Lo que podría ser la primera multa a una empresa por difundir noticias falsas durante el pasado proceso electoral, en realidad no fue así, ya que la Sala Especializada del Tribunal del Poder Judicial de la Federación revocó tanto la sentencia, como la multa al no encontrar vínculos entre partido y empresa.

En una investigación realizada por el portal Animal Político, se explica que la empresa Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados, S.C., una de las que manejó la campaña digital de Meade,  estuvo involucrada en la difusión de una serie de noticias y videos a través de los servicios de Google con presunta información falsa o tendenciosa respecto de Ricardo Anaya y que fueron difundidos durante el periodo precampaña y la campaña.

Uno de los materiales aludidos muestra a Ricardo Anaya elogiando a José Antonio Meade; otro, donde supuestamente declinaba a favor del candidato del PRI; y otro más, donde se

explica la supuesta forma en la que el ex candidato del PAN y Ricardo Barreiro lavaban dinero.

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La queja interpuesta por el Partido Acción Nacional derivó en una sanción económica para el grupo de empresas que invirtieron en alcance para colocar las noticias y videos sobre Anaya, más no sobre el Partido, puesto que no se pudo comprobar que los pagos provinieran del actor político; ni tampoco contra la empresa de tecnología, ya que se consideró que estaba ejerciendo su libertad comercial.

No obstante, Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados, S.C. interpuso un recurso de revisión contra el procedimiento sancionador y posteriormente, la Sala Especializada del TEPJF decidió revocar la multa y la sentencia porque, en esencia, al no ser un partido político, candidato, coalición o autoridad electoral, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales no tiene efecto sobre personas morales.

Así, se demostró que la empresa demandada pagó a Google diversas cantidades para promover una serie de videos y noticias falsas sobre Ricardo Anaya, sin embargo, no se pudo demostrar que fuera a petición del partido político para el que trabaja, por lo que entonces no se trató de un caso de propaganda electoral, sino de la acción de un particular que no tuvo efecto en el proceso electoral.

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Uno de los razonamientos del TEPJF es que si bien las fake news sobre los candidatos en un proceso electoral van en contra del libre ejercicio de acceso a la información y al derecho a la libertad de expresión, no necesariamente constituyen en sí mismos una falta a la normativa electoral, sino en todo caso, una calumnia en contra de un actor político, puesto que la misma red en su amplitud de contenidos, puede ofrecer información verídica y fuentes confiables de tal manera que los usuarios puedan comparar diferentes versiones y/o fuentes de información.

Lo que cabe preguntarse aquí es si la realmente la información difundida en realidad no tiene efecto sobre la percepción de los candidatos durante el proceso electoral. Un primer indicador sería el tráfico generado sobre los portales con noticias e información falsa comparado contra las fuentes oficiales a las que alude el Tribunal.

Por otra parte, si bien existe una fiscalización sobre el actuar digital de los candidatos en campaña, la resolución del TEPJF deja abierta la posibilidad de que terceros sin una vinculación evidente con actores políticos puedan realizar campañas con grandes presupuestos a través de los servicios de las plataformas de redes sociales y portales, puesto que todos funcionan de forma automatizada y no se requieren grandes requisitos para iniciar una campaña.

Es imperiosa la necesidad de un marco normativo en cuestión de noticias falsas y comunicación política digital en procesos electorales debido a que la resolución del Tribunal deja abierta la puerta para continuar con estrategias de posicionamiento digital que están al margen de la legalidad y la ética.

 

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