Por Celso Garrido*

La consigna central del gobierno de la 4T ha sido: “Por el bien de to­dos, primero los pobres”. Y la propuesta de acción pública correspondiente es que el go­bierno desarrolle programas sociales con cargo a fondos públicos.

Sin embargo, esto planteaba la pregunta obvia sobre cómo se finan­ciarían esas políticas sociales, dadas las restricciones presupuestales. Y la respuesta fue que los recursos surgirían de las acciones contra la co­rrupción que, según el gobierno, es la principal causa de la pobreza, y que se ubica en el orden de los 500,000 millones de pesos (mdp) anuales.

Pero el problema era cómo captar esos recursos inexistentes a priori, y la respuesta políticamente ingeniosa fue restringir los ingresos de la alta burocracia como sector privilegia­do. Para ello, se legisló reducir los salarios públicos por debajo del que reciba el presidente de la República, con una cifra fijada sin explicación, aunque ello afectó seriamente las percepciones de miles de funciona­rios, lo que se acompañó con despi­dos masivos y que ha creado graves perjuicios a muchos trabajadores y a las instituciones públicas.

Esto generó una reducción de gastos cuyo monto no ha reportado el gobierno, pero que presumible­mente habría contribuido a disponer de fondos presupuestales para los programas sociales más allá de los presupuestados (La Jornada, 20 de febrero 2019).

Sin embargo, el presidente ha señalado reiteradamente que “si los fondos presupuestales asignados para los programas sociales son insuficientes, se dispondrán los que sean necesarios”.

Pero la necesidad de estos fondos está creciendo con las demandas emergentes (pobreza de los pueblos huachicoleros, pago a los maestros de la CNTE, y otros). ¿Y cómo hacer estos desembolsos no programados sin violar la Ley de egresos? La respuesta es “pasar de la austeridad republicana a la pobreza franciscana”, es decir, con­traer el gasto corriente del gobierno para liberar fondos para programas sociales que, en general, tienen carácter de subsidios.

De conjunto, esto implica que, con el presupuesto aprobado y gasto corriente en descenso, habrá un excedente disponible respecto del total autorizado, lo que presumible­mente correspondería con lo que an­tes se robaba con la corrupción, sin que con esto aumente el gasto total. Naturalmente, estos artilugios re­quieren que la SHCP haga uso de sus conocidas capacidades para ejercer el gasto sin correlación necesaria con el presupuesto aprobado, como bien saben los funcionarios de la Audito­ría Superior de la Federación (ASF).

Esta estrategia de reasignar gasto por reducir salarios y gastos del sector público supone un gobierno cada vez más pequeño e ineficiente. Gran paradoja: la 4T se anuncia como respuesta a los daños de los gobiernos neoliberales, pero aplica la receta más preciada de los teóricos de esa corriente, que desde Milton Friedman promueven el “Estado mínimo”.

Esto, al tiempo que aplica una política sin candados para asignar fondos públicos para fines asisten­ciales sin romper los techos presu­puestales totales.

En contraste, la literatura más progresista en el mundo señala, como aprendizaje de la crisis del neoliberalismo en 2008, la necesi­dad de restablecer el papel del Esta­do en la economía y, para ello, que el Estado tenga más ingresos para programas de desarrollo.

México tiene amplio margen para hacerlo, ya que el gasto del gobierno es 17% del PIB, la mitad que en los países de la OCDE. Para cambiar esta situación, habría que realizar la siempre postergada re­forma fiscal, reasignando recursos de los sectores de ingresos más concentrados, que es la fórmula fiscal habitual en la literatura de desarrollo para casos tan distorsio­nados en la distribución del ingreso como el de México… lo que, muy extrañamente, no ha sido mencio­nado por el gobierno.

AMLO, con su capital político, puede apelar a la inteligencia de las élites para que vean la conve­niencia de una reforma fiscal “por el bien de todos” (“primero los pobres”), antes que esto llegue a sus límites, para tener una estrategia pública viable y sostenible de salida del atraso y avanzar hacia un país de “buen vivir” para todos.

*Profesor distinguido de la UAM experto en empresas, finanzas e innovación.

 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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