En todos lados se cuecen habas. Tal parece ser la lección que ha aprendido la empresa farmacéutica Happy Healthcare, basada en Monterrey, que ha presentado una demanda contra su exabogado en San Antonio, Texas, por un fraude millonario que involucra la venta de máscaras protectoras. La empresa mexicana alega que el abogado, Enrique Serna, que tiene su despacho en San Antonio, abusó de su confianza al inflar el precio por cada máscara que Happy Healthcare vendió al Departamento de Gestión de Emergencias en dicha ciudad. En la demanda, la empresa dice que Serna ayudó a conseguir un contrato con dicha agencia por el que el abogado (que ha representado a Happy Healthcare previamente) se llevaría 33 centavos por unidad. Dicen los regios que Serna les informó que había conseguido un precio de 55 centavos de dólar por cada máscara, por lo que le correspondía, por común acuerdo, 22 centavos de ganancia. Sin embargo, trascendió que el precio colocado ante la agencia era de 1.25 dólares por pieza. Ahora Happy Healthcare demanda una compensación de 5 millones de dólares de Serna y otros socios del presunto defraudador.
Hablando de pillerías, pero esta vez en México, nos intiman que diversas dependencias de la 4T analizarían terminar anticipadamente los contratos de proveeduría de servicios de limpieza con Grupo Relissa Servicio Corporativos y Gerlim, empresas que podrían estar relacionadas a actos de corrupción, así como con empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS). Cercanos a la administración pública comentaron que fue detectada una denuncia interpuesta ante la Unidad de Inteligencia Financiera y Servicio de Administración Tributaria (SAT), Fiscalía General de la República (FGR), Función Pública (SFP), además de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la que se implica a estas compañías, por su presunta participación en actos de corrupción y vínculo con EFOS. “Presento denuncia de hechos y solicito que se abran líneas de investigación por la presunta participación en delitos y actos de corrupción cometidos por José Juan Reyes Mote, José Juan Reyes Domínguez, Luis Gerardo Reyes Mote y Francisco Javier Rodríguez Mote, quienes a nombre de Grupo Relissa Servicios Corporativos SA de CV y Gerlim SA de CV habrían negociado fuera de la ley para obtener millonarios contratos como proveedoras gubernamentales”, se asentó en el documento. José Juan Reyes Mote es hermano de Luis Gerardo Reyes Mote, representante legal de Gerlim, mismo rol de Francisco Javier Rodríguez Mote en Grupo Relissa, firmas que se han llevado decenas de contratos en los últimos años. Además, en la primera, figuran como accionistas Raúl Reyes Domínguez y Santiago Reyes López, como puede observarse en el acta de apertura de la licitación METROBUS/LPN/002/2019, llevada acabo por el Metrobús a inicios de marzo del año pasado. Según Compranet, Gerlim acumuló 35 contratos en 2019 por aproximadamente 268 millones de pesos, más otros 10 convenios por 53 mdp, en lo que va de 2020. Entre quienes optaron por los servicios de la firma están el Fonatur, Secretaría de Salud (SSA), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), Secretaría de Cultura, INBA, Metrobús y Secretaría de Salud de la Ciudad de México.
Grupo Bimbo prepara nueva planta en EU y línea de productos. Daniel Servitje, CEO de Grupo Bimbo, afirma que en plena pandemia por Covid-19, la empresa avanza en sus líneas para exportar a Estados Unidos. “Ayer autorizaba una inversión importante enfocada a la exportación de nuestros productos. Además, tomamos la decisión de instalar una nueva línea, una nueva planta que pueda apoyar las ideas que tenemos para crecer esas exportaciones”, dijo el ejecutivo en una videoconferencia en un foro de negocios. “A veces tenemos que tomar medidas que pueden parecer agresivas pero que van en línea correcta y evidentemente que tenemos que privilegiar a toda nuestra cadena hacia delante”, señaló.
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