En algunos estados, como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, 50% de las escuelas públicas no cuentan con sanitarios funcionales. Sin embargo, el gobierno tiene un plan para obtener 50,000 mdp del Programa Escuelas al CIEN. Te contamos de qué se trata.

 

México enfrenta un severo problema en materia de educación que no sólo está relacionado con la enseñanza. Las necesidades dramáticas en las escuelas públicas y un débil crecimiento económico motivaron la creación de un nuevo mecanismo financiero para realizar mejoras en infraestructura.

Se trata del Programa Escuelas al CIEN (Certificados de Infraestructura Escolar Nacional), con el que se busca bursatilizar proyectos equivalentes a 25% de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), para que en los próximos tres años se puedan obtener hasta 50,000 millones de pesos (mdp) para mejoras en infraestructura.

Especialistas consultados coinciden en que a pesar de que la iniciativa puede representar grandes beneficios, aún se desconocen elementos fundamentales, como la tasa de interés que se pagará a los inversionistas, las reglas de aplicación de los recursos y la limitada cobertura que se puede alcanzar, pues se prevé beneficiar a 33,000 escuelas, cuando en el país existen 180,000 centros educativos.

 

Escuelas precarias y retos de transparencia

Aunque México gasta más de 5% del Producto Interno Bruto (PIB) en educación, el panorama en materia de infraestructura no es alentador: 11.5% de las escuelas de nivel básico no cuentan con baños, y de ese porcentaje 47.1% no tiene drenaje, mientras que 25.7% están construidos con materiales precarios,  revelan cifras del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial 2013 (Cemabe) realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En algunos lugares como Chiapas, Guerrero y Oaxaca la ausencia de sanitarios funcionales aumenta a casi 50%.

A nivel nacional, 31% de las escuelas no tiene agua corriente y 46% no cuenta con los servicios de drenaje básicos; en Oaxaca, estas cifras ascienden a 60 y 82%, respectivamente.

Existe un gran rezago en otros factores que influyen en el aprendizaje: 7% de los planteles en el territorio nacional no cuenta con un pizarrón, 10% no tiene electricidad, 36% no gozan de alguna área deportiva y 94% no puede acceder a un laboratorio.

“Las condiciones en nuestras escuelas están muy golpeadas. Hemos reclamado que el sistema use los recursos de una manera ineficaz, corrupta, opaca, e inclusive que ese gasto es manejado por cúpulas sindicales y burocracias que viven del presupuesto sin servir bien a la educación”, declara en entrevista Claudio X. González Guajardo, presidente de la organización ciudadana Mexicanos Primero.

En este sentido,  González Guajardo explica que a la fecha hay registrados 298,000 pagos irregulares en el sistema educativo, los cuales se destinan a comisionados, personas que trabajan en centros de trabajo distintos de los suscritos en su nómina, jubilados, retirados e incluso fallecidos.

Ante ello, afirma que si bien es positiva la emisión de estos certificados, será necesario que se transparenten los mecanismos a través de los cuales se van a financiar los 50,000 mdp y se diseñen nuevas reglas para la aplicación de esta herramienta, además de que se implanten mecanismos de seguimiento y evaluación de la asignación de recursos.

A continuación te presentamos 10 puntos básicos para entender el funcionamiento y operación de los llamados ‘bonos educativos’:

1. ¿Qué son los CIEN?

Los Certificados de Infraestructura Escolar Nacional (CIEN) implicarán la colocación en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) de proyectos por 25% de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), con el objetivo de obtener hasta 50,000 mdp para mejorar la infraestructura de las escuelas del país en los próximos tres años.

“El FAM es el instrumento a través del cual el gobierno destina recursos para la infraestructura educativa en las entidades federativas”, detalla una publicación en el sitio Gob.mx, iniciativa encabezada por la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República y la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de la Función Pública.

Estos certificados tienen como objetivo ayudar a la infraestructura existente, además de impulsar el desarrollo de nuevos planteles.

Es importante destacar que estos instrumentos no son bonos, ya que para serlo deberían ser presentados por el gobierno federal; sin embargo, los CIEN serán emitidos por una institución pública, que es el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), explica Fiorentina García Miramón, especialista en educación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Asimismo precisa que en términos de deuda, “los bonos tienen un plazo establecido de acuerdo al tipo de bono, y un certificado. Un certificado le da a la institución que lo emite la facilidad de determinar el plazo de la deuda, el monto y las condiciones generales de pago, así como la tasa de interés que ellos necesiten”.

 

2. ¿Por qué surgen?

El Programa CIEN fue anunciado durante el mensaje del Tercer Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Forma parte las 10 medidas que buscan impulsar el crecimiento económico, fortalecer el Estado de derecho y hacer frente a la desigualdad.

Sin embargo, para la especialista en educación del CIEP, estos certificados surgen por dos factores: “En primera instancia, por la necesidad de mejorar las condiciones en las que se encuentran las escuelas en México, y porque tras el recorte presupuestal del próximo año el gobierno necesita seguir financiando este rubro.”

 

3. ¿Cómo funcionarán?

Alma Maldonado, especialista en educación superior del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), explica que los recursos obtenidos a través de la emisión no se entregarán a las instituciones educativas de manera directa.

