generales destacan de la nueva ley. El primero, apunta a definir las bases para armonizar y homologar la organización y procedimientos de los Registros Civiles en el territorio nacional y en el extranjero. El segundo, otorga al Poder Ejecutivo, a través de la SEGOB, la facultad para crear y administrar un nuevo Sistema Nacional de Registro de Identidad (SID) que integrará datos personales y datos biométricos de los mexicanos que tengan un registro civil.
Al amparo del artículo 121 de la Constitución Política, que otorga a cada entidad federativa determinación libre y soberana acerca de su propio Código Civil, la calidad en la información de los registros civiles presenta importantes diferencias. El país ha avanzado en la cobertura del registro de la población, pero algunos factores sociodemográficos siguen repercutiendo para tener registros extemporáneos o erróneos. No es menor decir que en 2015 alrededor de un millón de mexicanos carecían de acta de nacimiento, según un estudio de INEGI y UNICEF.
Para un país como México, tener un registro civil robusto es vital para que el gobierno pueda planificar de manera más efectiva su intervención a través de programas sociales. Es tan relevante contar con un sistema efectivo de registro, que puede ser visto como la piedra angular para que el Estado pueda proporcionar a las personas prueba legal de su identidad, la cual, a su vez, permite ejercer derechos humanos fundamentales, así como tener acceso a servicios públicos, sociales y privados (Banco Mundial).
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La crisis forense derivada de los más de 95 mil desaparecidos pone de manifiesto la necesidad de garantizar el derecho a la identidad, como una política de Estado. El peso de la realidad debería ser un incentivo para que el Senado analice también la Ley General de Población, aprobada por la Cámara de Diputados desde el 3 de diciembre de 2020, que abroga la de 1974, y por la que propone crear el Registro Nacional de Población y el Servicio Nacional de Identificación Personal.
La identificación plena de la población en México a través de una cédula única de identidad digital es un objetivo cada vez más ineludible. El Estado debe ser la entidad que acredite fehacientemente el registro e identidad de las personas, y ser la autoridad única que permita a otras instituciones públicas y privadas, verificar la identidad de las personas. Sobre esto último, destaca que algunas instituciones bancarias pueden verificar la identidad de los usuarios a través de la información del Padrón Electoral a cargo del INE.
En un entorno donde la tecnología permea a prácticamente todas las áreas de la actividad humana, podría pensarse en los beneficios de crear un ente autónomo encargado tanto de la integración del de Servicio Nacional de Identificación Personal, como del resguardo, validación y autenticación de la información personal y biométrica, a la vez que sea el ente garante de la protección de los datos de carácter personal. La historia de desconfianza de la sociedad mexicana en sus instituciones no puede seguir siendo instrumentalizada para impedir que el Estado Mexicano provea una política que garantice la identidad de las personas.
Contacto:
Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford y Licenciada en Ciencia Políticas y Relaciones Internacionales, por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Twitter: @palmiratapia
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