Tan sólo unas semanas después de ganar las elecciones en segunda ronda, Carlos Alvarado, hoy presidente de Costa Rica, se reunió con personal del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) para conocer los detalles del proyecto de Tren Rápido de Pasajeros (TRP) que no pudo llevar a cabo la pasada administración.

El proyecto recorrerá la Gran Área Metropolitana (GAM), que comprende San José y sus alrededores, y está previsto que la licitación salga a más tardar en 2020, de modo que la construcción esté terminada, en sus diferentes etapas, aproximadamente en 2028.

De acuerdo con los estudios de prefactibilidad realizados por la administración anterior, la inversión proyectada se calcula entre 1,350 y 1,600 millones de dólares, pero en la actualidad el dato es incierto: “No podemos hablar de números todavía, este estudio estaba más enfocado en demanda, ahora estamos a la espera de otro estudio de ingeniería de valor”, declara.

Elizabeth Briceño, presidenta del Incofer.  Pero el proyecto afronta un problema: el creciente déficit fiscal, que este año, de acuerdo con el Banco Central, equivaldrá a 7.1% del pib del país, y en 2019 a 7.9%.

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Esto hace difícil que se lleve a cabo con una alta concentración de préstamos internacionales o presupuesto interno. Por este motivo, el gobierno decidió que el mejor modelo para concretar el TRP será una concesión bajo la Ley de Incofer, entidad ejecutora, pero todavía no tiene claro el porcentaje de la inversión del Estado, el esquema de costos operativos y los montos de tarifas finales.

Algunos expertos afirman que también podría funcionar un modelo como las Alianzas Público Privadas (APP): “Por las características de Costa Rica, el modelo APP parece el más adecuado”, dice Federico Villalobos, economista especializado en infraestructura pública de Deloitte.

Pero a pesar de las dificultades para obtener el financiamiento, hay alternativas que el gobierno está estudiando. Una de ellas es el Fondo Verde del Clima (GCF, en inglés) de las Naciones Unidades, que financia proyectos para adaptación y mitigación del cambio climático en países en desarrollo. “Los representantes han demostrado interés, entienden el valor social que tendrá el tren en disminución de emisiones y el impacto en la vida de las personas”, explicó Briceño.

De ser aprobado, el TRP se convertiría en el primer proyecto de transporte público financiado por el organismo internacional. En cuanto al precio del boleto “existe la posibilidad de que el gobierno subvencione una parte de la tarifa [que se estima será de 1.86 dólares], mientras que la otra parte podría hacerse vía concesión”, dice.

Olman Vargas, director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

La principal tarea del gobierno es finalizar los estudios de factibilidad para tener un panorama más claro en términos de tecnología, tarifas y costos de mantenimiento.

 

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