La semana pasada, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, informó en Twitter que autoridades y Uber acordaron “eliminar las tarifas dinámicas”. Hasta el momento, eso no ha sucedido, y ojalá que no pase.

La noche del sábado recibí un correo electrónico que Uber ha enviado a todos sus clientes, en el que se aclara que la aludida tarifa dinámica será “limitada”, es decir, que seguirá moviéndose pero “no llegará a múltiplos tan elevados”. Es obvio que las presiones que recibió la orillaron a tomar esta decisión de autolimitarse. Muy su asunto.

Lo grave en todo caso sería que, pese a ello, el gobierno de la ciudad se empeñara en controlar sus tarifas. El secretario de Movilidad, Héctor Serrano, dijo que con base en la ley respectiva será el jefe de gobierno quien las determine tras escuchar los argumentos de Uber. De ocurrir, sería una raya más al “tigre” del populismo de Mancera, que se explica por su iluso sueño de convertirse en candidato, y luego, en presidente de la República. Busca desesperado atraer simpatías.

Esas aspiraciones explican también su propuesta de disparar el salario mínimo, el regreso al viejo y contraproducente Hoy no Circula, y que regale el transporte público en contingencias ambientales. Ninguna solución de fondo.

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Así las cosas, el gobierno quiere meterse al control de precios de una empresa privada. Eso es la imposición de tarifas. Contrario a lo que mi colega Carlos Mota bien llamó una “lección de capitalismo de libre mercado” dada por Uber la semana pasada, Mancera quiere dar una clase de socialismo al estilo de Hugo Chávez o Nicolás Maduro.

Con estas políticas intervencionistas queda evidenciado que el problema no es Uber –que en todo momento es un lujo y que incluso con precios disparados es una opción más para quien puede pagar por su servicio–, sino el populismo que se encuentra institucionalizado en nuestras leyes y que estorba al crecimiento económico.

Los muy regulados camiones, taxis, microbuses, el Metro, etc., son una desgracia para el usuario de transporte público y un botón de muestra de que todo lo que toca el gobierno lo echa a perder. ¿Qué podríamos esperar de instituciones encabezadas por políticos?

Por eso el caso Uber es tan importante. Debemos defender la libre celebración de contratos entre particulares, que sean los oferentes y demandantes en competencia los que acuerden qué precios se pagan o no, y repudiar a toda autoridad que coarte dicha libertad.

No fue necesaria su intervención para que los usuarios de Uber recibieran un buen servicio, ni para que la empresa regalara viajes por distintas promociones, menos aún para que hace poco bajara sus tarifas permanentes.

El alza de precios del día de la contingencia la provocó –sí, adivinó– otra absurda decisión de los gobiernos del Estado de México y de la capital: dejar sin auto de la noche a la mañana y cambiando las reglas, a millones de personas.

Puestas sobre la mesa, pesaron mucho las “más de 300 quejas” que argumentó Serrano contra Uber, que los millones de reclamos de ciudadanos por el mal transporte público y por no circular.

Reitero, ¡el gobierno es el problema, no Uber!

De consumarse el tope a las tarifas y la anulación de las dinámicas se estaría enviando una pésima señal a los inversores y cometiendo una gravísima injusticia contra una empresa de avanzada que genera miles de empleos, paga impuestos y brinda un servicio de alta calidad gracias al mercado libre.

Es el consumidor quien debe decidir qué empresa gana o pierde, ¡no los gobernantes!

¿Adónde nos lleva una autoridad que decide qué determinada ganancia resulta “demasiado alta”? ¿Será que eso atraiga o ahuyente las inversiones que la ciudad y el país entero necesitan?

A México le urgen MENOS regulaciones, bajos impuestos, que se eliminen los controles de precios, en fin, una economía de mercado para prosperar, donde las personas sean libres y las autoridades den garantía de ello, no donde sean las primeras en violar esa libertad.

No se trata de Uber; lo que está en juego es un asunto de fondo.

 

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