El pago de pensiones representa el 15.5% del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) en 2017 y 3.7% del Producto Interno Bruto (PIB), con tendencia a incrementarse en los siguientes años, generando presiones sobre el presupuesto restante para realizar política pública, revela el reporte “Pensiones en México: 100 años de desigualdad”, elaborado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

“El gasto público que se asigna para cubrir las pensiones es inequitativo entre las instituciones, los tipos de pensión ya sean por reparto o cuentas individuales, y entre las generaciones de mexicanos, lo que lo hace desigual, insostenible y, además, carece de transparencia”, dijo Héctor Juan Villarreal, director del CIEP.

Sunny Arely Villa Juárez, directora de Gasto Público del CIEP, señaló que en 2017, del total del gasto en pensiones, únicamente el 5.2% de la asignación para este fin se destina al Programa para Adultos Mayores (pensión no contributiva), beneficiando al 49.9% de los pensionados totales”, indicó.

De acuerdo con el análisis, del total del gasto en pensiones contributivas, 48.5% corre a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde se encuentran asegurados el 75.3% de los pensionados del tipo contributivo.

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“Es decir, más del 50% del total del presupuesto destinado para el pago de pensiones contributivas se concentra en los extrabajadores de alguna institución de gobierno, que representan el 24.7% del total de los pensionados contributivos”, comentó Villa Juárez.

La mayor diferencia, entre lo asignado por pensionado, según institución, se encuentra entre la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos y Luz y Fuerza del Centro, quienes reciben en promedio, 8.8, 6.7 y 11.3 veces más que un pensionado del IMSS, respectivamente

Para poder reducir la desigualdad, incrementar la transparencia y hacer sostenible el sistema de pensiones, Villarreal Páez concluyó que es necesario evaluar el tamaño del pasivo contingente pensionario, propiciar una convergencia en reglas, revisar los compromisos en el sistema de reparto, reformar el sistema de cuentas individuales, reflexionar sobre la pensión no contributiva, impulsar el ahorro voluntario, así como controlar el gasto público dirigido a pensiones, entre otras acciones.

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