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Por José Galindo*

Los grandes empresarios juegan un papel fundamental en la capacidad de los gobiernos de poner en práctica su agenda en diversos campos de las políticas públicas. Sin embargo, la concentración del poder económico en unos cuantos empresarios por periodos prolongados juega en detrimento de la consolidación y solidez institucional de los países.

En México, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se presentaron los niveles más altos de corrupción observados en el país. La nación perdió al menos 6 puntos y 29 lugares entre 2012 y 2018, según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, sólo superado en el último año por Venezuela, Haití, Nicaragua y Guatemala en América Latina. Esta situación fue capitalizada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para hacer del combate a la corrupción el lema central de su plataforma para su candidatura hacia la presidencia.

Desde su campaña, AMLO vio la conveniencia de no seguir beneficiando a empresarios de la que él llama “mafia del poder”, muchos de ellos favorecidos en los procesos de privatización de los últimos 30 años, sobre todo en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Empresarios como Emilio Azcárraga, Carlos Slim, Alfredo Harp, Ricardo Salinas Pliego, Roberto Hernández, Germán Larrea, Alberto Baillères, Claudio X. González, Jerónimo Arango, Carlos Peralta y Lorenzo Servitje, por mencionar sólo algunos, formaron parte de la lista negra de AMLO cuando comenzó a referirse a un grupo de empresarios y políticos que “fomentaron, a través de la estructura política, hacerse del poder económico”.

Por su parte, en 2011, AMLO comenzó a tejer alianzas con otros empresarios que jugarían un papel clave en su victoria electoral de 2018. Sin embargo, la mayoría de estos empresarios habían sido también cercanos a regímenes priistas y panistas anteriores, y no eran la excepción en cuanto al manejo de sus negocios de la misma forma que aquellos que AMLO clasificaba desde tiempo atrás como integrantes de aquella “mafia del poder”.

Es decir, la operación y el éxito de sus negocios había dependido hasta ese momento del modelo mexicano de capitalismo de cuates; tal es el caso de Alfonso Romo, el empresario más cercano a ALMO, quien consolidó su actividad empresarial a lo largo del sexenio de Salinas y, posteriormente, apoyó activamente la candidatura presidencial de Vicente Fox. Entonces, la mayoría de los empresarios que apoyaron a AMLO desde el origen de la construcción de su última candidatura presidencial, en algún momento apoyaron a otros regímenes o surgieron de ellos.

Resalta también el hecho de que, conforme se fue acercando la elección presidencial de 2018, AMLO fue eximiendo a algunos miembros originales de la “mafia del poder” y sumándolos a su proyecto de gobierno. Destaca el caso de Ricardo Salinas Pliego, quien, desde los primeros días del gobierno de AMLO, comenzó a recibir los frutos de esa alianza cuando una de sus empresas, Elektra, por medio de su brazo financiero, Banco Azteca, fue elegida para emitir las tarjetas y dispersar los recursos de los programas sociales del gobierno federal.

Esta cercanía con elementos antiguos de la “mafia” y otros empresarios surgidos del panismo y priismo también se ha fortalecido con la creación del Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, fundado por AMLO en febrero pasado. Lo encabeza Alfonso Romo y se conforma por empresarios como Ricardo Salinas Pliego, Bernardo Gómez (cercano a Emilio Azcárraga), Olegario Vázquez Aldir, Carlos Hank González, Daniel Chávez, Miguel Rincón, Sergio Gutiérrez y Miguel Alemán hijo.

A últimas fechas, AMLO también ha moderado considerablemente sus dichos en campaña sobre los empresarios, y sus acciones con respecto a los más beneficiados de administraciones anteriores distan mucho de ser lo que la mayoría de los electores esperaba cuando lo eligieron presidente: que estos personajes fueran enjuiciados o, al menos, que marcara una clara distancia respecto de ellos.

Un ejemplo reciente de que AMLO, al contrario de marcar distancia, ha fomentado el acercamiento con esta élite empresarial, es que, desde septiembre de 2018, con la excusa de su gran afición al beisbol, se acercó al financiero Alfredo Harp, a quien calificó, en un tuit publicado en ese mismo mes, como “posiblemente, el filántropo más importante de México”. En marzo de 2019, en conjunto con Harp, AMLO inauguró el nuevo estadio de beisbol del equipo Diablos Rojos de México, que pertenece a Harp.