Su ejercicio será mediante la participación de un fideicomiso, que probablemente podría estar administrado por Banobras.

“En este momento hay muchas cosas que no están tan claras y queda la duda de cómo van a hacer la distribución por escuelas cuando las necesidades de cada estado son diferentes. Pero, creo que la existencia de un fideicomiso va a ayudar a transparentar el manejo de los recursos cuando éstos se otorguen a cada institución”, explica la investigadora.

Por ahora, los organismos relacionados con el programa no han brindado mayor  información de los posibles administradores ni las responsabilidades que deberán asumir.

La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), supervisará la ejecución y construcción de los proyectos y elaborará las reglas de operación.

Además,  se abrirá un portal especial en que se proporcionará información sobre las instituciones beneficiadas, los montos otorgados, los resultados, así como los avances físicos y financieros de cada trimestre, con la finalidad de dar mayor transparencia al proceso.

Se espera que entre finales de noviembre y principios de diciembre se haga la primera emisión de certificados, por entre 10,000 y 15,000 mdp.

 

4. ¿Quiénes serán los beneficiados?

El programa contempla el mejoramiento de más de 33,000 planteles escolares: 31, 588 de educación básica, 928 de educación media superior y 1,233 de educación superior, de acuerdo con datos de la SEP.

Estas escuelas son independientes de las que están suscritas al programa de la reforma educativa, que es operado por la Subsecretaría de Educación Básica.

La conformación del listado de planteles susceptibles de ser beneficiados está basado en información proporcionada por el censo del Inegi y de un diagnóstico realizado por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed).

 

5. ¿Cómo se distribuirán los recursos?

Al participar en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) en el estado de Morelos, Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública, explicó que la distribución de los recursos estimados en 49,519 mdp se dará de la siguiente manera:

  • 31,646 mdp para educación básica
  • 2,300 mdp para media superior
  • 15,573 mdp para superior

Con los certificados se beneficiará a 5.2 millones de alumnos en 2,011 municipios; de éstos, 1.7 millones radican en comunidades indígenas.

 

6. ¿A qué proyectos se destinarán los recursos?

A finales de octubre, Héctor Gutiérrez de la Garza, director general del Inifed, explicó en una reunión con la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores que la prioridad del programa será la instalación de seguridad estructural, techos, pisos, áreas de usos múltiples, servicios sanitarios, mobiliario y de conectividad, de acuerdo con las normas internacionales.

Además, insistió en garantizar la transparencia en todo momento: “Tenemos que cumplir con la normatividad precisa de la Ley General de Transparencia e Información.”

 

7. ¿Quiénes son los posibles inversionistas?

Los posibles candidatos son los inversionistas institucionales, gran público inversionista y las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore).

La iniciativa privada también ha mostrado interés. En septiembre pasado, Juan Pablo Castañón, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), declaró que el sector empresarial del país tiene intenciones de invertir en estos certificados.

 

8. ¿Es un instrumento de deuda?

“Los CIEN son un mecanismo bursátil que no constituye la contratación de deuda pública, ya que están respaldados por los mismos recursos del FAM; de esta manera, éstos se pueden multiplicar”, argumenta la iniciativa Gob.mx en una publicación.

Aunque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) también ha rechazado que la emisión de estos certificados hacia 2018 represente un incremento en la deuda gubernamental, la especialista del CIEP tiene una visión opuesta.

Esto se puede explicar de la siguiente manera: los certificados tendrán una cotización (un precio), una colocación pública, un tipo de tasa de interés y existe un riesgo del emisor porque hay una capacidad de pago del que va a emitir los CIEN.

“Ha habido mucha discusión. El gobierno no ha querido nombrar las cosas como son porque la deuda en el momento preciso en el que estamos, en medio de un recorte, la depreciación del peso y el aumento de la deuda, generaría más controversia al respecto. Pero no por utilizar la palabra deuda está mal; todo depende de la finalidad que tenga ese dinero, y en este caso va a ser para una infraestructura de los alumnos, y eso no significa que sea algo malo”, expresa Fiorentina García Miramón.

 

9. ¿Cuál es la participación que tiene el gobierno?

Ignacio García de Presno, socio de Infraestructura y Asociaciones Público Privadas de KPMG México, explica que de igual forma que con la Fibra E, la participación del gobierno estará limitada a ser el intermediario entre los inversionistas y los CIEN, pero no tendrá responsabilidad o  injerencia en la operación y funcionamiento de los mismos.

 

10. ¿Cuáles son sus principales riesgos?

Los CIEN se pueden convertir en un instrumento efectivo para beneficiar a miles de escuelas. Sin embargo, los especialistas explican que la reasignación de recursos del FAM podría ejercer presión en las finanzas estatales.

Actualmente, el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) proviene de las aportaciones federales, de recursos del Ramo General 33, que la federación transfiere a las haciendas públicas de los estados, Distrito Federal y, en su caso, municipios, condicionando su gasto  al cumplimiento de objetivos.

Es decir, los recursos se transfieren a las administraciones locales de manera directa con el compromiso de utilizarlos en la mejora de infraestructura. Sin estas transferencias, los proyectos de largo plazo de los gobiernos estatales y municipales podrían verse afectados y estas administraciones tendrían que incurrir en aumentos de deuda para lograr sus metas.

 

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