¿Federalismo disfrazado de centralismo?

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Centralizar la lógica de las elecciones locales, eliminar la capacidad de los congresos y los poderes judiciales locales en torno al tema penal y restar capacidad a los ejecutivos y los congresos locales sobre el uso de los recursos de acuerdo a sus propios contextos nos ubica en una condición de centralismo de facto.

 

 

Entre los temas fundamentales que se han planteado en el Pacto por México o en la discusión política reciente, resaltan tres de ellos, que nos hacen pensar en una pregunta de fondo que parecía resuelta desde el siglo XIX: ¿queremos una República Federal o una Centralista?

En el tema de los procesos electorales, federales y estatales, tanto en su organización como en el control de los actores que inciden en ellos y en sus resultados.; el de las deudas estatales y municipales, así como las propuestas de códigos penal y de procesos penales únicos, dicha pregunta toma más sentido.

México es uno de los cuatro países de América Latina que instauró un esquema federal desde el siglo XIX. El resto de ellos se mantuvieron bajo el sistema centralizado que había imperado en la colonia. A diferencia de los otros tres países, en México fue más complicado hacer que el federalismo funcionara, debido a que el tránsito de provincias a estados no se materializó por la ausencia de poder de sus estructuras administrativas, además de que era más relevante construir el poder nacional en detrimento de las estructuras intermedias e, incluso, a costa de los poderes municipales.

El federalismo comenzó a dar cierto color a finales del siglo XX, con el desmantelamiento del poder presidencial y el apoderamiento de los gobernadores de los estados. Esto se intensificó con la distribución de recursos que antes ejercía la Federación, en beneficio de estados y, en menor medida, de los municipios. De tener un presidente fuerte, pasamos a tener gobernadores fuertes con capacidad de desafiar al poder federal.

Así, los gobernadores se hicieron de poder que antes no tenían, gracias a la ausencia de mecanismos de control, que no habían sido necesarios, así como por la impericia y complicidad de quienes en el espacio federal deberían haber establecido mecanismos claros de coordinación administrativa y fiscal.

Al controlar tanto los temas de los procesos electorales locales, los recursos y la capacidad de deuda de sus entidades y municipios, así como los espacios de derecho penal cuya aplicación es fundamental para no generar impunidad, los gobernadores se convirtieron entonces en el nuevo contrapeso de distintos grupos de poder que históricamente habían mantenido capacidades de decisión y control.

Es en ese contexto en el que las propuestas de un Instituto Nacional de Elecciones, un Código Penal y un Código de Procedimientos Penales únicos, así como de reglas de coordinación fiscal y límites de endeudamiento, se han ubicado en la cúspide del interés de diversos grupos, fundamentalmente de presencia nacional.

El esfuerzo de recentralización del poder político y de las capacidades más relevantes que ese poder tiene, es sintomático del reacomodo de la correlación de fuerzas que se da en el contexto de las reformas recientes.

Es cierto que en los últimos 15 años podemos encontrar excesos de diversos gobernadores en los tres espacios que se han comentado. Pero también es cierto que dichos excesos se han dado ante la complicidad del poder federal y de los distintos grupos de poder en torno a él.

Centralizar la lógica de las elecciones locales, eliminar la capacidad de los congresos y los poderes judiciales locales en torno al tema penal y restar capacidad a los ejecutivos y los congresos locales sobre el uso de los recursos de acuerdo a sus propios contextos, nos ubica en una condición de centralismo de facto.

Es poco probable que las iniciativas mencionadas pasen en la forma en que se ha planteado, pero sí reflejan una fuerte presión que ya en otros momentos ha dominado, como cuando se creó la condición de las elecciones coincidentes y concurrentes, cuyo efecto fundamental es modificar la lógica de los procesos de competencia política y alinearlos a la influencia nacional.

El esquema federal requiere de la construcción de contrapesos no únicamente en el espacio del poder dividido en órganos que detentan funciones distintas, sino fundamentalmente en el ejercicio del poder territorial. Si limitamos la capacidad estatal, entonces debemos dejar de simular y ajustar el tipo de República que queremos, para pasar de una federal a una centralizada.

 

 

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