Es difícil encontrar en la lista de empresarios favoritos de AMLO nombres nuevos, es decir, desvinculados de gobiernos anteriores. Además, el número de procesos de adquisiciones importantes del sexenio es aún bajo como para poder presentar con claridad los nombres de nuevos ungidos de esta administración. Entonces, a pesar de las posibles acciones que AMLO pudiese implementar en el futuro para beneficiar a nuevas empresas, todavía es muy temprano para hablar de nuevos empresarios surgidos netamente del lopezobradorismo y, mucho menos, de una sustitución del empresariado tradicional por uno nuevo que pudiese acatar las directrices de la política anticorrupción del presidente e implementar una forma diferente de hacer negocios, que no dependa de la cercanía con los altos funcionarios de gobierno.

Lo anterior tampoco ayuda mucho a la movilidad social del país, pues son los mismos empresarios, con sus mismas estructuras empresariales y redes, quienes, hasta este momento, se están beneficiando de las decisiones económicas del nuevo régimen, lo que se suponía que de ninguna manera sería tolerado por esta nueva administración.

Parece, además, que el nuevo gobierno mantendrá una gran flexibilidad en la aplicación de las leyes de adquisiciones y que no cesará el teatro en los procesos de licitación pública, invitación a tres proveedores y adjudicación directa, creado por administraciones anteriores. Este teatro consiste en que los procesos de adquisiciones sean ganados por aquellos proveedores que el gobierno desea, haciendo parecer que se llevaron a cabo cumpliendo las leyes meticulosamente. Hasta ahora, en algunos casos el gobierno actual ha utilizado la arbitrariedad para la adjudicación directa en adquisiciones y asignaciones de contratos de bienes y servicios. Un ejemplo reciente, además del ya mencionado de Banco Azteca, es la adquisición de 671 pipas de combustible por 92.1 mdd; esta adquisición tan sonada fue adjudicada de manera directa a más de una empresa; sin embargo, 410 pipas del total, por un monto de 53.1 mdd, se adjudicaron a la empresa Navistar, lo que representa más de la mitad del monto total de la operación. Además, en otros procesos de adquisiciones del gobierno actual, se ha invitado a empresas con un historial negro de corrupción, como lo hizo Pemex para la licitación restringida para construir la nueva refinería de Dos Bocas. Estas empresas son Technip, KBR y los consorcios Bechtel-Techint y WorleyParsons-Jacobs.

Esto nos permite afirmar que, hasta ahora, AMLO ha manejado un discurso público que difiere de sus acciones. Este discurso le ha permitido mantener su popularidad. Sin embargo, en la práctica, AMLO ha fomentado la alianza con todos aquellos grandes empresarios que lo quieran hacer, independientemente del historial oscuro que pudiesen tener. Esto, eventualmente, podría mermar los aún muy altos índices de popularidad del presidente.

Como ciudadano, no dudo que algunas metas sociales de AMLO sean genuinas, que tenga afinidades y afecto por aquellos individuos que componen lo que él llama “el pueblo”; sin embargo, sus políticas con respecto de los empresarios muestran, hasta ahora, que muy probablemente continuará replicando el modelo de capitalismo de amigos de sus antecesores, mismo que, por definición, se manejará por encima de las instituciones formales del país, debilitándolas aún más.

Además, parece que sus decisiones económicas serán unilaterales y personalistas, justificándolas, como lo ha hecho, con la idea de que “es por el bien de la nación” y con la afirmación de que “nosotros no somos corruptos”, refiriéndose a quienes componen su nuevo gobierno, lo que será la manera de justificar el uso y abuso del aparato legal en favor de los objetivos específicos de su régimen gubernamental.

Eso sí, es probable que el capitalismo de amigos de AMLO, más que buscar favorecer a políticos y empresarios de manera individual, como solía ser el caso de los gobiernos del pasado, termine funcionando también como mecanismo para intentar perpetuar al régimen político actual por medio de las utilidades obtenidas en los proyectos y negocios que, durante el sexenio, generen los cuates.

*Investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana.

 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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